El periodismo venezolano llega a su día nacional con un escenario complejo que apunta hacia una cadena de hechos contrarios a la libertad de expresión. Este derecho fundamental, según expertos del sector, no se ejerce a plenitud en el país, y, por el contrario, su desarrollo es precario y mediado por la acción u omisión del Estado. Así lo reseña noticierodigital.com
“Es muy complicado el panorama. La libertad de expresión en Venezuela está asfixiada en distintos planos. En materia legal, se han sofisticado los mecanismos para censurar, dentro de los cuales figura la aprobación de la Ley Contra el Odio, que es el último instrumento en el que se establecen penas de cárcel propiciadas por el ejercicio de la libertad de expresión. Además han aumentado las denuncias por difamación, basadas en el Código Penal, en las que son funcionarios quienes acusan a título personal para vender la idea de que esto no se trata de una política de Estado. Todo esto ocurre en medio de un Poder Judicial parcializado que emite sentencias desproporcionadas que no solo afectan a los medios de comunicación, también a los periodistas”, sostuvo Luisa Torrealba, investigadora del Ininco.
La comunicadora consideró que con las condenas contra los medios se busca intimidar y enviar un mensaje ejemplarizante para que los otros se inhiban. Refirió que en el ámbito económico continúan las limitaciones para la compra de papel periódico, con lo cual los medios impresos han reducido su paginación o migrado a plataformas digitales.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que, entre el 2012 y lo que va del año 2018, cerca de 1.328 periodistas se han ido del país “a causa de la crisis del país y las difíciles y riesgosas condiciones que implica ejercer la profesión en el territorio nacional, donde la falta de garantías para el ejercicio y la permanente persecución, hace cuesta arriba el oficio los reporteros”.
Violencia institucionalizada
La investigadora del Ininco señaló que se ha registrado “la institucionalización de la violencia hacia los medios de comunicación”. Este patrón, explica, ya no se da solo con la agresión de la calle de simpatizantes de un sector político contra periodistas, en los últimos tiempos ha ocurrido en la sede de algunos organismos del Estado y la violencia es ejecutada por funcionarios.
Sobre este patrón, Luisa Torrealba refiere los ataques contra diputados y los periodistas que cubren la fuente parlamentaria a quienes, en varias oportunidades, grupos violentos y efectivos de la GNB “han impedido el ingreso a la Asamblea Nacional y el ejercicio del periodismo. En algunos casos se ha llegado hasta el decomiso de los equipos de trabajo y esto lo han hecho funcionarios militares que portan su arma de reglamento. Se ha apreciado agresión con saña”.
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Torrealba dijo que otra situación que vulnera la libertad de expresión en Venezuela es la imposición arbitraria de información que hace el Estado a través de mecanismos como las cadenas de radio y TV y la transmisión de El Noticiero de la Patria. Advirtió que, en el último año, también se han reportado actos de intimidación y hostigamiento judicial en contra de las fuentes de información, como ha ocurrido en el sector salud.
Libertad restringida
El director de Espacio Público, Carlos Correa, afirmó que el balance de la libertad de expresión refleja que se trata de “una situación que como política de Estado es restrictiva”. Explicó que parte de este escenario se evidencia en las limitaciones para el acceso a la información y la no publicación de datos oficiales sobre los asuntos de interés nacional; así como las limitaciones para que los periodistas puedan hacer preguntas a las fuentes durante las ruedas de prensa.
“En Venezuela, la libertad de expresión no es plena, es condicionada. Esto se aprecia de forma clara en los programas informativos en los canales de televisión en los que los periodistas no pueden esconder su cara de temor o de recelo”, añadió Correa.
El investigador coincidió con Luisa Torrealba en que el incremento de la persecución se da también a través de Conatel, organismo que mediante la figura de exhortos abre procesos administrativos a páginas web y a emisoras de radio y fijan medidas cautelares y sin sanciones sin el debido proceso, ni el derecho a la defensa.
Carlos Correa indicó que, en el caso de la radio, los exhortos se envían a los dueños de las emisoras y no a los conductores de los espacios que emiten contenidos presuntamente violatorios de la Ley Resorte.
“La política de los exhortos inició en mayo con la apertura de un proceso administrativo sancionatorio de Conatel contra el portal de noticias El Nacional Web, por el presunto incumplimiento de la normativa prevista en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la ilegítima ‘Ley’ Contra el Odio”, reportó Espacio Público.
Este tipo de procedimientos también alcanzó a Globovisión, canal que recibió un exhorto luego de transmitir una entrevista con el ex candidato presidencial Alejandro Ratti, en las que supuestamente “desconocen a las autoridades legítimamente constituidas”.
De acuerdo con un seguimiento hecho por Luisa Torrealba: “Desde 2003 hasta 2018, han cerrado 128 emisoras de radio que representan el 13% del total del país. Esto es grave si además se considera que en muchos casos se trata de pequeñas emisoras que son la principal fuente de información en sus ciudades”.
Cifras elocuentes
En el reciente informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU se destaca que Espacio Público “sustentó con pruebas 708 casos que abarcaban 1.002 violaciones cometidas en 2017 contra el derecho a la libertad de expresión, lo que representa la mayor cifra anual registrada por esta ONG en los últimos 16 años. El 69 % de los casos tuvieron lugar durante la oleada de protestas masivas”.
Espacio Público registró desde enero y hasta abril de este año 39 violaciones a la libertad de expresión, en las que los victimarios fueron los organismos de seguridad del Estado.
La ONG reportó que, en mayo de este año, 6 periódicos regionales debieron ajustar su soporte y periodicidad. Dentro de las causas de esta situación están la crisis económica que generó escasez de efectivo, el alto costo de la materia prima y la imposibilidad de acceder a este recurso.
“Ya no solo se trata de disminuir sus páginas o el tiraje, algunos migraron por completo a la web, otros se convirtieron en semanarios y los que aún resisten, salen de lunes a viernes. Estos reajustes limitan el derecho de los venezolanos recibir información, pues afectan la pluralidad y estimulan la autocensura, negándoles la posibilidad de conocer y denunciar lo que sucede en el ámbito local”, indicó la organización.
En el grupo de los impresos que debieron reinventarse están El Tiempo de Puerto La Cruz, La Prensa de Barinas , el Diario de Los Andes; Versión Final ; el diario Visión Apureña y Última Hora del estado Portuguesa.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) señaló que, durante la última semana de junio de 2018, “se registró la reducción de circulación de un diario en el estado Sucre, así como la denuncia de tratos crueles del ciudadano Pedro Jaimes Criollo, detenido por tuitear la ruta presidencial”.
