Fiorella Tagliafico / El Diario
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el 17 de noviembre la muerte de otro privado de libertad en el Centro de Formación para Hombres Nuevos Dr. Francisco Delgado, conocido como el antiguo retén de El Marite, en Maracaibo (Zulia), con lo que suman dos muertes reportadas en ese recinto penitenciario en menos de 48 horas.
De acuerdo con el comunicado de la OVP, el fallecido fue identificado como José Manuel Ortiz Torres, cuyo reporte recibido por la organización señaló a la tuberculosis (TBC) y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) como causas de la muerte.
El deceso se conoció horas después de que se informara sobre la muerte de Blas Federico Mendoza Gallardo, quien se encontraba recluido en el mismo penal y murió debido a un cuadro de anemia moderada.
“Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones advertimos nuevamente que la crisis de salud en las cárceles venezolanas es crítica y no puede seguir siendo atendida únicamente después de que se producen fallecimientos”, expresó la organización.
Atención sanitaria en las cárceles
El OVP cuestionó las condiciones de atención sanitaria que imperan en ese centro penitenciario zuliano y señaló la urgencia de determinar si ambos internos contaban con seguimiento clínico o si la carencia de fármacos incidió en la muerte de ambos reclusos.
Asimismo, resaltó el riesgo epidemiológico que representa la presencia de tuberculosis en recintos cerrados y con ventilación insuficiente, así como la necesidad de garantizar el acceso continuo a la terapia antirretroviral, que son los medicamentos esenciales que permiten controlar la replicación del VIH y evitar complicaciones graves en el sistema inmunológico.
“Las personas que viven con VIH pueden llevar una vida larga y saludable cuando reciben el tratamiento adecuado. Negarles el acceso a esa atención mientras permanecen bajo custodia del régimen venezolano pone en riesgo sus vidas y exige responsabilidades”, destacó el OVP.
Exigencia de investigación y medidas sanitarias
Tras la ocurrencia consecutiva de ambas muertes, el OVP exhortó al Ministerio para el Servicio Penitenciario a divulgar información detallada sobre la situación sanitaria dentro de El Marite, efectuar evaluaciones clínicas integrales a toda la población reclusa y asegurar el diagnóstico y suministro oportuno de tratamientos contra enfermedades infecciosas.
De igual manera, la organización instó al Ministerio Público a abrir las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades en torno a las muertes de Ortiz Torres y Mendoza Gallardo.
También pidió a la Defensoría del Pueblo ejercer sus atribuciones constitucionales para resguardar la integridad física y el derecho a la salud de quienes permanecen bajo custodia del Estado venezolano.
“¿Es este el tipo de justicia que se imparte para acabar con el hacinamiento en las cárceles venezolanas?”, cuestionó el OVP en su publicación.
Otra denuncia reciente
El 10 de noviembre, el OVP denunció la muerte del recluso Willivardo José Querales Abreu, quien falleció a causa de tuberculosis en el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, ubicado en San Juan de los Morros, estado Guárico.
De acuerdo con el balance presentado por la organización de derechos humanos, este deceso no representa un hecho aislado, sino que se suma a la cifra de más de 70 personas privadas de libertad que han muerto por problemas de salud desde abril de 2026.
La ONG detalló que el recinto de San Juan de los Morros alberga actualmente a más de 1.800 detenidos en instalaciones proyectadas para una capacidad máxima de 850 reclusos, lo que representa una tasa de ocupación superior al 211 %.
Ante la situación, Humberto Prado, director OVP, advirtió que la privación de libertad en Venezuela se está convirtiendo en una “pena de muerte” que no contempla la Constitución, mientras las instituciones encargadas de proteger los derechos de los reclusos permanecen sin ofrecer respuestas efectivas.
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