Mañana, 9 de octubre de 2021, se cumplen 464 años de un Acto de Conquista: la fundación de Trujillo en 1557. La Corona Española imponía sus designios en esta Tierra de Gracia por espacio de 253 años, incluyendo los 18 años correspondientes a la conquista, cuando derrota al último chacoy rebelde, Pitijoc, en 1575.
Mañana también se cumplen 211 años de un Acto de Independencia: la proclamación de Trujillo como provincia independiente en 1810, pues hasta entonces, y desde 1786, había estado bajo la jurisdicción de la Provincia de Maracaibo. La República Naciente pretendía hacerse cargo de la rectoría del designio provincial, ahora bajo la égida de las ideas de la Ilustración. Con ella nacía el concepto moderno del Estado de Derecho, con su clásica división tripartita de poderes.
Entre hoy y mañana igualmente se cumplen 64 años de un Acto de Autonomía Eclesial: entra en plenas funciones el Obispo designado para la nueva Diócesis de Trujillo, creada en junio de 1957, año correspondiente a la celebración cuatricentenaria de la ciudad capital. Hasta ese momento, esta comunidad eclesiástica trujillana se encontraba bajo el amparo de la Arquidiócesis de Mérida. La curia trujillana se largaba los pantalones desde entonces.
Por último, mañana se cumplen 54 años de un Acto de Afirmación de los Valores Cristianos trujillanos: se crea en 1967 el Seminario Mayor Diocesano Sagrado Corazón de Jesús, con sede en las afueras de la ciudad capital. Las vocaciones sacerdotales serán, a partir de allí, sello característico de la profunda imbricación de la Iglesia Católica con la sociedad trujillana hasta el día de hoy, lo cual nos enorgullece y nos llena de esperanza.
Como podrá colegirse, el 9 de octubre es una fecha de importancia superior, y de múltiples y muy enraizados significados, para el gentilicio trujillano. Por ello, no resulta casual que hoy, en la víspera, hayamos sumado un quinto acto de especial y pertinente relevancia a las efemérides que se celebran en esta fecha, o próxima a ella: nuestro apreciado y admirado Obispo recién designado, Mons. José Trinidad Fernández, asumió formalmente esta mañana la conducción de nuestra Diócesis en el estado. Es, ni más ni menos, el Acto de Consolidación de los Valores Cristianos trujillanos, al asumir nuestro quinto Obispo, sus funciones de Pastor de la Iglesia, en la celebración del aniversario 64 de haberlo hecho, un día como hoy, su primigenio predecesor, Obispo Antonio Ignacio Camargo.
Estos cinco (5) actos vitales, en su especificidad y dimensión particular, sirven de marco propicio para avanzar la tesis central de nuestra breve disertación hoy, en la víspera de sus respectivas celebraciones: el desarrollo económico como instrumento de liberación del trujillano.
El trujillano de hoy no es un hombre libre. No lo es en lo político, por el régimen imperante. No lo es en lo económico, por la inseguridad jurídica y las limitaciones a la propiedad privada y a la actividad económica. No lo es en lo social, por la pobreza. Quizás en la única dimensión que lo sea fuere la espiritual, único reducto de libertad hoy día en nuestro suelo. Estoy convencido que esta apreciación personal sobre el estado de libertad del trujillano no necesita ser probada, por cuanto cada uno de los que aquí vivimos, independientemente de su estatus socioeconómico, es evidencia empírica fehaciente de lo aquí afirmado.
Este estado de no libertad del trujillano es consecuencia de la desaparición gradual, sostenida e intencional, en los últimos 22 años, de uno de los tres (3) componentes del concepto clásico de Estado, la gobernanza; entendido ésta en un sentido funcional normativo, esto es, como Estado de Derecho. ¿Evidencia de esto? Solo baste decir que ocupamos el último puesto, el 128, en el más reciente Índice sobre el Estado de Derecho en el mundo, elaborado por la organización World Justice Project, correspondiente al año 2020. Volveremos sobre esto en la parte final de nuestra intervención.
Las consecuencias más resaltantes de la ausencia del Estado de Derecho en cualquier nación son, básicamente, dos: pobreza y corrupción. De esto también tenemos probanzas en Venezuela: por el lado de la pobreza, el último reporte de ENCOVI, da cuenta de un 94,5% de venezolanos viviendo en ella. Por el lado de la corrupción, el más reciente informe de TRANSPARENCIA INTERNACIONAL nos ubica entre los cinco (5) países más corruptos del mundo.
