Caracas, 9 may (EFE).- Las sanciones contra Venezuela impuestas por Estados Unidos hace casi un lustro han dividido a empresarios y sectores opositores entre quienes piden su levantamiento para frenar el impacto económico y los que abogan por su continuidad para presionar al Gobierno.
Recientemente, un grupo de académicos, investigadores, empresarios y activistas envió una carta al presidente de EE.UU., Joe Biden, en la que pidieron que continuara con «negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana», enfocadas al levantamiento de las sanciones, que «no lograron su objetivo» de sacar del poder a Nicolás Maduro.
La misiva fue muy criticada por otro sector opositor, que envió una carta en la que se exige que las sanciones se refuercen para evitar que se perpetúe la «tiranía», ya que no consideran que la crisis sea producto de estas medidas, sino de «los robos» de fondos destinados a mejorar los servicios.
LAS SANCIONES, «UN TREMENDO DAÑO»
El economista Víctor Álvarez explicó a Efe que las sanciones aplicadas desde 2017 han hecho «un tremendo daño a la economía y a la sociedad» por sus efectos no solo a las empresas públicas, sino también a las compañías privadas y organizaciones humanitarias.
«A las empresas privadas les han cerrado cuentas en EE.UU., en los bancos y en el sistema financiero de los EE.UU., han perdido líneas de crédito. Los proveedores, que les vendían materias primas, insumos, repuestos, maquinarias (y) equipos, sencillamente no quieren tener negocios con Venezuela», detalló Álvarez.
Señaló que la «crisis de los servicios» se ha agravado debido a que las empresas públicas de electricidad, agua, gas y de telecomunicaciones también perdieron a sus proveedores.
En su opinión, sería «absurdo» argumentar que las condiciones socioeconómicas han mejorado gracias a unas medidas que fueron aplicadas con el objetivo de «ahogar financieramente al régimen y golpear la economía y la sociedad para que el descontento conduzca a un estallido social que tumbe al Gobierno».
Cinco años después de la imposición de las primeras sanciones -explicó- estas aún «no han cumplido el objetivo» de «derrocar» a Maduro, quien «está más atornillado que nunca», mientras la oposición «luce muy dividida y debilitada».
Las sanciones, consideró, también han dado al Gobierno el «pretexto perfecto para construir toda una narrativa de resistencia épica antiimperialista».
A FAVOR DE LAS SANCIONES
El economista Omar Zambrano, contrario a Álvarez, consideró que existe «una coincidencia temporal entre la vigencia de las sanciones sectoriales y el renacimiento de la actividad económica venezolana, que venía arrastrando casi ocho años de recesión».
Zambrano dijo a Efe que Venezuela ha visto mejorar, en los últimos tres años, el nivel de su actividad económica, produciendo «unos niveles mayores de bienestar», pese a las medidas coercitivas.
Indicó que los ingresos per cápita en dólares desde 2020 se «han recuperado más del 100 %» y que, a partir de 2017, han crecido «los niveles de importación de medicinas y alimentos por la recuperación del sector privado».
«Pasó lo peor de la crisis, y la economía, los sectores y los indicadores socioeconómicos de Venezuela empiezan a recuperarse en un ambiente donde hay sanciones (…) la crisis se formó sin sanciones y con sanciones estamos saliendo de la crisis», aseguró.
PÉRDIDAS
El pasado 25 de abril, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, afirmó que las «más de 502 medidas coercitivas» han violado «masivamente los DD.HH. del pueblo», aunque la mayoría no afectan a la economía pública, sino que pesan sobre los bienes personales de funcionarios y miembros del chavismo, o sobre su capacidad de movilización.
La funcionaria, quien no aclaró esa diferencia entre unas sanciones y otras, detalló que los ingresos del país pasaron de 52.609 millones de dólares en 2013 a «apenas» 743 millones en 2020, lo que significa una caída del 99 % en siete años.
No obstante, sí hubo pérdidas, ya que a consecuencia de las sanciones, la estatal petrolera Pdvsa se vio obligada a aplicar, según Álvarez, «enormes descuentos» en la venta del crudo que antes colocaba en países sancionadores que dejaron de comprar, como el caso de EE.UU.
Según la firma Ecoanalítica, Pdvsa perdió 4.000 millones de dólares en 2021 en descuentos para negociar su crudo.
Ante esta situación, Álvarez plantea la creación de fondos supervisados internacionalmente en los que se depositen los ingresos adicionales que reciba Venezuela tras un levantamiento de las sanciones, para garantizar que sean destinados a atender la «emergencia humanitaria».
Sin embargo, para Zambrano, «el sector público tiene objetivos distintos a resolver los nudos de la crisis humanitaria», lo que se evidenció, en su opinión, en la «venta del 49 % de la refinería de República Dominicana (Refidomsa), dinero que no necesariamente fue a satisfacer necesidades humanitarias».
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