El Centro Carter publicó el lunes 17 de febrero su informe final sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, en el que ratificó que el proceso no cumplió con estándares internacionales de integridad electoral y no puede considerarse democrático.
En el texto, la organización rechaza la falta de transparencia en el anuncio de los resultados y la aparente falsificación del mismo, y sostiene que estos hechos demuestran que las autoridades venezolanas no fueron capaces de cumplir los objetivos fundamentales en una elección democrática.
El informe destaca que, a pesar de que el Acuerdo de Barbados estableció compromisos para mejorar las condiciones electorales, el proceso electoral reflejó un claro sesgo a favor de Nicolás Maduro.
Dicho sesgo, sostiene la organización sin fines de lucro, se hizo evidente en el proceso de inscripción de candidatos, la prohibición del voto a la mayoría de los venezolanos en el exterior y en las condiciones manifiestamente desiguales para la campaña.
Para el organismo, que desplegó observadores en cuatro ciudades del país (Caracas, Valencia, Barinas y Maracaibo) desde un mes antes de la jornada electoral, en Venezuela no existe un marco legal neutral ni un organismo electoral imparcial y transparente ni libertad de hacer campaña para partidos y candidatos y de informar para los medios de comunicación.
Tampoco hubo competencia libre y justa, oportunidades plenas y equitativas para observar el proceso, y mecanismos imparciales y efectivos para resolver disputas. Por ello, el organismo insiste en recomendar que “las autoridades demuestren respeto por la voluntad de los ciudadanos venezolanos permitiendo una revisión transparente e independiente de los resultados” de las presidenciales en Venezuela.
“Los resultados electorales anunciados por el CNE no pudieron verificarse de forma independiente, lo que constituyó una grave violación de los principios electorales y del derecho venezolano”, dice el informe, el cual resalta la suspensión de las tres auditorías poselectorales en las que se hubiera podido verificar el presunto ciberataque que sufrió el sistema, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Centro Carter certifica que Edmundo González ganó las presidenciales
Auqnue el CNE proclamó a Maduro ganador con 51,2% de los votos, frente a 44,2% de Edmundo González Urrutia, el informe del Centro Carter destaca que el Poder Electoral pudo haber entregado los resultados por medios alternativos, pero se abstuvo; que las actas publicadas por la oposición son confiables y que en el número disponible se confirma un resultado irreversible a favor de la oposición.
Además, el organismo señala al gobierno de Nicolás Maduro de continuar una “ofensiva y restricciones de los derechos políticos fundamentales, incluida la libertad de expresión, asociación y movimiento” de dirigentes opositores y sociedad civil.
La crisis política desatada tras las elecciones presidenciales ha sido aplacada por el gobierno por la vía de los hechos. La reelección de Maduro no pasó las pruebas de la observación internacional que estuvo en terreno, ni la del Centro Carter ni la del Panel de Expertos de las Naciones Unidas. El CNE, por su parte, tampoco ha conjurado las controversias.
Las protestas ciudadanas que se registraron en más de 350 ciudades del país en rechazo a los resultados de las presidenciales anunciados por el CNE, y que fueron rápidamente reprimidas por las fuerzas de seguridad, también fueron destacadas en el informe.
A escala internacional, más de 20 países y organismos como la Unión Europea y Naciones Unidas desconocieron los resultados y exigieron una “auditoría independiente de los comicios”, resalta la organizaciónn.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por Maduro, validó los resultados en una sentencia sin permitir revisión independiente, lo que consolidó el desconocimiento de las elecciones por parte de la comunidad internacional.
Conclusión y recomendaciones del Centro Carter
El Centro Carter solicita a las autoridades del país el respeto por la voluntad expresada por los venezolanos a través de una revisión transparente e independiente de los resultados.
Asimismo, la organización pidió que se enmienden, deroguen o retiren leyes, proyectos de ley y reglamentos que pretendan restringir indebidamente la libertad de expresión y asociación, incluida la Ley contra el Fascismo y el Neofascismo; la Ley para el Control, Regularización, Funcionamiento y Financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines; y la Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo.
A continuación los aspectos que el gobierno debe reconsiderar:
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- Los procedimientos de designación del CNE para garantizar un mayor apoyo y confianza de todos los partidos y las partes interesadas.
- La publicación de toda la información relevante de manera oportuna y sistemática, incluidas las decisiones del CNE y el calendario electoral.
- Mejorar la capacitación de los miembros de mesa para que sea menos probable que sean reemplazados el día de las elecciones por personas no capacitadas y partidistas.
- Publicación de criterios para el establecimiento de nuevos centros de votación.
- Organizar un registro de votantes integral para los migrantes venezolanos sin restricciones innecesarias basadas en el estatus migratorio.
- Eliminar la facultad del contralor general de inhabilitar a ciudadanos para ser candidatos como sanción administrativa o supletoria, de modo que los derechos políticos solo se suspendan por decisión judicial.
- Adopción de una ley que regule eficazmente el financiamiento político, como se recomendó en 2021.
- Establecer requisitos legales claros para la realización de auditorías preelectorales y poselectorales y la certificación de máquinas de votación electrónica y procesos de votación electrónica para mejorar la integridad y la confianza en el proceso.
- Establecer límites claros a los mecanismos de control social de los votantes y evitar la vulneración de los derechos de los votantes, como los puntos rojos para verificar que las personas hayan votado.
El Nacional
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