Por: César Pérez Vivas
El camino hacia la democracia recibe un despeje importante, aunque todavía parcial, con el anuncio realizado por la ilegítima presidenta en funciones, Delcy Eloina Rodríguez, de la presentación de una ley de amnistía y el cierre del Helicoide. Al momento de escribir esta nota no se conoce el texto del proyecto de ley que presentará la cúpula roja. Para evaluar sus alcances y características será indispensable estudiar su contenido y su cobertura, a fin de formarnos una idea clara sobre su verdadera orientación.
El cierre de los infundados procesos penales abiertos contra miles de compatriotas, la excarcelación total de los presos políticos y el cierre del centro de torturas más brutal de América Latina constituyen, sin lugar a dudas, un avance significativo en la tarea de despejar el camino por el cual debemos transitar para alcanzar una democracia moderna y estable.
Que esta política se tramite bajo la figura de una ley de amnistía no resulta lo más adecuado desde el punto de vista ético y en estricto derecho, porque en la inmensa mayoría de los casos, los presos y judicializados nunca cometieron delito alguno. Nunca incurrieron en conductas que puedan subsumirse válidamente en tipos penales. Fueron llevados a la cárcel sin fundamento, se les forjaron expedientes burdos y se les imputaron delitos absurdos. Esta aberración solo puede explicarse por la total sumisión del sistema de justicia a un Estado-Partido decidido a perpetuarse en el poder mediante el fraude y la persecución. Si hubiésemos contado con fiscales y jueces independientes y honorables, jamás se habría permitido una arbitrariedad de esta magnitud: el secuestro ilegal de miles de ciudadanos por razones políticas.
No obstante, la iniciativa debe permitir el cierre definitivo de todas esas causas y la libertad real y plena de todos los afectados. Esto incluye a quienes ya han sido excarcelados, quienes deben recuperar además el pleno goce de sus derechos ciudadanos y políticos. La ley de amnistía supone, técnicamente, la extinción de la acción penal y de las penas impuestas. No se trata del perdón de delitos —por lo demás inexistentes—, sino del olvido jurídico de una judicialización espuria e ilegítima.
Para que nuestra sociedad pueda proclamar el cierre de este lamentable ciclo de terror impulsado desde el Estado, deberán además, derogarse los instrumentos normativos que le dieron sustento y una apariencia de legalidad a esa política. La verdadera paz no será posible solo con la liberación de los presos y el cierre de sus absurdas causas, sino evitando que pueda repetirse, en el corto o mediano plazo, una nueva arremetida de persecución y criminalización contra la disidencia crítica y la oposición política.
Esta etapa de la llamada “revolución bolivariana” pasará a la historia como la creadora de una normativa especial destinada a criminalizar la disidencia. Es lo que en la Alemania nazi se denominó el derecho penal del enemigo: convertir en delito toda conducta que no implique sumisión ciega a un régimen autoritario.
En efecto, el chavismo dictó leyes que crean delitos inexistentes en cualquier sociedad democrática. En otros casos, impuso penas desproporcionadas para hechos de menor entidad. Entre las primeras cabe mencionar la llamada Ley contra el Odio y la ley para penalizar el financiamiento internacional de las ONG; entre las segundas, las reformas al Código Penal que elevaron de forma irracional las penas por delitos como la obstrucción de vías públicas durante protestas ciudadanas.
En consecuencia, resulta indispensable derogar —en la ley de amnistía o mediante leyes separadas— las normas creadas para criminalizar la oposición: la Ley contra el Odio, la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, la ley de control de las organizaciones sociales, la llamada ley antifascista —más fascista que el fascismo mismo— y la Ley Simón Bolívar, entre otras. En esa misma dirección debe derogarse el decreto de estado de excepción dictado subrepticiamente el pasado 3 de enero, mediante el cual se restringieron gravemente los derechos ciudadanos y políticos.