A contracara de lo anterior, los países con mayor Estado de Derecho, los nórdicos escandinavos, son también los que presentan los mayores niveles de desarrollo humano sostenible, prosperidad económica y transparencia en el manejo de la gerencia pública. ¿Casualidad? No. ¿Causalidad? Si.
Y en este último aspecto de la causalidad es donde quiero detenerme, no ya en profundidad, pero si en plan de advertencia: en estos países nórdicos escandinavos la política pública de desarrollo económico estuvo, y aún lo está, muy marcada por los postulados del Estado de Bienestar, ergo, redistribución de la riqueza colectiva entre los miembros productivos y no productivos de sus respectivas sociedades; riqueza aquélla acumulada por vía impositiva, en la mayoría de los casos, y, sólo excepcionalmente, por la aparición de algún cisne negro en el entorno económico (caso del petróleo en Noruega)
¿Cómo es que en Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia el Estado de Bienestar produjo tan excelsos resultados, mientras que en Venezuela (se entiende Trujillo por extensión) donde también se aplicó, casi que con la misma intensidad que allá, NO? La respuesta es sencilla, más no simple. La política de desarrollo económico en esas latitudes se concibió como el resultado de una estrategia consensuada entre el Estado, las empresas y la sociedad, en un ambiente de libertad política y económica.
Veamos ahora el caso venezolano, y para ello no hará falta retroceder a los albores de la economía colonial ni al principio de la República, dado que no tenemos el tiempo para hacerlo. Baste ubicarnos, por un instante nada más, un siglo atrás, exactamente en 1921, cuando se inicia la disrupción del modelo económico imperante en la Venezuela Rural de entonces, con la irrupción del petróleo en cantidades ingentes.
Y digo un instante nada más, porque lo que me interesa destacar aquí es como ese hecho se describe, al nivel constitucional cuarenta (40) años después, en 1961, en nuestra Constitución, con la recepción que del concepto de desarrollo económico hace ese texto normativo fundamental en su Artículo 95, único aparte: “El Estado promoverá el desarrollo económico y la diversificación de la producción, con el fin de crear nuevas fuentes de riqueza, aumentar el nivel de ingresos de la población y fortalecer la soberanía económica del país.” Tan en serio se tomó el Estado venezolano este rol que, DURANTE TREINTA (30) LARGOS AÑOS, hasta 1991, mantuvo suspendidas las garantías económicas contenidas en el Artículo 96 de esta Constitución. Fue sólo en este año 1991, bajo la Presidencia de CAP II, en el marco de su programa de apertura económica, cuando se restablecieron. Cabe preguntarse aquí: ¿Dónde quedaba entonces el rol de las empresas y de la sociedad, es decir, de la iniciativa privada, en la promoción del desarrollo económico bajo la Constitución del 61? Respuesta: En ninguna parte.
Irónicamente, como luego la historia se encargará de enrostrárnoslo, la Constitución de 1999 si incorpora a la iniciativa privada en la promoción del desarrollo económico, tal como lo recoge su Artículo 299, en parte de su encabezamiento: “(…) El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta.” La ironía viene dada ya que nunca antes Venezuela había presentado mayor sojuzgamiento de la iniciativa privada como en las últimas dos décadas.
Pues bien, adentrémonos en la parte medular y concluyente de esta breve disertación. Afirmábamos antes que el Estado, en su acepción como gobernanza, ergo, como estado de derecho, virtualmente ha desaparecido en Venezuela. Frente a ello ¿Cómo queda lo afirmado en el Artículo 299 de la Constitución antes referido, sobre la promoción conjunta del desarrollo económico entre Estado & iniciativa privada? Respuesta: Eventualmente quedará solo a la iniciativa privada la promoción del desarrollo económico en Venezuela.
¿Es esto posible? ¿Es realista este escenario? ¿Es factible? La respuesta es SI, al menos en el corto plazo (tres años). Aun cuando muchos expertos en desarrollo económico sostienen que sin la presencia del Estado no es posible avanzar una agenda pública en esta materia, en Trujillo ya lo estamos haciendo. Para ello hacemos uso de dos conceptos claves: autogestión a nivel individual, y asociatividad a nivel colectivo.
