Londres, 19 nov (EFE).- El proceso judicial que dirime si la Administración del presidente Nicolás Maduro o la «ad hoc» de Juan Guaidó tienen acceso al oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra se ha complicado con un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo británico por parte del bando del líder opositor.
Este y otros detalles se han conocido en una vista celebrada por internet este jueves ante la División Comercial y de Propiedad del Tribunal Superior de Londres, que se ocupa del caso en primera instancia.
En la audiencia de hoy, la jueza Sara Cockerill escuchó las novedades de los litigantes -la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Maduro, representada por el abogado Nick Vineall, y la junta «ad hoc» del BCV designada por Guaidó, representada por Andrew Fulton- y pospuso el proceso hasta dentro de unas tres semanas.
En coincidencia con Vineall, la jueza decidió que el pleito puede avanzar a pesar del recurso elevado el pasado 6 de noviembre ante el Supremo (máxima instancia judicial del Reino Unido) por la junta de Guaidó, que, según se ha conocido hoy, quiere anular el dictamen emitido el pasado 5 de octubre por el Tribunal de Apelaciones londinense.
FALLO ANULADO
Este tribunal anuló un fallo del 2 de julio del hoy jubilado juez Nigel Teare, al que sustituye Cockerill, que otorgaba a la junta «ad hoc» de Guaidó el control sobre los 31 lingotes de oro, valorados en unos 1.300 millones de dólares.
La corte rechazó que el Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, que políticamente ha apoyado a Guaidó, le reconociera de forma «inequívoca» como presidente de Venezuela a todos los efectos en una declaración del 4 de febrero de 2019 -un aspecto clave para decidir quién tiene autoridad sobre las reservas-.
En su dictamen, el Tribunal de Apelaciones remitió el caso de nuevo al Superior, al que pidió que pregunte al Gobierno a quién reconoce realmente al frente de Venezuela.
CARTA AL MINISTERIO DE EXTERIORES
A la espera de conocer si el Supremo admite o no a trámite el recurso del bando opositor, Cockerill instó hoy a Fulton y Vineall, que discrepan en sus enfoques, a consensuar el contenido de una carta para ser enviada al ministerio de Exteriores.
La formulación de la misiva, cuya necesidad precisamente cuestiona la junta paralela de Guaidó ante el Supremo, se debatirá en próximas vistas, así como la queja del bando de Maduro sobre el hecho de que, en contra de las órdenes del Tribunal de Apelaciones, el equipo del dirigente opositor no ha abonado 400.000 libras en costas judiciales (447.00 euros).
Fulton argumentó que sus clientes no han podido hacer el pago porque solamente tiene acceso a fondos depositados en Nueva York y las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense a Venezuela impiden su transferencia a instituciones venezolanas (como sería la junta del BCV de Maduro).
La jueza le advirtió hoy de que, si en la próxima vista no aporta razones de peso que justifiquen el impago, afrontará «todo tipo de problemas», lo que podría incluir sanciones que pueden abarcar ser expulsado del caso.
ACUSACIONES DE DIFAMACIÓN
Otra cuestión planteada en la sesión de este jueves es que Sarosh Zaiwalla, el jefe del bufete londinense que representa a la junta del Banco Central de Venezuela nombrada por Maduro, ha acudido a la Policía tras haber sido presuntamente difamado en las redes sociales por acólitos del bando de Guaidó.
Vineall pidió a Fulton que se distanciara públicamente de las afirmaciones hechas en Twitter por Julio Borges, el «ministro de Exteriores» de Guaidó, que dijo que «el vínculo entre el abogado Sarosh Zaiwalla y Maduro demuestra una estrecha relación entre Maduro, Irán, Cuba y el crimen organizado».
Fulton, en nombre de su bufete Arnold & Porter, dijo que ellos no consideran que la representación de la junta de Maduro por parte de Zaiwalla sea «inapropiada» y subrayó que este tiene derecho a representar a sus clientes y estos a ser representados.
Está previsto que, tras otra vista preparatoria en diciembre, en enero se celebre el juicio presidido por Cockerill para dirimir a quién reconoce el Gobierno británico como gobernante de hecho en Venezuela, lo que le daría acceso al oro.