Ciudad de México, 14 ago (EFE).- Las acusaciones del capo mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada tras su arresto en Estados Unidos renuevan las sospechas de la presunta complicidad de funcionarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el narco, en particular en el estado de Sinaloa, cuna del homónimo cártel.
A tres semanas de la captura, el oficialismo lidia con renovadas acusaciones de nexos con el Cártel de Sinaloa porque Zambada, cofundador del grupo, sostuvo el sábado en una carta que el día de la detención se reuniría con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El capo también aseguró que lo acompañaba un comandante de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, José Rosario Heras, al encuentro, que en realidad fue un engaño de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, para llevarlo en un avión a Estados Unidos, donde aprehendieron a ambos cerca de El Paso, Texas.
Las declaraciones de Zambada, quien nunca había pisado la cárcel en sus más de 40 años de carrera, resultan en «una afectación grave» al Gobierno, consideró Clemente Romero Olmedo, experto en seguridad nacional de Cronem Consultores.
«Pareciera que es la confirmación de los vínculos que hay entre la clase política a nivel local, al menos en este estado, con los grupos criminales que dominan la región», expuso el especialista a EFE.
La misiva mostró que la élite política, militar y policial «estuvo respaldando durante mucho tiempo al Cártel de Sinaloa», por lo que también «es una amenaza del ‘Mayo’ Zambada hacia otros actores políticos con los que él tuvo trato», agregó David Saucedo, consultor en seguridad pública.
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«Manda el mensaje hacia otros actores, otros gobernadores, integrantes de gabinete, jefes, altos jefes policiacos que, seguramente, también formaron parte o forman parte de los anillos de protección del Cártel de Sinaloa», advirtió.
Una nueva campaña contra el Gobierno
La oposición ha acusado a López Obrador de complicidad con el Cártel de Sinaloa desde que en 2019 ordenó frenar el operativo para detener a Ovidio Guzmán, otro hijo del Chapo, y en 2020 saludó de mano a la madre de dicho capo en Sinaloa, donde él ha visitado más de cinco veces Badiraguato, la cuna de la organización criminal.
El presidente reiteró en su conferencia de este miércoles que el escándalo del Mayo es para reavivar la campaña de ‘narcopresidente’, que surgió antes de la elección de junio tras notas en el New York Times y ProPublica sobre investigaciones de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) de sus presuntos nexos con el cártel.
«Vino lo de Culiacán, lo del señor Zambada, y vuelve en las redes ‘AMLO presidente narco’, pero con todo, regresa. ¿Y el dinero, de dónde se utiliza tanto dinero para eso? Y no es nada más el asunto del señor Zambada, les debe de estar molestando algo más, las reformas, nuestras posturas en política exterior», manifestó.
Tanto él como la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, han respaldado el deslinde de responsabilidad del gobernador Rocha Moya.
Aunque no se confirma el nexo, el consultor Romero Olmedo cree que «sí hay una preocupación fundada que no existía en las administraciones previas», por las «visitas presidenciales al corazón de la organización en Badiraguato, sin medios, sin prensa, visitando más ese municipio que otros».
Mientras que el analista Saucedo apuntó a «una actitud pasiva, de brazos caídos y permisiva» en la primera mitad del Gobierno de López Obrador, que se enfocó en combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización rival.
Una nueva tensión con EEUU
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó el viernes que ningún agente estadounidense intervino en territorio mexicano, pero López Obrador dudó esta semana de esas afirmaciones al insistir en que Washington no ha dado toda la información del arresto.
«Estamos en un juego de sombras y no tenemos claro en dónde estamos parados ni cuál es el vínculo, el nivel de confianza, entre el Gobierno de Biden y el del presidente (López) Obrador», comentó Romero Olmedo.
Mientras que Saucedo señaló la creciente presión de Estados Unidos, que este año tiene elecciones presidenciales con el tráfico de fentanilo como un tema clave, por lo que «esta operación unilateral de los norteamericanos le manda un mensaje al Gobierno de López Obrador».
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