Luis A. Villarreal P.
A pocos días de la fecha del Referendo Consultivo, se ha visto a la dirigencia democrática opositora hablando en abismal silencio sobre este evento trascendente al tratarse principalmente de la opinión genuina de los venezolanos en ejercicio de su ciudadanía. La oposición ‘democrática’—como hemos dicho— se conforma simplemente con creer al Territorio Esequibo parte de Venezuela, y también con dar a entender tácitamente la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia [CIJ] en la histórica reclamación, ‘porque de tal modo lo pre determinó la Secretaría General de la ONU’; creencia y circunstancia asentidas por gran parte de las élites jurisconsultas venezolanas.
Muchos buscamos con denuedo las razones básicas de esta silente y escurridiza abstención en la dirigencia opositora; digamos si de verdad lo hacen por sus intereses electorales o pensando en Venezuela. Si fuera esto último el caso, lo más lógico y serio sería, sin esforzarse en convencer, como algunas personas lo han hecho, explicar los fundamentos de una posible equivocación contenida en cada una de las cinco preguntas como para no ir a ‘contestar’ en blanco o no comparecer ante el Referendo.
Aparte de la idea del Referendo y las supuestas implicaciones de las cinco preguntas —ideado y formuladas bajo la óptica oficialista, respectivamente, tendientes según la crítica a ganar legitimidad y a crear oportunidades electorales, e incluso a complicar el caso de la reclamación esequiba—; a pesar de todo se debe interpretar de buen modo la participación de la ciudadanía en dicho evento, por cuanto es lo más relevante del Referendo Consultivo: la expresión de venezolanidad ante el mundo, fundamentado claramente en la tradición de un reclamo histórico sostenido hasta finales de siglo pasado, y en el artículo 71 de la constitución.
Asumir actitud de boicot ante el Referendo, como silente respuesta opositora por las álgidas circunstancias con el oficialismo, es perder de vista a Venezuela; seguir arguyendo la contundencia de las Primarias y disminuyendo el simulacro del 19N frente a las mismas, es ocioso ante la Consulta del 3D. Este evento, por primera vez formal, tiene y tendrá significación nacionalista
Decir no al 3D, o pedir la suspensión del Referendo pautado, es darle indirecta razón a Guyana en su pretensión de quedarse con el Territorio Esequibo e involucrando otros intereses para los mismos fines; es seguir la línea de este país aprovechado de la decisión de la ONU, comportándose como víctima ante la CIJ y la comunidad internacional, inmiscuyéndose en asuntos constitucionales de Venezuela, en abierta provocación a los venezolanos porque desconoce el Tratado de Ginebra y considera válido el Laudo ‘Arbitrario’ de París, el fallo del despojo de 1899.
La población tiene otra oportunidad de ser autónoma —tal como el 22Oct—, para demostrar su capacidad de entendimiento, su criterio propio, puesto en duda por muchos dirigentes al considerarla su rebaño. Frente a esta situación de más incertidumbre creada por el mutis de la dirigencia opositora, se ha venido observando el interés de participar razonadamente, haciendo caso omiso de la soterrada propaganda abstencionista, a la sugerencia del voto entubado sin reflexión, se comenta y se considera por ejemplo:
La selección de un SÍ en las preguntas 1, 2 y 4, dejando en blanco la 3 y la 5. O también marcando un SÍ en las preguntas 1, 2, 4 y 5, dejando en blanco la 3. Dependiendo claro, del convencimiento y comprensión del ciudadano elector al tratarse de nuestro querido país
El discernimiento del electorado es cuidadoso y tal vez exagerado, mucho más al constatar entre expertos del derecho e incluso historiadores, y ni se diga políticos, diferencias en la manera de interpretar el penta cuestionario.
Arguyen unos la inconstitucionalidad de las preguntas, porque dizque colocan al elector en la posibilidad de votar NO, contra las disposiciones constitucionales o de la normativa de los tratados que nos favorecen; en este caso poniéndosela mejor a Guyana; otros cuestionan la forma abierta de las preguntas como un cheque firmado en blanco al régimen, sin saber cuál será el precio a pagar; o sea —en caso de hacer vinculante las respuestas, aunque se haya dicho lo contrario—, las consecuencias del voto emitido.
