Caracas, 28 nov (EFE).- El primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, celebró este lunes los «resultados concretos» del reinicio del diálogo entre el Gobierno y la oposición en México, donde este sábado firmaron un acuerdo para atender a la población, con recursos que el país tiene bloqueados en el sistema financiero internacional y que buscan descongelar.
El PSUV «aplaude el reinicio del diálogo en México con resultados concretos, propuestas y resultados concretos, donde el pueblo de Venezuela es el principal beneficiado», expresó el número dos del chavismo en una rueda de prensa, transmitida por el canal estatal VTV.
Señaló que el acuerdo, que «permite la disponibilidad de 3.000 millones de dólares», impulsará el desarrollo de «proyectos bien definidos» en sectores como salud, educación y electricidad.
Aseguró que, en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos, «la única manera que hay» para disponer de esos recursos es a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la que el Gobierno tiene «acuerdos de funcionamiento».
«No tenemos ningún inconveniente. Ese dinero es de los venezolanos y debe ser usado para los venezolanos. Que esté la ONU no nos importa; nosotros somos transparentes», dijo.
Las delegaciones del Gobierno y la oposición firmaron este sábado el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, cuyo objetivo principal es recuperar recursos del Estado bloqueados en el extranjero.
Este lunes, el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, señaló que son unos 3.000 millones de dólares que serán canalizados a través de un fondo fiduciario que diseñará y ejecutará la ONU para asistir a venezolanos en extrema pobreza en un plan de tres años.
El diálogo, que se inició en agosto de 2021 en México, fue suspendido tres meses después por decisión oficialista, en protesta por la extradición del empresario colombiano Álex Saab -presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro- a Estados Unidos, donde afronta un proceso judicial por conspiración para lavado de dinero.
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