Jesús M. Casal H.
Algunos consideran que el pasado 20 de mayo fue una jornada que por su significación política debe ser celebrada. No encuentro, sin embargo, razones para ello. El 20M, el oficialismo demostró que está dispuesto a llegar hasta el final en la ruta antidemocrática que abrió con la convocatoria de la espuria ANC. El abultamiento de los datos de participación, que entonces fue cometido, volvió a hacerse presente en esta última fecha y, lo que es más grave, ya se asume con normalidad que se realicen supuestas elecciones sin árbitro confiable, con líderes fundamentales de la oposición inconstitucionalmente inhabilitados, y con manejo clientelar desvergonzado de programas sociales, que han sido tecnificados para acrecentar la capacidad de subyugar a quienes los necesitan porque la destrucción de la economía venezolana por el mismo gobierno no deja alternativas. Ahora se pretende llevar adelante una gestión de gobierno sin legitimidad, soportada sólo en una legalidad autoritaria que asfixia a la Constitución y a la democracia.
Del lado opositor, la construcción de una unidad nacional entre las fuerzas que se oponen al régimen autoritario sigue siendo un gran desafío. Una unidad de objetivos y de estrategias de lucha, que después de una amplia deliberación entre posturas discrepantes y de su definición mayoritaria, sean adoptados por todos como propios, sin perjuicio de las visiones políticas específicas y diferenciantes que cada organización conserve en los temas no comprendidos por la plataforma común.
Desde el gobierno se habla nuevamente de diálogo, cuando éste se ha convertido en un término hueco o, peor aún, lleno de la connotación de usar las palabras para ocultar el pensamiento y engañar. El país sigue requiriendo un diálogo y negociación genuinos, pero esto presupondría cumplir condiciones que están siendo obviadas. Nicolás Maduro no puede ser el convocante y conductor del diálogo, porque está en el centro del cuestionamiento de la legitimidad democrática del régimen que encabeza, de la persecución política y de las acusaciones de graves violaciones a derechos humanos. Instancias como el Vaticano, por medio de la Nunciatura Apostólica o de la Conferencia Episcopal Venezolana, o como las universidades, podrían hacer un llamado al diálogo y actuar como facilitadoras, el cual tendría que abarcar los asuntos más acuciantes de la realidad política, social y económica de Venezuela.
En cuanto a lo primero, estimo debería acordarse, como ha sido planteado por muchos sectores nacionales y por la comunidad internacional, la celebración de las elecciones presidenciales correspondientes al periodo que se inicia en 2019, previa renovación del CNE, conforme a la Constitución, con fijación de reglas que aseguren la transparencia, confiabilidad e imparcialidad de los procesos electorales. Esto implica la recuperación funcional de la Asamblea Nacional como órgano medular de la democracia y, por tanto, la supresión de la arbitraria declaratoria de desacato emanada del Tribunal Supremo de Justicia. Además, debería cesar la persecución política y deberían ser liberadas todas las personas detenidas como consecuencia de la represión oficial.
En el ámbito económico y social, es urgente tomar medidas que permitan enfrentar y mitigar en corto plazo la crisis en materia alimentaria y de atención a la salud, con cooperación internacional, y han de sentarse bases para la recuperación del aparato productivo y la estabilización macroeconómica y monetaria. Una negociación bien llevada serviría, para abordar temas constitucionales pendientes como la conformación de un Poder Judicial plenamente ajustado a la exigencia de independencia, y de un Poder Ciudadano cónsono con los parámetros constitucionales, así como la reinstitucionalización de la Fuerza Armada Nacional, para ajustarla del todo a las disposiciones constitucionales, rescatando la dignidad de la profesión militar.
Nada de esto podrá lograrse si no se coloca en las manos de un tercero la promoción de las conversaciones que conduzcan, en primer lugar, a la definición común de los actores y del marco de la negociación, con apoyo técnico, siendo aquí muy importante el que pueda proporcionar la Organización de las Naciones Unidas. Luego habría que acordar las pautas a las que el diálogo quedaría sometido y se pasaría a la consideración de los temas correspondientes.
Si no sustituimos el diálogo como mascarada por el intercambio franco de planteamientos y la negociación política, el actual gobierno seguirá siendo no sólo un factor de involución hacia el autoritarismo sino que estará despojando a los venezolanos del futuro democrático al que tenemos derecho.
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