Se comenta la coacción ejercida por el régimen sobre empleados, beneficiarios de las dádivas humanitarias, y dependientes de la discreción y atribución del Estado en sus actividades económicas y financieras, para lograr abundante participación y evitar un Referendo en saco roto, y más desprestigio de los organismos promotores y anuentes del mismo; principalmente el CNE, entendiéndose este órgano como responsable del evento y el reto del mismo de ganarse la confianza a través de un proceso transparente aunque se trate de una consulta y no de elecciones competitivas.
Tampoco debe ser argumento válido del oficialismo el de descalificar a posibles jueces de la CIJ por haber reconocido, desde sus posiciones y gobierno, al Gobierno Encargado de la Oposición venezolana presidido por Juan Guaidó. Porque sencillamente no es el tema, no es el punto ahora en el caso que nos ocupa. Podrían ser cuestionados —’recusados’— si hubiese entre los miembros de la CIJ jueces con probados antecedentes contra Venezuela o a favor de las pretensiones guyanesas.
Ni la intención de querer pasar factura a los jueces por su antecedentes como funcionarios de sus respectivos países en otras funciones, ni la negativa —casi una doctrina sin capricho— a aceptar la jurisdicción de la CIJ, en el empírico pensar, tampoco es para creer en una ‘percepción negativa’ o predisposición del alto tribunal contra Venezuela [un país, no propiedad de sus representantes políticos, tal vez equivocados, empecinados o excedidos, incluso con razones si no valederas, comprensibles], aunque, por experiencia propia, tengamos a bien sospechar o a tener muy en cuenta la falibilidad de los tribunales.
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El Esequibo nos llama…
No quiere seguir siendo
tierra de nadie, ni de los amigos
de territorio ajeno;
tampoco estar dormido
o esperando en vano siempre lo
[mismo.
Hasta cuándo desidia
e indolencia oficial para tratarlo
como soberanía
venezolana. ¡Vamos
con otra estrategia! Nuestro
[reclamo
complicado resulta
porque otros intereses han
[mezclado;
y es que quienes lo usurpan
están sólo buscando
alianzas y apoyo para quedárselo:
respaldo financiero,
disuasión militar, que Venezuela
no realiza al menos.
¡Exijamos presencia
y custodia firme de nuestra fuerza!
L A V P
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Argentina se apresta a recibir un nuevo e inédito gobierno, de cambios estructurales, con intenciones de sacarla del camino inflacionario, la pobreza, la corrupción, y de llevarla a su justo lugar en el concierto de las naciones
El presidente electo Javier Milei, de La Libertad Avanza, fue favorecido con el 56 % de los votos del 76% del padrón electoral que acudió a sufragar el pasado 19N, y con casi 12 puntos de ventaja sobre el otro contendor en balotaje Sergio Massa, candidato de la coalición peronista y kirchnerista de Unión por la Patria, y conductor de la economía del presidente Alberto Fernández. Pese a sus excéntricos desafíos, principalmente a la clase política tradicional y también a quienes compitieron con él en las primarias obligatorias, incluyendo a Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio de quien recibió el respaldo contundentemente definitorio, basado en el interés mutuo por un cambio liberal resteado radicalmente contra el continuismo socialistoide.
Pasadas las circunstancias de efervescencia electoral, se quema el tiempo de transición comentando quiénes conformarán definitivamente el equipo de gobierno de un Milei ya más calmado pero muy comprometido. Aunque ya se han anunciado algunos nombres, muy especialmente el de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, Luis Caputo, titular de Economía, Nicolás Posse Jefe de Gabinete, Diana Mondino como Canciller, entre otros no menos importantes.
Sólo se espera más euforia para el 10 de diciembre 2023, cuando Milei asumirá el mando del gran país austral, cuyos habitantes están advertidos de cambios no graduales mucho menos tibios, sino austeros y rápidos en los cuales deben acompañar y defender al gobierno radical en función de los compromisos asumidos.
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En Venezuela se esperaba [hasta el viernes pasado], no sin cierta exaltación, la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre las medidas provisionales solicitadas por Guyana el 14N en relación al Referendo del 3D. Se confía en la desestimación de las mismas por parte del alto tribunal, por ser un evento interno y constitucional de Venezuela sin peligro evidente para el vecino país.