Ejecutivo nacional revisa planes para el fortalecimiento del sistema penitenciario venezolano

Fotografía de archivo, tomada el pasado 23 de septiembre, en la que se registró un escuadrón militar frente a la entrada principal del centro penitenciario Tocorón, durante el desmantelamiento de la banda criminal transnacional conocida como "Tren de Aragua", en Tocorón (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

 

Caracas, 10 oct (EFE).- Autoridades venezolanas revisaron este martes los planes que prevén poner en marcha desde ahora hasta final de año, para fortalecer el sistema penitenciario del país, en donde la mayoría de las cárceles y calabozos policiales, según varias organizaciones no gubernamentales, viven un hacinamiento que ha empeorado sus condiciones sanitarias.

A través de X (antes Twitter), la ministra del Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, informó de un encuentro llevado a cabo para «revisar los planes a ejecutar en los últimos meses de este año 2023», con la finalidad de «afianzar las estrategias para el fortalecimiento del sistema penitenciario».

La funcionaria, que no dio detalles sobre los planes estudiados, señaló que «viceministros y directores generales y presidentes de entes adscritos» a la cartera del Servicio Penitenciario participaron en la reunión de trabajo.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró este año que se registró un hacinamiento del 64,19 % en las cárceles durante 2022, con una población reclusa de 33.558 personas sobre una «capacidad real instalada» de 20.438 plazas.

Además, señaló que la población reclusa se ve afectada por el escaso acceso a servicios básicos, una alimentación «deficiente o inexistente», falta de atención médica y de acceso a la salud, violencia intracarcelaria y actos de corrupción, entre otras problemáticas.

El pasado septiembre, el Gobierno anunció la reestructuración de la cárcel de Tocorón, donde se formó la organización criminal transnacional «Tren de Aragua», desmantelada «totalmente» tras una intervención del penal, ubicado en el norte del país, para la que fueron desplegados más de 11.000 funcionarios de seguridad.

El Ejecutivo indicó entonces que el centro penitenciario fue «desalojado por completo» debido a este «proceso de reestructuración».

 

 

 

 

 

 

 

 

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