Lima, 16 feb (EFE).- La Junta Nacional de Justicia de Perú (JNJ), el máximo órgano de la judicatura, afirmó este viernes que el informe que propone la destitución e inhabilitación de sus miembros, aprobado por una comisión del Congreso, muestra que un sector del Legislativo no les deja cumplir sus funciones constitucionales.
«(La aprobación del informe) se trata de una nueva escalada de un sector en el Congreso que busca afectar la autonomía de la JNJ e impedir el cumplimiento de sus funciones constitucionales», expresó el organismo a través de un comunicado compartido en sus redes sociales.
Este viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó un informe que recomienda acusar e inhabilitar por 10 años por «infracción constitucional» a los siete miembros de la JNJ, una decisión que tendrá que ser ratificada por el pleno del Parlamento.
La junta respondió a esta votación al afirmar que el informe está viciado por su «ausencia de imparcialidad» y que el congresista que lo propuso, el derechista Esdras Medina, ya había planteado al Parlamento destituir a los integrantes del organismo.
En este sentido, considera que se viola de modo flagrante el artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que quien instruye o juzga en cualquier tipo de proceso no puede tener una postura ya tomada sobre la materia.
«El informe aprobado, además, vulnera el derecho de los miembros de la JNJ a la debida motivación, dado que no responde a ninguno de los casi 20 argumentos fácticos y jurídicos sustentados por la JNJ en su defensa», indica en el comunicado.
El máximo órgano de la judicatura reiteró que rechaza el informe porque si hubiera seguido los procedimientos que este considera adecuados, la JNJ habría cometido infracciones constitucionales, como el haber vacado a la magistrada Inés Tello y convocado a un miembro suplente.
«La JNJ seguirá defendiendo su autonomía y su rol constitucional y confía en que en las siguientes instancias del proceso prevalezca el derecho y la justicia», concluye el informe.
El pasado 2 de febrero, la Justicia de Perú declaró fundada la demanda de amparo que presentaron los miembros de la Junta Nacional de Justicia, para que se anulara otro proceso iniciado en el Congreso y que pretendía destituir a sus integrantes.
Así, declaró nulo «todo lo actuado a partir de la imputación de cargos que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos formuló contra los referidos integrantes titulares de la JNJ».
La decisión también exhortaba al Congreso a que legisle sobre la tipificación de las conductas de los miembros de la JNJ que constituirían «causa grave» para la remoción de sus cargos, conforme al artículo 157 de la Constitución.
En la resolución, afirma que no se puede permitir «que el Congreso de la República inicie y continúe con investigaciones destinadas a la remoción de aquellos con actos u omisiones que no se encuentran tipificadas como «causa grave», afectándose principios y derechos constitucionales».
Desde hace meses, el Poder Legislativo y el máximo órgano de la judicatura mantienen un enfrentamiento, desde que la Comisión de Justicia del Congreso recomendara destituir a los magistrados de la JNJ por supuestas «faltas graves».