Santiago de Chile, 22 mar (EFE).- La crisis provocada por la covid-19 ha puesto de manifiesto y ha magnificado la urgencia de universalizar el acceso al agua en América Latina y la necesidad de tomar medidas para frenar el escenario de escasez hídrica que amenaza a la región, alertó la FAO este lunes.
«La pandemia ha resaltado la urgencia de cerrar brechas y garantizar el derecho al agua, el principal bien público para prevenir enfermedades y contribuir a la recuperación económica y el desarrollo sostenible», afirmó Tanja Lieuw, oficial de Cambio Climático y Medioambiente para América Latina de la institución.
Según un conjunto de estudios publicados este lunes por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con motivo del Día Mundial del Agua, América Latina enfrenta el desafío de la baja disponibilidad de agua, una situación que afecta a la sostenibilidad de la región, agregó Lieuw.
La institución analizó cinco cuencas hidrográficas ubicadas en Chile, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú, y concluyó que para enfrentar el escenario de escasez es necesario «solventar los conflictos por el uso del agua dulce» y «avanzar en la gestión integrada de recursos».
LA ESCASEZ AMENAZA LA ALIMENTACIÓN
Según el reporte, el escenario de escasez hídrica que enfrentan varios países de la región podría afectar a la producción agrícola y ganadera de las próximas tres décadas y eso podría poner en jaque la seguridad alimentaria de toda la región antes de 2050.
La agricultura, que representa el 70 % del consumo total de agua, enfrenta en el mediano y largo plazo «retos complejos» para garantizar la alimentación de toda la población latinoamericana, que según el organismo alcanzará los 9.000 millones de personas en 30 años.
El subdirector general y representante regional de FAO para América Latina, Julio Berdegué, aseguró que se necesitará incrementar un 50 % la producción agrícola para satisfacer las necesidades demográficas futuras y para ello, se deberá extraer un 15 % más de agua.
«Es obvio que debemos resolver con urgencia esta ecuación, el equilibrio entre la demanda creciente del agua para consumo, agricultura e industria que se viene y la necesidad de quienes todavía no tienen acceso a la misma, poniendo en primer lugar la necesidad de las 166 millones de personas que hoy no tienen acceso a agua», afirmó.
En América Latina y el Caribe solo el 65 % tiene pleno acceso a agua potable y el 22 % al saneamiento, lo que implica que todavía 166 millones de personas todavía no tiene asegurado un servicio hídrico básico.
LA GOBERNANZA DEL AGUA
En términos globales, explicó Berdegué, la gestión del agua requerirá de políticas que mejoren y modernicen la «gobernanza del agua», es decir las reglas que establecen el dominio y el uso del recurso.
«Para ello, la clave será la coordinación entre ministerios, sectores de la economía, niveles de gobierno, entre el mundo urbano y el rural y entre las distintas naciones», detalló.
En países como Panamá, Chile y El Salvador existen todavía problemas con respecto a la disponibilidad de agua para uso doméstico especialmente en zonas rurales, en parte por la situación de estrés hídrico por falta de lluvias y por otro lado, por la falta de políticas que garanticen la seguridad hídrica, apuntó el estudio.
En Panamá, además, el acceso al recurso hídrico es una condición imprescindible para poder enfrentar la crisis de la covid-19 y para el retorno a las clases de niños, niñas y adolescentes bajo medidas adecuadas de bioseguridad, agregó la institución.
Para hacer frente a esta coyuntura en toda la región, FAO recomienda armonizar el uso del agua para consumo humano y agrícola como una prioridad en la agenda pública, además de implementar de marcos regulatorios, fortalecer los gobiernos locales y aumentar de la red de pluviómetros.
Una situación similar se da en Guatemala, donde el organismo sugiere avanzar en la implementación de la Ley General del Agua, incrementar los sistemas de captación y almacenamiento e impulsar el tratamiento de aguas grises.
Con respecto a Perú, el informe asegura que presenta una «alta vulnerabilidad» frente a los efectos del cambio climático y pese al marco político y legal sólido para la gestión del agua, existen brechas administrativas y falta de competitividad de la pequeña agricultura.