Madrid, 14 oct (EFE).- El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo aceptó este lunes una condena de 10 meses de prisión por un delito contra la Hacienda pública por la ocultación de ganancias de casi 4,5 millones de euros que obtuvo su hijo Alejo en negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2014.
En la vista, que comenzó en la Audiencia Nacional española, Alejo Morodo aceptó, por su parte, una pena de dos años de cárcel por dos delitos fiscales, los mismos que su padre, en virtud de un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación ejercida por el colectivo Manos Limpias.
La Fiscalía pedía tres años y medio de cárcel para Raúl Morodo y ocho años y medio para su hijo, pero finalmente rebajó su solicitud en virtud de dicho pacto, al aplicarles las atenuantes de confesión de los hechos y de reparación del daño, al haber ingresado ambos un total de 1.410.000 euros de la deuda contraída con la Hacienda española.
Las penas asumidas por Morodo y su hijo Alejo no suponen ingreso en prisión, pero la esposa de este último, Ana Catarina Varandas, para quien la Abogacía del Estado retiró la acusación, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de ocho años y medio de cárcel y sigue también acusada de dos delitos fiscales por Manos Limpias, un autodenominado sindicato con un largo historial de denuncias por corrupción, la mayoría archivadas.
De esta forma, el juicio continuará respecto a Varandas, que manifestó ante el tribunal que no se declara culpable de dichos delitos.
También seguirá siendo objeto del juicio la petición del fiscal de decomiso de ganancias supuestamente obtenidas de manera ilícita por Alejo Morodo en 2011 y 2012 por más de 340.000 euros y de un inmueble de Madrid, ya que es una cuestión que no ha sido incluida en los acuerdos de conformidad.
En el marco de los mismos, Manos Limpias retiró las acusaciones de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal para todos los acusados.
En su escrito de acusación, la fiscal relata que Raúl Morodo entabló relaciones con altos cargos de Venezuela entre 2004 y 2007, cuando ejerció de embajador de España, en la época en la que el presidente del Gobierno español era José Luis Rodríguez Zapatero.
Añade que aprovechándose de esta circunstancia, su hijo Alejo inició en 2007 una supuesta relación contractual con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional presuntamente falsos, que se extendió hasta 2014 y que le generaron cuantiosas rentas.
La fiscal explica que Alejo Morodo «interpuso tres empresas instrumentales para que facturaran formalmente esos supuestos servicios, eludiendo así tributar sus rentas por el IRPF -Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas- para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrecía el impuesto de sociedades».
Agrega que Raúl Morodo y Ana Varandas participaron «de esta ilícita actuación» y el exembajador, además, «también ocultó a la Hacienda pública las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades».
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