Seúl, 2 ene (EFE).- El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, prometió este miércoles «luchar hasta el final para proteger el país», según dijo en un mensaje a sus seguidores, algunos de ellos reunidos frente a la residencia presidencial en Seúl.
«Debido a las fuerzas internas y externas que infringen su soberanía y las actividades de los grupos antiestatales, Corea del Sur está ahora en peligro», dijo Yoon, y prometió que «luchará hasta el final para proteger al país».
El mensaje fue transmitido en una hoja de papel y firmada en su nombre a aquellas personas congregadas frente a su residencia en el distrito de Yongsan, donde también expresó su gratitud a aquellos que le apoyan y dijo que ha estado siguiendo sus esfuerzos.
«Una democracia libre, donde cada ciudadano es el propietario, no el estado o un partido, prevalecerá», añadió.
El mensaje se produce después de que el martes un tribunal de Seúl aprobara la solicitud de un equipo conjunto de investigación para detener de manera temporal a Yoon, por su breve imposición de la ley marcial, convirtiéndose en el primer presidente surcoreano en ejercicio en enfrentar un arresto.
El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl emitió la orden contra Yoon -acusado de planear la fallida declaración de ley marcial del 3 de diciembre, orquestar una insurrección y abusar de su poder- después de que el mandatario haya ignorado tres citaciones para ser interrogado al respecto.
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Aunque Yoon tiene inmunidad presidencial frente al procesamiento penal, el privilegio no se extiende a los cargos de insurrección, que en Corea del Sur acarrea la cadena perpetua o la pena capital (sobre la que existe una moratoria desde 1997) para aquellos a los que se considera líderes de una revuelta de este tipo.
Yoon fue destituido el pasado 14 de diciembre por la Asamblea Nacional (Parlamento), lo que lo ha despojado momentáneamente de sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional decida de aquí a junio si restituye sus competencias o lo inhabilita definitivamente.
La solicitud alega que Yoon lideró una insurrección y abusó de su cargo al declarar el estado de excepción el pasado 3 de diciembre y que supuestamente ordenó al Ejército que impidiera a los diputados del Parlamento votar en contra de su decisión para revocarla.
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