Tegucigalpa, 10 feb (EFE).- El obispo nicaragüense Rolando José Álvarez Lagos, muy crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega y quien se negó en la víspera a ser desterrado, fue condenado este viernes a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendido sus derechos ciudadanos de por vida.
La condena contra el alto jerarca fue dictada un día después de que rechazó subirse al avión que lo llevaría, junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses, hacia Estados Unidos, lo que provocó la furia del presidente Ortega, quien lo calificó de «soberbio», «desquiciado» y «energúmeno».
«Está desquiciado, pero bueno, eso ya lo deberán determinar las autoridades judiciales y las autoridades médicas que tendrán también que atenderlo, porque ahora que llegó a la (cárcel) modelo, llegó que era un energúmeno», lanzó Ortega anoche en cadena nacional, tras anunciar que el obispo había sido trasladado de su residencia, donde guardaba prisión domiciliar desde agosto pasado, hacia una prisión de máxima seguridad.
Un día después y pese a que el juicio estaba programado para el próximo 15 de febrero, una jueza nicaragüense declaró al religioso «traidor a la patria» y autor de cuatro delitos en perjuicio de la sociedad y el Estado de Nicaragua.
Álvarez, de 56 años, es el primer obispo arrestado, acusado y condenado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.
DESPOJADO DE SU NACIONALIDAD Y SUS DERECHOS CIVILES
«Téngase al acusado Rolando José Álvarez Lagos como traidor a la patria», según la sentencia dictada por la jueza del juzgado segundo distrito penal de juicio de Managua, Nidia Camila Tardencilla, aunque fue leída por el magistrado Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Además, el obispo fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular.
«Del mismo modo se declara la pérdida de los derechos ciudadanos del condenado, misma que tendrá carácter perpetuo, todo esto por ser autor del delito de menoscabo de la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense», según el fallo.
Asimismo, la judicial declaró «la pérdida de la nacionalidad nicaragüense» a Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí.
Según la sentencia, el obispo permanecerá en prisión hasta el 13 de abril de 2049. Además de esta condena, la jueza lo sancionó con 800 días multa (56.461,15 córdobas o 1.555 dólares).
La judicial declaró culpable al jerarca por ser autor de los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de la tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción de funciones agravada, desobediencia o desacato a la autoridad, todo ello cometido en concurso real y en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.
OBISPO BÁEZ: DESENFRENADO EL ODIO DE LA DICTADURA EN NICARAGUA
«Irracional y desenfrenado el odio de la dictadura de Nicaragua contra Mons. Rolando Álvarez. Se ensañan vengativos contra él. No han resistido su altura moral y su coherencia profética», señaló el obispo auxiliar de Managua y exiliado en EE.UU., Silvio Báez, en un tuit.
«Rolando será libre, Dios no lo abandonará. Ellos se hunden cada día en su miedo y su maldad», agregó.
Organismos humanitarios nicaragüenses rechazaron la condena y exigieron su liberación y la restitución de sus derechos.
«El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más repudia la condena a 26 años y cuatro meses contra monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa, por ser arbitraria e inconstitucional a través de un proceso judicial oculto, desconocido y nulo», indicó ese organismo en un mensaje.
Álvarez fue sustraído la madrugada del 19 de agosto pasado por la Policía de un palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.
La Policía, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, acusó a Álvarez de intentar «organizar grupos violentos», supuestamente «con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales».
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