Tegucigalpa, 6 jun (EFE).- El Gobierno de Nicaragua ha obligado a 77 religiosos a abandonar el país desde que estalló la crisis sociopolítica en esta nación centroamericana en abril de 2018, incluido al obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, denunció este martes la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina.
Molina, que es autora del estudio «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?» que da seguimiento a las agresiones que sufre la Iglesia católica nicaragüense por parte del Gobierno de Daniel Ortega, indicó en un informe que al menos 40 religiosos han sido expulsados en los últimos cinco años, entre ellos el sacerdote panameño Donaciano Alarcón, a inicios de abril pasado.
Otros 17 religiosos se marcharon al exilio alegando razones de seguridad, a 12 las autoridades nicaragüenses les prohibieron la entrada al país, y 8 fueron desterrados, declarados apátridas y «prófugos de la Justicia» tras ser acusados de delitos considerados «traición a la patria», detalló Molina.
De los 77 religiosos que han abandonado Nicaragua, por razones de seguridad, porque han sido expulsados o porque se les ha denegado la entrada al país, 41 son hombres y 36 mujeres, de acuerdo a los datos recolectados por la investigadora.
Entre esos religiosos se encuentra el obispo Báez, que permanece fuera de Nicaragua desde hace cuatro años por decisión del papa Francisco por motivos de seguridad y a quien las autoridades judiciales de su país le retiraron la nacionalidad en febrero pasado, por lo que ahora reside en Estados Unidos.
Asimismo, en marzo del año pasado, el Gobierno también expulsó al nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, y este año procedió de igual manera con monseñor Marcel Diouf, secretario de la Nunciatura.
TENSIÓN EN RELACIÓN IGLESIA-ESTADO
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Las autoridades nicaragüenses también han expulsado del país a al menos 36 monjas de diferentes congregaciones religiosas, incluida 18 Misioneras de la Caridad, orden fundada por Madre Teresa de Calcuta.
Para Molina, la expulsión, destierro o exilio de religiosos es parte de la persecución contra la Iglesia católica nicaragüense.
A mediados de marzo pasado, la Nunciatura Apostólica en Nicaragua cerró su sede en Managua, después de que el Gobierno de Ortega le planteara al Vaticano suspender las relaciones diplomáticas tras unas declaraciones del papa Francisco, que calificó como «dictadura grosera» al Ejecutivo sandinista.
La Policía de Nicaragua, cuyo jefe supremo es Ortega, acusó el 27 de mayo pasado a la Iglesia católica nicaragüense de «lavar dinero» y ordenó al cardenal Leopoldo Brenes presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis que han intervenido.
Según la Policía, en el marco de esas investigaciones hallaron «centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a (las) diócesis» de Nicaragua.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El papa Francisco tildó de «dictadura grosera» al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando «un desequilibrio de la persona que dirige» el país centroamericano.
