Carolina Jaimes Branger
En muchas ocasiones, los regímenes autoritarios utilizan estrategias fiscales como herramienta para controlar y limitar la autonomía de las instituciones. Desde que Chávez llegó a la presidencia de la república, usó al Seniat como arma de poder, y no de fiscalización, como debería ser. Pero ahora es peor, porque con la olla vacía, “hay que buscar donde haiga”, como le dijo a un amigo un policía que lo detuvo. Hay montones de funcionarios de casi todas las instituciones del Estado “buscando donde haiga” y el régimen se los permite. Así se quitan de encima el problemón que es aumentarles los sueldos.
Ya el régimen logró su objetivo de acabar con la educación pública. Nadie que asista a la escuela o al liceo máximo dos veces a la semana aprende ni siquiera los rudimentos básicos. No hay profesores de ciencias en bachillerato desde hace rato. A mí no me queda duda de que, ante el fracaso de formar “hombres nuevos” (necesitaban más habermassianos para lograrlo y a Carlos Lanz, el jefe del grupete, lo mataron), más fácil fue dejarlos ignorantes, atendiendo el pensamiento del Libertador de que “un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción”. Porque quienes han insurgido a lo largo de la Historia, son las clases medias. La clase desposeída siempre ha estado ocupada en sobrevivir. Entonces, vuelve el Seniat como arma de destrucción. Esta vez contra los colegios privados.
En el último año, 80 % de los colegios privados en Venezuela pasaron a ser Contribuyentes Especiales; lo que significa que, si un padre paga en dólares, debe agregar un 3% al monto de la mensualidad del colegio. Y si paga en bolívares, los bancos le retienen un 3 % al momento de hacer un pago, lo que obliga a que se deba ajustar la estructura de costos de los colegios para resistir el impacto de lo que aumentará el valor de las mensualidades.
Por otra parte, los colegios deberán declarar y pagar el IVA retenido de forma quincenal, a pasar de que su servicio está exento, lo que significa, por ejemplo, que en cualquier compra que se realice, como papel, combustible para una planta eléctrica, insumos normales que necesita un colegio para funcionar, deben tener las facturas con todas las especificaciones y a la vez pagar el IVA retenido al Seniat. Esto encarece los costos de la institución y disminuye su flujo de caja.
El Seniat no considera en momento alguno las situaciones de alta morosidad que existen y encima exige que, de no cumplirse con las especificaciones de las facturas, se impondrán multas, que en el tiempo harán inviables estos servicios y sólo aumentarán el costo de la mensualidad de los colegios, cosa que por otra parte luce imposible que el Minpopo de Educación otorgue el permiso.
Por otra parte, no se valoran o consideran las becas a los hijos de los docentes, vecinos o personas con una condición socioeconómica que les impida pagar la totalidad de la mensualidad, así como los beneficios a la comunidad donde funcionan en mejorar la parte del alumbrado público, o cualquier otra ayuda necesaria, lo que obliga a que las instituciones disminuirán progresivamente sus colaboraciones. Al final, el perjudicado será el venezolano necesitado y no la institución.
Lo que se puede resumir a simple vista es que este que método que utiliza el Seniat es solamente uno de los más comunes para asfixiar las finanzas y limitar la capacidad de los colegios privados para operar de manera independiente. Y la justificación usual de estas medidas arbitrarias es “la necesidad de recaudar fondos para el Estado” o, más hipócrita todavía, “garantizar la “equidad” en el sistema educativo” cuando la educación pública ya está muerta.
Además de los impuestos excesivos y los absurdos requerimientos, el régimen también, desde aquel nefasto decreto 1011, impone -o al menos trata de imponer- una serie de regulaciones y requisitos burocráticos adicionales a los colegios privados, lo que dificulta aún más su funcionamiento. Estas medidas pueden incluir la imposición de currículos obligatorios, la limitación de la libertad académica y la interferencia en la contratación de personal docente. El objetivo final de estas estrategias fiscales y regulatorias es reducir la influencia de los colegios privados en la sociedad y consolidar el control del Estado sobre la educación y la formación de las generaciones futuras. Al limitar la autonomía de las instituciones educativas privadas, el régimen busca asegurarse de que la educación impartida esté alineada con sus propios intereses y valores, (lo que no pudo lograr con las instituciones públicas), en lugar de promover el pensamiento crítico y la diversidad de ideas.
En conclusión, la imposición de impuestos excesivos y regulaciones restrictivas a los colegios privados por parte de regímenes autoritarios como el que tenemos en Venezuela, es una estrategia común utilizada para socavar su independencia y limitar su capacidad de acción y oposición. Estas medidas representan una amenaza para la sociedad en su totalidad… La mayor parte de la clase media venezolana ha emigrado. Los que seguimos aquí… ¿nos vamos a dejar?
@cjaimesb