Madrid, 18 mar (EFE).- Las plantas desalinizadoras permiten obtener agua potable a partir del mar en regiones con escasez hídrica para abastecer a la población pero se están reportando ataques a instalaciones en la guerra de Irán. El contexto geopolítico está convirtiendo en arma de guerra un recurso vital, el agua, que es además la gran víctima del cambio climático en el planeta.
En el Golfo Pérsico, la escasez de agua alcanza niveles críticos. Más del 80 % del consumo depende de plantas desalinizadoras, explicó a EFE José Fernando Pérez, doctor en Ingeniería Química y Ambiental y profesor de la española Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea, en vísperas del Día Mundial del Agua.
Según sus estimaciones, entre el 70 % y el 90 % del agua utilizada por la población en la región es desalada.
Este dato contrasta con Europa, donde incluso en los países mediterráneos más afectados por la crisis climática como España, con una larga historia de sequías prolongadas, la desalación apenas representa el 3,5 % del consumo.
En España, la producción de agua desalada se concentra en territorios especialmente dependientes del recurso. Es el caso de Canarias, donde supone entre el 80 % y el 90 %, y de zonas del Levante, en el entorno del 20 %.
El acceso al agua potable es esencial para la supervivencia de las poblaciones; el lema este año del Día Mundial del Agua que se celebra el 22 de marzo, subraya que «donde fluye el agua, crece la igualdad».
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Pérez advirtió de que, en la guerra en Irán los supuestos ataques contra desalinizadoras estratégicas -que atentarían contra del derecho internacional-, tienen un impacto «que trasciende lo económico».
«Dejan sin suministro básico tanto a la población civil como a la industria, ya que refinerías y fábricas requieren agua constante para funcionar», señaló.
«No hay actividad que pueda subsistir veinticuatro horas sin agua», añadió el experto.
A diferencia de los ataques a instalaciones petroleras que afectan principalmente a la producción y al comercio, los dirigidos contra infraestructuras hídricas golpean «el corazón de la civilización».
«Cualquier interrupción en la producción, ya sea por falta de energía, daños en la infraestructura o ausencia de personal, paraliza el suministro y provoca un efecto inmediato en la población y en la industria», recalcó.
Cómo funcionan las desalinizadoras
Las plantas desalinizadoras eliminan la sal del agua marina para hacerla apta para el consumo humano.
Son instalaciones industriales que operan mediante ósmosis inversa, un proceso en el que el agua de mar se bombea a alta presión a través de membranas que eliminan la sal y otras impurezas.
Cada una de ellas puede abastecer a decenas de miles de personas, de modo que cualquier interrupción tiene consecuencias significativas.
Además, el agua se distribuye prácticamente al mismo ritmo al que se produce, ya que su almacenamiento a gran escala resulta extremadamente costoso.
En España, incluso las desalinizadoras de mayor tamaño apenas pueden garantizar reservas para entre 24 y 48 horas.
Aunque la dependencia de la desalinización en España es mucho menor que en países como Irán, resulta esencial en determinadas regiones.
En el Levante y en los archipiélagos, el agua desalada permite compensar la escasez de precipitaciones y garantizar la continuidad de los servicios urbanos, agrícolas e industriales.
El impacto climático
En el resto del país, el impacto creciente de la crisis climática también se deja sentir en la disponibilidad de agua, con una alternancia cada vez más acusada entre sequías severas e inundaciones.
Según la investigadora Sofía Tirado, del Real Instituto Elcano, persisten desafíos pendientes en materia de agua urbana como la modernización de las infraestructuras de abastecimiento y la reducción de fugas que obligan a mantener una gestión eficiente del recurso.
«No se puede desperdiciar el agua, independientemente de que llueva más o menos en un momento concreto», advirtió la experta.
Añadió que la combinación de sequías prolongadas y episodios de lluvias torrenciales ejerce una presión creciente sobre unas infraestructuras urbanas que en muchos casos, no están preparadas para soportar fenómenos extremos.
En su opinión, ello exige reforzar su resiliencia y capacidad de adaptación climática.
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