La aspiración de la sociedad democrática es la liberación total de los presos, procesados, investigados, perseguidos y hostigados por razones políticas. El discurso de la señora Rodríguez en la sede del TSJ, más allá de las motivaciones reales que la impulsan, constituye un reconocimiento implícito de una realidad que el chavismo-madurismo negó durante más de dos décadas: la existencia de presos políticos en Venezuela.
Resulta paradójico que sean precisamente los arquitectos del entramado de persecución y control social quienes hoy deban abrir las cárceles y desmontar la estructura represiva. En otros momentos de nuestra historia, esa tarea correspondió a los nuevos actores del poder.
No escapan a este análisis las circunstancias sobrevenidas tras el golpe de Estado a la soberanía popular expresada el 28 de julio de 2024, ni los efectos de la detención, el pasado 3 de enero, del principal responsable de ese grave delito contra la nación.
Asistimos, por tanto, a lo que en escritos anteriores he definido como “la demolición de la tiranía”. A comienzos de enero escribí: “Para lograr la libertad, la paz, la justicia, el bienestar y el desarrollo de nuestra amada Venezuela, es fundamental demoler la tiranía que nos ha subyugado en este siglo”. Esa demolición está en curso, aunque aún falte dinamitar importantes estructuras de poder y control.
Ahora bien, la demolición de la tiranía no implica automáticamente la construcción de la democracia ni la restitución plena del Estado de Derecho. Alcanzados estos objetivos iniciales, debemos avanzar hacia la legitimación de todos los poderes del Estado, hoy constituidos en abierta violación del orden constitucional.
Lo ideal para refundar el Estado sería convocar una Asamblea Constituyente, lo cual exige un amplio consenso entre las fuerzas sociales y políticas del país, con el propósito de reconstruir la democracia sobre bases constitucionales sólidas y extirpar los rasgos autoritarios, centralistas, militaristas y excesivamente estatistas de la actual Carta Magna. Sin embargo, más allá de ese debate, una prioridad inmediata es desplazar de las funciones de gobierno a la nomenclatura chavista enquistada en el poder desde 1999. Los venezolanos ya decidimos ese cambio el 28 de julio de 2024 al elegir a Edmundo González Urrutia como Presidente Constitucional de la República. El fraude cometido por Maduro y su camarilla, sostenido mediante la fuerza, lo impidió.
Ese golpe a la soberanía popular desencadenó una crisis de tal magnitud que derivó en la operación militar de Estados Unidos para arrestar y someter a la justicia de ese país al usurpador. Dicho evento abre el camino a una nueva elección presidencial destinada a cubrir la vacante absoluta generada por la captura de Maduro.
La sociedad democrática aspira a un proceso electoral —constituyente o relegitimador de todos los poderes— que exprese auténticamente la voluntad popular. Para ello se requiere un árbitro electoral honorable e imparcial, una cooperación internacional creíble —que podría brindar la ONU—, la legalización y relegitimación de los partidos políticos, la depuración del Registro Electoral Permanente y la adecuación de los circuitos parlamentarios.
Mientras estas tareas se desarrollan, es indispensable restituir los derechos ciudadanos y políticos confiscados por la dictadura: el libre tránsito, el derecho a salir y entrar al país sin hostigamiento, la libertad de expresión, manifestación, reunión, organización y participación política. El régimen debe desarmar a sus grupos armados y garantizar la vida y la integridad personal de los dirigentes democráticos.
Solo así podrá convocarse nuevamente a la soberanía popular mediante el voto. Esa elección debe celebrarse en el segundo semestre del presente año y, conforme a los artículos 233 y 234 de la Constitución, convocarse a más tardar en la primera semana de julio.
Celebrado el evento electoral, la comunidad internacional debe garantizar el respeto irrestricto a sus resultados, para poder avanzar finalmente en la construcción del nuevo edificio institucional: la nueva democracia venezolana.
Lunes, 2 de febrero de 2026
