San José, 29 ene (EFE).- Históricamente Costa Rica ha sido uno de los países más estables y seguros de Latinoamérica, pero no ha logrado escapar de la penetración del narcotráfico y de cifras inéditas de homicidios que han convertido a la inseguridad en el principal problema para la población, lo cual ha llevado a los candidatos a la Presidencia a discutir sobre la conveniencia de eventualmente implementar un estado de excepción.
Costa Rica, que el próximo 1 de febrero celebrará sus elecciones generales, se ha convertido en una ruta de paso, almacenamiento y reenvío de droga hacia Europa y Estados Unidos, lo que ha desatado violencia entre bandas y un aumento de la inseguridad.
Según las encuestas de la Universidad de Costa Rica, desde abril de 2023 alrededor del 45 % de los costarricenses ha señalado que la inseguridad es el principal problema que aqueja a la sociedad.
Un estado de excepción como arma contra el narcotráfico
El presidente Rodrigo Chaves, un economista de derechas, ha reiterado que su Administración está trabajando con la instalación de escáneres en puertos, operativos policiales y con acciones de cooperación internacional, al mismo tiempo que se ha quejado del trabajo del Poder Judicial y de las leyes del país contra la delincuencia, las cuales considera «suaves».
La candidata oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, ha defendido la necesidad de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas para enfrentar al narcotráfico. Además, ha indicado que continuará la construcción de una «mega cárcel» para 5.000 presos inspirada en el modelo implantado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.
La mayoría de los 20 candidatos presidenciales, entre ellos la aspirante del centro izquierdista partido Coalición Agenda Ciudadana y ex primera dama (2018-2022), Claudia Dobles; el candidato del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, y el del izquierdista Frente Amplio, Ariel Robles, expresaron su rechazo a cualquier limitación de garantías individuales y apostaron por iniciativas preventivas, inversión en educación, recuperación de espacios públicos y de presencia policial en comunidades.
El incremento sostenido de los homicidios
En la última década, la cantidad de homicidios ha incrementado paulatinamente hasta alcanzar cifras récord. Durante 2025 el país registró un total de 873 homicidios, la tercera cifra más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes; mientras que en 2024 alcanzó los 876 y en 2023 fueron 905 homicidios, la mayor cantidad de la que se tenga registros en el país.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atribuye el 70 % de los homicidios a las rencillas entre bandas narcotraficantes.
Más allá del incremento en la actividad criminal y los homicidios, el narcotráfico se está adentrando en otros sectores económicos. El informe del Estado de la Nación elaborado por el Consejo Nacional de Rectores de las universidades públicas reveló que los grupos criminales están invirtiendo sus ganancias en pequeños comercios de los territorios que controlan.
El primer cartel costarricense y la extradición para narcotraficantes
El año pasado, la Policía costarricense lanzó un operativo a gran escala para desarticular al primer cartel local bautizado por las autoridades como el Cartel del Caribe Sur, una banda responsable de mover desde Costa Rica hacia Estados Unidos y Europa toneladas de cocaína provenientes de Colombia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una serie de sanciones para los costarricenses sospechosos de conformar esta red narcotraficante, a quienes está solicitando en extradición.
Como una de las medidas para afrontar el fenómeno, en mayo pasado el Congreso de Costa Rica aprobó una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales, únicamente por delitos de narcotráfico y terrorismo.
Hay más de una decena de narcotraficantes costarricenses que podrían ser extraditados a EE.UU. próximamente, entre ellos el abogado, exministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa, y su supuesto socio Edwin López Vega, alias Pecho de Rata; además de los líderes del Cartel del Caribe Sur: Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock; Jordie Kevin Picado Grijalba, alias Noni, y Tonny Alexander Peña Russel.
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