Caracas, 10 dic (EFE).- El Gobierno de Venezuela pidió este martes a la comunidad internacional respetar los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y evitar su «instrumentalización» para «fines políticos», acción que -a su juicio- le ha hecho «un inmenso daño a la humanidad».
A través de un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro manifestó su «firme compromiso» en la promoción, protección y disfrute de todos los DD.HH en el marco del Día de los Derechos Humanos, fecha que -dijo- es una oportunidad para «redoblar esfuerzos» en esta materia, especialmente frente a las «atrocidades que se están viviendo en Palestina».
Asimismo, recordó que se restableció en Venezuela la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) -expulsada en febrero por supuestos sesgos en su labor-, aunque de manera parcial, según dijo el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien informó el lunes que la Acnudh está haciendo todos los esfuerzos para volver por completo.
Varias ONG y organismos internacionales han denunciado una escalada de la «represión» en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando se desataron protestas contra el resultado oficial que dio la reelección a Maduro, una victoria que la mayor coalición opositora considera fraudulenta.
Sobre las denuncias de persecución a líderes políticos y de la sociedad civil, Türk pidió «la liberación de todos los detenidos arbitrariamente», cifrados por la ONG Foro Penal en 1.905, en su mayoría aprehendidos en el contexto de las protestas poselectorales.
Según ONG y testimonios de familiares, muchos de los apresados no participaron en las protestas, pero igual fueron detenidos, contrario a lo que afirma la Fiscalía, que acusa a 2.400 aprehendidos de generar violencia y vandalismo durante el contexto poselectoral y los considera de terroristas.
La organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció el lunes «tratos crueles, inhumanos y degradantes», así como la «constante violación a los derechos humanos», de los que «han sido víctimas los presos políticos y familiares».
Asimismo, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció «requisas invasivas» a mujeres que visitan a sus familiares detenidos en la cárcel de Yare III, en el estado Miranda (norte), al tiempo que compartió un testimonio de una persona que asegura que la obligaron a desnudarse durante una visita en el penal.
«Me mandaron a poner en un rincón, me pidió que recostara la espalda en la pared y abriera las piernas como si fuera a parir», dijo la mujer al OVP, citada en una nota de prensa.
En octubre, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Maduro cometió «crímenes de lesa humanidad» antes, durante y después de las presidenciales, una acusación que respalda el líder opositor Edmundo González Urrutia, exiliado en España, a quien su formación da como ganador en esas elecciones.
Por su parte, el Gobierno rechaza estas acusaciones y califica a la Misión de «despreciable» y «vergonzosa», y acusa a la oposición de liderar «grupos violentos» durante las protestas, que causaron -según la Fiscalía- 28 muertes, de las que no atribuye ninguna a cuerpos de seguridad del Estado, contrario a lo que afirma el antichavismo.
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