Praia, 7 sep (EFE).- El Tribunal Constitucional de Cabo Verde consideró hoy constitucional la extradición a EEUU del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y reclamado por Washington por supuesto blanqueo de dinero.
La corte, máxima instancia judicial del país insular africano, donde Saab se halla detenido desde junio de 2020 a petición de Estados Unidos, juzgó «improcedente» el recurso interpuesto por la defensa contra la supuesta inconstitucionalidad del arresto del empresario para intentar frenar su extradición.
El Constitucional publicó en su web oficial una resolución de 194 páginas en la que da respuesta al recurso en el que Saab alegaba, según el tribunal, que durante el proceso de extradición «se aplicaron reglas inconstitucionales».
La corte vino a dar la razón a dos instancias inferiores, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo de Justicia, que ya habían autorizado en 2020 y el pasado marzo, respectivamente, la entrega del presunto testaferro al país norteamericano. En la práctica, el fallo del TC da vía libre a la extradición.
Asimismo, el Constitucional avaló la posición del Gobierno caboverdiano, que ya el año pasado dio su aprobación rotunda a la extradición.
EVACUACIÓN DE SAAB POR MOTIVOS DE SALUD
El veredicto se divulgó hoy después de que la semana pasada el Tribunal de Barlavento, con sede en la isla septentrional de San Vicente, autorizara que el empresario fuera evacuado desde la isla de Sal -donde está detenido- a la capital del país, Praia, por motivos de salud para recibir atención médica especializada.
Sin embargo, no se fijó fecha para el traslado de Saab desde la también norteña Sal, en la que cumple un régimen de arresto domiciliario, a una residencia en la sureña isla de Santiago, donde se encuentra Praia.
El pasado 2 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), bloque de países al que pertenece Cabo Verde, dictaminó que se le debía conceder acceso, sin restricciones, a médicos especialistas de su elección, pese a las reticencias iniciales de las autoridades caboverdianas.
El Tribunal de la CEDAO también falló contra la extradición de Saab y hasta ordenó su «liberación inmediata».
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ordenó el pasado junio que se concediera a Saab acceso sin restricciones a atención médica especializada y que se detuviera cualquier extradición a Estados Unidos.
«MI DETENCIÓN ILEGAL TIENE MOTIVACIÓN POLÍTICA»
Sin embargo, esos intentos de detener la entrega a EEUU han resultado infructuosos ante la justicia caboverdiana, en un proceso en el que la defensa ha argumentado siempre que era «ilegal» y que tenía motivaciones políticas.
«Mi detención ilegal tiene una motivación totalmente política y es patético que el Gobierno de Cabo Verde haya doblado la rodilla ante (…) EEUU», declaró a Efe el propio Saab en una entrevista hecha a comienzos de marzo pasado desde su cautiverio en Sal, al asegurar que «no colaboraría» con Washington si fuera extraditado.
El exjuez español Baltazar Garzón, miembro del equipo de abogados de Saab, llegó a afirmar el año pasado que «se está instrumentando por parte de EEUU a la jurisdicción caboverdiana para conseguir un objetivo político en su guerra particular, su guerra económica y guerra jurídica, contra Venezuela y todos sus altos responsables».
El empresario fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de Sal, respondiendo así a una petición de EEUU cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.
Tras su detención, Venezuela insistió en que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela».
SUPUESTO FRAUDE DE 350 MILLONES DE DÓLARES
El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.
Saab, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, guarda relación con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con estos comités, cuyas ayudas se entregan a los más desfavorecidos, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se habrían lucrado con «cientos de millones de dólares».
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.