Caracas, 5 mar (EFE).- El reparto a domicilio registra un crecimiento sostenido desde 2020 en Venezuela, donde miles de personas han mejorado sus ingresos luego de haberse sumado a este sector, que recientemente logró echar atrás una serie de medidas que buscaban su regulación, como el cobro del 1 % sobre estos servicios.
Datos suministrados a EFE por la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e) dan cuenta de más de 200.000 repartidores con motocicletas -el principal medio de transporte usado en el país para estas entregas- incorporados al sector del ‘delivery’, un número que espera supere los 300.000 a final de este año.
Uno de ellos es Miguel Márquez, de 22 años, quien comenzó a trabajar como repartidor en plena pandemia, que impulsó el crecimiento del entonces incipiente comercio electrónico y de las entregas a domicilio, con la aparición de plataformas que intermedian entre los establecimientos y los consumidores y un mayor número de locales que empezaron a ofrecer este servicio de forma directa para poder vender.
El joven dijo a EFE que prefiere trabajar como repartidor que, por ejemplo, en un comercio, donde el ingreso promedio es de 213 dólares al mes, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), que mide las remuneraciones del sector comercio y servicios, que emplea al 60 % de los trabajadores del país.
Mejores ingresos
En el país con el salario mínimo en 3,6 dólares al mes, Márquez hace como repartidor entre 650 y 750 dólares al mes, frente a los 200 que ganaba en la empresa de seguridad en la que trabajaba antes de sumarse a las entregas a domicilio, un sector que, según dijo, «le ha dado mucho trabajo a muchas personas».
«Me he comprado varias motos, cosas personales, electrodomésticos para mi casa, como televisor, cocina, cosas así, que antes no podía», dijo.
Tardó dos años en comprar su primera moto, antes de ser repartidor, y ahora no solo tiene dos, sino que cambia de modelo «cada tres o cuatro meses».
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El joven trabaja para cinco comercios, y con su ingreso ayuda también en los gastos de su hogar, donde vive con sus padres, su hermana y sus dos sobrinos.
El presidente de la Cavecom-e, Richard Ujueta, dijo a EFE que se resolvió en buena parte «un problema social» relacionado «con los motorizados, que era un sector de venezolanos que estaba sin trabajo y que venía creciendo de una manera importante».
En este sentido, con la incorporación de estos ciudadanos al ‘delivery’, «definitivamente se ha visto que esas familias venezolanas han surfeado la crisis».
Según cálculos de la Cavecom-e, un repartidor que trabaja para una plataforma digital, que fija una tarifa determinada, de entre dos y tres dólares por viaje en promedio, tiene un ingreso que va de los 400 a los 600 dólares, mientras que uno independiente puede ganar al mes hasta 1.200 dólares.
Ujueta explicó que el reparto a domicilio es «una pata fundamental» del comercio electrónico, que cerró 2023 con un incremento del 150 % de crecimiento respecto a 2022, un sector que «empezó a crecer, precisamente, en la pandemia, en el año 2020», cuando «la necesidad hizo que el comerciante» se incorporara «de una manera masiva» en esta actividad.
Una regulación exprés
En febrero la Gaceta Oficial publicó la creación de un registro obligatorio, manejado por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel), en el que las empresas iban a tener que pagar un costo de 300 dólares para obtener una licencia que les permita hacer entregas a domicilio.
Además, con esta providencia, se regulaba el servicio de entregas a domicilio y creaba un importe del 1 % sobre todas las encomiendas que se concretaban a través de aplicaciones digitales.
Asimismo, establecía un pago anual de 240 dólares por el mantenimiento del permiso y un sistema de sanciones, que incluía una multa de 6.000 dólares a los operadores que reincidieran en el incumplimiento de los lineamientos.
Pocos días después de su difusión, el Gobierno dejó sin efecto la resolución, tras una reunión con representantes de las empresas de este sector, que acogieron «con gran beneplácito» esta decisión, según un comunicado del Ejecutivo.
Si bien Ujueta considera que se debe regular el servicio, rechaza que sea mediante una fórmula como la derogada, que iba a «obstaculizar el crecimiento de este sector».
En cambio, explicó que una norma debe enfocarse en procedimientos y elementos relacionados con empaques, higiene, seguridad, confidencialidad, tiempos de entrega, entre otros.
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