Por: Carolina Jaimes Branger
El pasado 19 de julio se cumplieron 22 años del día cuando Linda Loaiza López fue liberada después de 114 días de secuestro, torturas, mutilación y abuso sexual a los que fue sometida por el monstruo -porque fue mucho más allá de ser sádico y violento- Luis Carrera Almoina, quien, por cierto, fue juzgado sólo por “privación ilegítima de libertad y lesiones graves”, y anda por ahí suelto, tan campante como si nada hubiera ocurrido, aun cuando existen más denuncias de otras mujeres en su contra. Y es que en Venezuela campea la impunidad, sobre todo en casos de violencia de género.
Hace 22 años terminó un infierno para Linda, un ejemplo impactante de esa violencia de género y a la vez, de una extraordinaria voluntad de supervivencia. Pero, paralelamente, comenzó otro infierno, más largo y tal vez tan doloroso y amargo como el primero, porque fue encontrarse de frente con la realidad de que la justicia en Venezuela, simplemente, no existe. Linda fue víctima de las irregularidades y corruptelas del propio sistema legal y del tráfico de influencias. Sin embargo, su tenacidad logró que su caso se convirtiera en un símbolo de la lucha contra la impunidad, particularmente dentro de la violencia de género tanto en Venezuela como en otras partes del mundo. Eso la llevó a estudiar Derecho.
A pesar de las dificultades y obstáculos en el proceso judicial, Linda y su familia lograron llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió una resolución en su favor en 2006, declarando la responsabilidad del Estado venezolano por violaciones a los derechos humanos. La CIDH determinó que “el Estado venezolano fue responsable por la reacción insuficiente y negligente de los funcionarios públicos que tenían conocimiento del riesgo a la vida e integridad, lo que posibilitó los hechos de tortura y esclavitud sexual cometidos en perjuicio de Linda. El accionar de los funcionarios, incluso, alertó al agresor”. Pero el Estado venezolano no ha cumplido con ninguna de las resoluciones de la Comisión, sin dar explicaciones porque, al parecer, no le importa. ¿Estado misógino?…
Sin embargo, el caso de Linda Loaiza ha sido fundamental para visibilizar la violencia de género en Venezuela y promover cambios en el sistema judicial y legal del país. Además, ha inspirado a muchas otras mujeres a alzar la voz y buscar justicia en situaciones similares.
Negligencias como esta del Estado venezolano, que se repiten en otras latitudes, lo que han logrado es que la violencia contra la mujer y el índice de feminicidios sigan en aumento: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual no relacionada con la pareja en algún momento de su vida. ¡Eso es una barbaridad!
El feminicidio -y la violencia doméstica, que es su precedente inmediato- es una problemática alarmante que continúa afectando a mujeres en todo el mundo. Su persistencia obedece a razones de género, discriminación, desigualdad y desencadenantes como los celos, el machismo, el control y la misoginia, en diferentes países y diferentes culturas, aún en las consideradas “más avanzadas”. En América Latina, que no es precisamente una de las avanzadas, la tasa de feminicidios es alarmantemente alta. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2019 se registraron 3.529 feminicidios en 25 países de la región. En 2022 la cifra llegó a 4.000.
Traigo a colación el caso de Linda Loaiza, no solo por el aniversario de su rescate y liberación, sino porque resalta la importancia de seguir luchando contra la violencia de género, promover la protección de los derechos de las mujeres y garantizar que los responsables de estos crímenes enfrenten la justicia. Es urgente que los gobiernos tomen medidas para prevenir y combatir la violencia de género y el feminicidio. Podrían, por ejemplo, implementar políticas y leyes que en otros países han dado resultado para proteger a las mujeres. También, desde la escuela primaria, promover la educación en igualdad de género y el cambio de actitudes machistas.
El feminicidio es una violación de los derechos humanos porque es la manifestación extrema de la violencia de género. Es fundamental que la sociedad en su conjunto tome conciencia sobre la urgencia de tomar medidas concretas y promover una sociedad justa y libre de violencia hacia las mujeres. No sólo se trata de que haya indignación y movilización social cuando estos hechos ocurran. Se trata de que no ocurran.
La lucha de Linda Loaiza ha inspirado a muchas mujeres a denunciar y a muchas personas -de ambos sexos- a alzar la voz contra la impunidad y a exigir medidas más efectivas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en todas sus formas.
@cjaimesb
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