Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) es, en teoría, robusta. Los artículos 57 y 58 garantizan el derecho a expresar pensamientos y el derecho a una información “oportuna, veraz e imparcial” sin censura. Sin embargo, la frase final del artículo 58 —que indica que la comunicación comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley— se ha convertido en la puerta de entrada para regulaciones restrictivas.
La Ley Resorte-ME: el control de las pantallas y redes
La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (ampliada en 2010) fue el primer gran giro. Introdujo términos subjetivos como “incitación al pánico” o “alteración del orden público”.
En la práctica, esto ha generado una cultura de autocensura. Los medios, temerosos de multas millonarias o la revocación de concesiones, optan por omitir temas sensibles. Al incluir los “medios electrónicos”, el alcance se extendió a portales web y redes sociales, limitando el último refugio de la información independiente.
La “Ley contra el Odio”: la “Espada de Damocles”
Sancionada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia representa quizás el mayor desafío para el ejercicio periodístico.
- Penas severas: Contempla hasta 20 años de cárcel.
- Ambigüedad peligrosa: No define con precisión qué constituye “odio”. Esto permite que una crítica a la gestión pública o la cobertura de una protesta sea catalogada como un delito de odio, judicializando la opinión.
Contexto 2026: ¿Hacia una Amnistía o más control?
A inicios de este año, hemos visto movimientos contradictorios. Por un lado, la Asamblea Nacional (2026-2031) ha planteado la creación de nuevos códigos que buscan “actualizar el árbol legislativo”. Por otro, gremios como el SNTP han presentado propuestas de Ley de Amnistía y Reconciliación para revertir la criminalización de periodistas que han sido procesados bajo cargos de terrorismo o asociación para delinquir por el simple hecho de informar.
El periodismo en Venezuela hoy se ejerce en las orillas de la legalidad. Mientras la Constitución nos dice que somos libres, las leyes subalternas nos recuerdan constantemente el costo de esa libertad. La verdadera democracia no se mide por cuántos medios existen, sino por cuántos pueden disentir sin temor a una celda.
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