Caracas, 13 feb (EFE).- Caracas, 13 feb (EFE).- Los tribunales de Venezuela decretaron la privación de libertad contra la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida desde el pasado viernes por estar «presuntamente vinculada» con una trama conspirativa para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios, confirmó este martes uno de sus abogados.
«El equipo de defensa de Rocío San Miguel y demás familiares confirma que fue decretada la privación judicial de la libertad de la directora de Control Ciudadano», informó en X el jurista José González Taguaruco.
Indicó que el lugar de reclusión de San Miguel es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, en Caracas.
La defensa confirmó también la privativa de libertad contra Alejandro José González Canales, expareja de la activista, cuyo centro de reclusión será la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
En otro mensaje, González Taguaruco indicó que Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos, y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda, quienes también habían sido detenidos, fueron excarcelados con «prohibición de salida del país» y «de declarar a los medios».
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ratificó este martes que San Miguel fue presentada la noche del lunes ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo, y que el MP solicitó para ella una medida privación de libertad por la «presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación».
Remarcó también que se solicitó prisión «preventiva» para González Canales por la «presunta» comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
Saab aseguró que tanto la activista, como sus cinco familiares, aparecen «presuntamente involucrados» en la trama conspirativa denominada ‘brazalete blanco’, cuyo objetivo era «atentar en contra de la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios».
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En las últimas horas, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, así como cientos de ONG locales, manifestaron su preocupación por la detención de San Miguel y han solicitado al Estado venezolano el respeto a sus derechos.
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