Utilizando ambos conceptos, estamos ejecutando un Plan Sectorial de Desarrollo Económico Regional (PLASEDER) basado en la agroindustria de exportación, con fundamento en la construcción de consensos y articulaciones vía capital social, con el propósito de mejorar la competitividad sistémica del estado Trujillo.
En esta estrategia están comprendidos muchos elementos que van, entre otros, desde el emplazamiento de una Zona Franca Agroindustrial en Agua Santa, en tándem con el Puerto de La Ceiba, hasta la reconversión de la Planta de Etanol en Monay en un Complejo Sucroquímico y la reactivación de la planta de procesamiento de café en Tabor, vía un programa de privatización/reprivatización de empresas públicas que pronto aspiramos presentar ante Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio, al efecto de contar con el debido respaldo institucional de los gremios empresariales. En este sentido, ya hemos conversado con nuestro amigo y ex compañero de directorio en el FIV, Dr. Gerver Torres, padre de la privatización en Venezuela, del cual esperamos su decidida incorporación al mismo. Prontamente también lo haremos con la Dra. Imelda Cisneros, con análoga finalidad. Igualmente la estrategia incluye la clusterización (economías de aglomeración) en varios rubros agrícolas del estado, y la construcción de capital social entre los agentes relevantes de ese ecosistema agroalimentario, a cuyo efecto ya hemos sostenido reuniones con la Directiva y Comités Locales de la Asociación de Cañicultores del estado Trujillo, y prontamente lo haremos con los caficultores, con los productores de musáceas, papas, fresas, cacao, lácteos, cárnicos, etc. En este contexto también hemos iniciado conversaciones con la Cámara Empresarial Venezolana Vietnamita (CAVENVIET) y con el IESA, en procura de explorar potenciales fuentes de financiación internacional para la ejecución de los programas propuestos, bien sea por el Fondo de Desarrollo de la ASEAN o del BID, respectivamente. Para apoyar todo este incremento del tejido agroindustrial trujillano con recurso humano de calidad, ya se ha iniciado todo el proceso administrativo para la creación de la carrera de Ingeniería Agroindustrial en la ULA, proceso éste que contará con la asesoría del Dr. Carlos Vignolo, de la Universidad de Chile, quien a su vez, es nuestro mentor en el Programa de Capacitación en Capital Social y Sociotecnología que llevamos adelante con la ULA. También se incorpora en la estrategia la integración comercial binacional, la cual hemos comenzado a gestionar con nuestros pares de la Zona Franca de Santander y Cúcuta, en los Andes colombianos, donde pronto tendremos a nuestra ACOINVA, y anhelo que también a la Cámara de Comercio e Industria de Trujillo, nuestra insigne anfitriona de hoy, conversando con Andrea Serrano y todo su staff directivo y gerencial, para el intercambio de ideas y de planes. Todo esto mediante el establecimiento de las correspondientes Alianzas Estratégicas, de las cuales ya tenemos suscritas dos (2) una con la ULA y otra con ACOINVA, y los consiguientes procesos de capacitación y asistencia técnica a los potenciales actores/beneficiarios de los programas diseñados.
¿Cuál es el gran objetivo que se persigue con la ejecución de esta estrategia de desarrollo económico, además, claro está, de elevar el nivel del índice de desarrollo humano sostenible de los habitantes del estado Trujillo?
Pues convertir al trujillano de a pie en un ser productivo autogestionado, lo cual podrá alcanzar mediante su incorporación a esquemas de asociatividad que potencien su capacidad como agente de transformación de su entorno socioeconómico y familiar. Esto es, incrementar sus capacidades de crear y producir bienestar, para él y su familia, rompiendo con el actual esquema de dependencia económica que lo subyuga y lo somete a los operadores de lo que queda del actual Estado venezolano, quienes hoy, manejando la pobreza, han logrado el mayor nivel de hegemonía política jamás alcanzado en Venezuela. En otras palabras, aspiramos crear las bases materiales e intangibles para producir la liberación del trujillano de a pie a través del desarrollo económico, el cual estamos impulsando, y aspiramos alcanzar, en el estado Trujillo, con la ejecución de la estrategia antes perfilada.
El cómo se logra esto será una historia para contar en próxima ocasión. En el entretanto, hoy 8 de octubre, víspera de LA GRAN FECHA DE TRUJILLO, es una oportunidad para pensarlo, y, mañana 9, para TOMAR LA VITAL DECISIÓN DE PROPONERNOS SER LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS DE NUESTRO DESTINO.
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