César Pérez Vivas
En el marco de las investigaciones que adelanta la justicia española sobre la actuación del expresidente del Gobierno de ese país José Luis Rodríguez Zapatero, en la trama de corrupción vinculada a la aerolínea Plus Ultra, aparecieron sus notas manuscritas sobre la hoja de ruta que debía seguirse en la actual coyuntura política venezolana.
La libreta de Zapatero revela el denominado Plan Z, prueba, en primera instancia, de su nivel de injerencia en la política interna de Venezuela, pero también de la estrategia seguida por la usurpación para mantenerse en el poder. Asimismo, pone en evidencia la A
alineación de una serie de sectores políticos que insisten en presentarse como “oposición” al chavismo-madurismo, cuando en realidad actúan como aliados declarados de la dictadura.
Según el expediente conocido, el objetivo estratégico consiste es prolongar la permanencia de Delcy Rodríguez en el ejercicio de la Presidencia interina hasta el año 2030, aun cuando ello represente una abierta y flagrante violación del texto constitucional y de los principios fundamentales de democracia, soberanía popular y alternancia republicana allí consagrados.
Este Plan Z lo conocimos con anterioridad en el mensaje publicado en la red social X el 7 de abril de 2026 por Enrique Ochoa Antich, conocido operador político y defensor del interinato de Delay Rodríguez, recientemente designado embajador en Alemania. En dicho mensaje anunciaba las fechas y los procesos electorales que, según su propuesta, debían ejecutarse en el país.
Ochoa escribió textualmente:
«La pauta constitucional de la ausencia temporal o absoluta no aplica a la Presidencia de Delcy Rodríguez. Propongo esta ruta electoral: reforma constitucional 2026, municipales 2027, regionales 2028, Asamblea Nacional 2029 y presidenciales 2030».
Esos elementos de la propuesta de Ochoa son los mismos que contenía la libreta Zapatero. Desde el primer momento la misma fuente asumida por la cúpula usurpadora del poder y ha venido orientando su comportamiento político. Ello explica la negativa de Jorge Rodríguez, en su condición de presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, a cumplir el mandato taxativo contenido en el artículo 234 de la Constitución.
La citada norma atribuye al Parlamento la obligación de calificar la ausencia de Nicolás Maduro en sus funciones como Presidente de la República. Toda la estructura del poder público avaló el fraude electoral del 28 de julio de 2024. Todos lo reconocieron como Presidente Constitucional de Venezuela, aun cuando sabían que habían cometido un fraude. Si hoy sostienen que se trata del Presidente Constitucional y este se encuentra detenido en una cárcel de los Estados Unidos, sometido a un proceso penal, están obligados a considerar jurídicamente la naturaleza de su ausencia.
La Constitución contempla únicamente dos categorías de ausencia presidencial. El artículo 233 regula la ausencia absoluta y el artículo 234 la ausencia temporal. No existe una tercera categoría. Lo que el constituyente no estableció no puede ser creado por el juez, por el legislador ni por el intérprete. La tesis de la denominada «ausencia forzada», inventada por la Sala Constitucional, no existe en nuestro ordenamiento jurídico.
No obstante, Ochoa Antich despacha este mandato constitucional de manera expedita al afirmar que «la pauta constitucional de la ausencia temporal o absoluta no aplica a la Presidencia de Delcy Rodríguez». Tal afirmación constituye una de las expresiones más evidentes de arbitrariedad, desprecio por el Estado de derecho e ignorancia de los principios elementales de la ciencia jurídica.
Por lo visto, el consejo de Zapatero a Delcy y Jorge Rodríguez parte de una visión pragmática y amoral del ejercicio del poder. En ella no tienen cabida principios fundamentales del Estado de derecho ni valores esenciales de la democracia, como la soberanía popular, la legalidad y la legitimidad en el ejercicio de la autoridad. Los hechos conocidos en estos días, a raíz de las investigaciones en curso, revelan el verdadero rostro de un personaje cuya conducta contradice la tradición democrática de la nación española. No cabe duda de la vergüenza que representa una actuación tan cuestionable como la del expresidente Zapatero y la de sus operadores en la política venezolana.
El desconocimiento, por parte de los poderes públicos establecidos, de la situación jurídica creada tras la captura de Maduro profundiza la usurpación y la ilegitimidad del ejercicio de la función presidencial por parte de Delcy Rodríguez. Asimismo, convierte a los demás poderes públicos en cooperadores inmediatos de la usurpación de autoridad en la que se encuentran comprometidos.
Resulta evidente, entonces, la existencia de una situación jurídica de carácter delictivo, prevista y sancionada en el artículo 213 del Código Penal. Pero aún más grave es que todos los actos y decisiones adoptados por la usurpadora son nulos de pleno derecho. Así lo establece el artículo 138 de la Constitución cuando dispone categóricamente:
«Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.»
El Plan Z comenzó a hacerse visible desde los días posteriores a los acontecimientos del 3 de enero. Por ello, el 21 de enero del presente año publiqué un artículo titulado El tiempo de la Encargaduría. (https://www.elnacional.com/columnas/2026/01/el-tiempo-de-la-encargaduria/)
Entonces, como ahora, nos animaba la necesidad de aportar elementos para un debate indispensable en la búsqueda del restablecimiento del Estado de derecho.
Desde hace cuatro meses he insistido en la urgencia política e institucional de realizar la elección presidencial. El Plan Z, por el contrario, ha promovido por distintos canales la idea de celebrar elecciones locales, regionales, parlamentarias y referendos con el propósito de prolongar el interinato.
Zapatero, la cúpula usurpadora y el colaboracionismo político sueñan con un cambio en la geopolítica mundial y en la política interna de los Estados Unidos que reduzca la presión y les permita continuar, mediante el fraude y la violencia, en el ejercicio del poder.
La reunión celebrada en Panamá los días 22, 23 y 24 de mayo nos permitió definir con claridad la línea política que debe desarrollar la sociedad democrática venezolana. Allí demostramos, con argumentos suficientes, la perversidad del Plan Z y establecimos con precisión el camino a seguir:
- 1. La única elección pendiente y que debe realizarse de inmediato es la elección presidencial. Las demás propuestas electorales solo buscan distraer y ganar tiempo.
- 2. No participaremos en mesas de diálogo destinadas a prolongar la permanencia de la dictadura en el poder.
- 3. Estamos dispuestos a una negociación, con la mediación de los EEUU, cuyo objeto sea definir el cronograma de la elección presidencial y los elementos de una transición democrática.
- 4. Esa negociación debe ser liderada por María Corina Machado. Cualquier interlocutor o dialogante espontáneo carece de representación legítima de la sociedad democrática venezolana.
- 5. Secreó una instancia más amplia e inclusiva para la conducción de la alternativa democrática.
La cumbre de Panamá y el conocimiento de las notas de Zapatero han permitido alinear la agenda política de las fuerzas democráticas y avanzar hacia la verdadera transición que necesitamos los venezolanos.
Lunes 1 de junio de 2026
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