Lima, 4 nov (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, cumple este jueves cien días en el cargo, marcados por la militarización de la política de seguridad para tratar de frenar al crimen organizado, principal preocupación de los peruanos, con un acercamiento a EE.UU. a través de su adhesión al Escudo de las Américas y una política carcelaria inspirada en el modelo del salvadoreño Nayib Bukele.
Bajo el lema de ‘Vuelve el orden’, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) ganó las elecciones de este año y asumió el mandato el 28 de julio pasado, pero, tras cien días en el poder, no se ha registrado un descenso sostenido de los homicidios, de acuerdo con las cifras oficiales del Registro Nacional de Defunciones.
Sin resultados contundentes en el corto plazo, la aprobación de los peruanos hacia Fujimori cayó del 57 % con el que inició su mandato al 40 % en octubre, de acuerdo con la encuestadora privada Ipsos, mientras que el rechazo aumentó del 25 % al 49 % en el mismo periodo.
Durante los primeros tres meses no ha habido medidas de impacto para el combate al crimen organizado, pues el Gobierno se enzarzó en un largo trámite para que el Parlamento le aprobase facultades legislativas que le permitiesen emitir normas por 120 días, en una amplia variedad de materias.
Si bien la derecha no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, Fujimori logró sacar adelante las facultades legislativas para lanzar normas en seguridad y prevención del fenómeno climático de El Niño, gracias al apoyo de varios parlamentarios opositores de distintas tendencias en el Senado, lo que dejó dividido y muy debilitado al bloque opositor.
Ahora se prevé que declare como «grupos hostiles» a las bandas criminales, para que las Fuerzas Armadas puedan enfrentarlas sin necesidad de un estado de excepción. También se contempla flexibilizar las normas sobre el uso de la fuerza, para facilitar que las fuerzas del orden abran fuego contra presuntos delincuentes.
Cárceles en la mira
Al mismo tiempo, Fujimori ha fijado la mirada en las cárceles, donde ha desplegado a las Fuerzas Armadas para custodiar los accesos a algunas de las prisiones más hacinadas del país.
Asimismo, ha realizado requisas en operativos cuya puesta en escena recuerda al tratamiento que Nayib Bukele da a los presos en El Salvador con reclusos con la cabeza rapada, uniformes blancos y en posición sumisa frente a las fuerzas del orden, amontonados en los patios.
La mandataria peruana ha sido criticada por esa «bukelización» de su política carcelaria, plasmada en su reciente visita a El Salvador, donde recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel insignia de Bukele donde alberga a miles de pandilleros, pero este le advirtió que repetir la fórmula en otro país puede que no genere los mismos resultados.
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Restablecimiento de relaciones con México, Colombia y Venezuela
En política exterior, Fujimori concretó durante la visita a Lima del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, la adhesión de Perú al Escudo de las Américas, la coalición internacional impulsada por Donald Trump con una quincena de Gobiernos de derecha de América Latina para cooperar contra el crimen organizado transnacional.
De forma paralela, ha comenzado a reactivar las relaciones diplomáticas con México, Colombia y Venezuela, que estaban rotas a raíz del encarcelamiento del izquierdista expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y el ascenso al sillón presidencial de su vicepresidenta, Dina Boluarte (2022-2025), con el apoyo de la oposición que lideraba el fujimorismo en el Congreso.
Durante su corto tiempo como gobernante, Fujimori también ha reivindicado y condecorado a los policías y militares que combatieron en el conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Fujimori rechazó, en su discurso en la asamblea general de las Naciones Unidas, las investigaciones y juicios por las violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y militares en ese contexto, por las que su padre fue condenado a 25 años de cárcel, lo que le ha llevado a un pulso con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, que ha defendido la labor de los jueces.
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