Lima, 19 ene (EFE).- Ernesto vive en la cima de uno de los cerros de Lima, a pocos pasos del llamado «muro de la vergüenza», un cerco de piedras y alambres que separa su humilde barriada del adinerado distrito donde trabaja. El hombre, vigilante de profesión, admite que le resultará extraño mirar la ladera de «los ricos» sin toparse con esta polémica frontera urbana que tiene los días contados.
Ciento ochenta días es el plazo que el Tribunal Constitucional (TC) peruano ha establecido para hacer efectiva la sentencia que ordena demoler esta muralla de más de cuatro kilómetros que divide La Molina y Villa María del Triunfo o, en palabras de Ernesto, «los que tienen billete y los que no lo tienen».
«Este muro a nosotros nos identifica (como) gente de otra clase», sostiene a EFE el hombre, desde el jardín de su vivienda de madera contrachapada y techo de calamina, erguida en uno de los populosos asentamientos de Villa María del Triunfo.
En este lado del muro, interviene Mónica, su esposa, «no hay nada». La mayoría de casas, construidas irregularmente y merced a las mafias dedicadas al tráfico de terrenos, carecen de agua potable y desagües. Sus empinadas y arenosas calles no tienen asfalto y cualquier noción de urbanismo brilla por su ausencia.
La imagen es opuesta al otro costado, donde hay calles pavimentadas, parques verdes y exclusivas casas con todo tipo de comodidades.
«Ahí, hay todo», recalca la mujer, antes de admitir que quienes van a salir «perjudicados» del derrumbe del muro serán los vecinos de La Molina porque, a su lado del cerro, que ahora luce inhabitado, «van a entrar los traficantes de terrenos», quienes ocupan zonas baldías para luego vender, al margen de la ley, pequeñas parcelas a familias pobres que buscan un hogar.
IMAGEN DE DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN
Fue justamente el miedo a que las invasiones de Villa María del Triunfo avanzaran hacia el otro distrito lo que motivó en 2011 la construcción de este controvertido muro, apodado popularmente el «de la vergüenza», como se le conocía en la parte occidental al muro de Berlín que dividió Alemania durante la Guerra Fría.
La Alcaldía de La Molina alega que el muro, convertido ya en una de las imágenes más icónicas de la desigualdad en América Latina, busca proteger la seguridad ciudadana y evitar la instalación de asentamientos ilegales en una zona destinada a la ejecución de un parque ecológico.
Pero, a los ojos de muchos, criminaliza a los vecinos de Villa María del Triunfo y vulnera varios de sus derechos.
Por eso, el Constitucional ordenó la demolición total del muro por afectar el derecho al libre tránsito y a la igualdad y a la no discriminación.
TRÁFICO DE TERRENOS EN JUEGO
Pese a reconocer el simbolismo de la sentencia del TC, Ernesto insiste en que, en la práctica, «el muro de nada molesta». A la altura de su asentamiento, tiene una torre de control abandonada y un acceso libre de piedras y alambres que le permite cruzar el cerco a diario, rumbo a su centro de trabajo.
Y el suyo no es un caso aislado. Su vecino Adrián suele pasar también el muro para ir a su trabajo de ebanista en La Molina, donde «hay más trabajito».
«No sé por qué la necesidad de querer tumbar el muro. A mí, en lo personal, no me perjudica en nada. Yo tengo mi pase e inclusive tengo mis plantitas allí, mire», comenta a EFE Adrián, mientras señala con su dedo el pequeño huerto que construyó a pocos metros del muro, en la ladera de La Molina.
El hombre, de unos cuarenta años, coincide en que la demolición de esta frontera urbana traerá más invasiones al cerro, lo que, asevera, beneficiará a los traficantes de terrenos que hace cinco años lo embaucaron a él y a su familia.
Para Adrián, quien dice estar «amenazado de muerte» por estas mafias -y por ello no quiso revelar su identidad, al igual que Ernesto y Mónica-, la solución a este polémico muro debería pasar por una consulta ciudadana que permita a los vecinos de ambos lados decidir sobre su futuro y no por una resolución judicial que, dice, solo hará que «dar más poder a los dirigentes».
Una alerta que, paradójicamente, también lanzó el actual alcalde de La Molina, el conservador Diego Uceda, quien no descartó acudir a instancias internacionales para evitar el cumplimiento del fallo del Constitucional, que también insta al Congreso nacional a aprobar leyes que combatan la usurpación y el tráfico de terrenos de manera integral.
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