Hace 18 años los venezolanos acudieron a las urnas para decidir la aprobación de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, propuesta por el fallecido presidente Hugo Chávez y consultada al país mediante un referendo aprobatorio.
Un 15 de diciembre de 1999 concluía un proceso de casi un año, en el cual se resolvieron asuntos de trascendencia jurídica, política y social mediante la redacción de una nueva Constitución que sustituyera a la existencia desde 1961.
Lo decidido ese día sigue marcando el destino de Venezuela, ya que generó un cambio en la estructura del Estado venezolano en sus instituciones y en la concepción de la República.
Con el 71,37% de los votos los venezolanos aprobaron la máxima norma jurídica del país, mientras que 28,63% de los mismos rechazaron la propuesta, en un referendo que tuvo una participación del 44,38% de los electores.
Sin embargo, ese día el país vivió una de las peores tragedias en su historia, puesto que las constantes lluvias que cayeron en al menos 8 estados provocaron fuertes inundaciones, decenas de muertos y desaparecidos. Ese 15 de diciembre también sería conocido como latragedia de Vargas.
La propuesta
Luego que el fallecido presidente Hugo Chávez inscribiera su candidatura para las elecciones del 6 de diciembre de 1998, su principal propuesta electoral fue la convocatoria inmediata a un referendo consultivo para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que escribiera una nueva Constitución.
La propuesta parte de lo establecido en el artículo 181 de la anterior Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de 1997, en la cual se permitía la realización de un referendo consultivo «con el objeto de consultar a los electores sobre decisiones de especial trascendencia nacional». Este podría ser convocado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Congreso de la República o el 10% de los electores.
Aunque la ley permitía la convocatoria del referendo, esta no establecía que lo decidido en el proceso sea de obligatorio cumplimiento, y menos en el caso de una Constituyente, por lo que la diatriba jurídica surgió de inmediato entre políticos y juristas.
Problemas jurídicos
Para llegar al 15 de diciembre de 1999 se tuvieron que resolver varios aspectos fundamentales, especialmente en el área jurídica, ya que la Constitución de 1961 no establecía la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente como un método para modificar el texto nacional.
Por ello, se le solicitó a la Sala Político – Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia la interpretación de la Constitución de 1961 y la mencionada Ley Orgánica del Sufragio, en la cual se determinara si el referendo podía convocarse para una acción como la Asamblea Nacional Constituyente y si era posible conformar esta institución, pese a que la Carta Magna no lo establecía.
El Poder Judicial se pronunció el 19 de enero de 1999 en dos sentencias denominadas Referendo Consultivo I y Referendo Consultivo II, en las que no se esclareció el problema de forma tajante y directa, ya que solo se ratificaba el derecho de los ciudadanos a participar en un referendo consultivo, mas no se trató el asunto Constituyente a profundidad.
Sin embargo, el para entonces candidato electo conformó una Comisión Presidencial Constituyente que asesoraría al dirigente izquierdista sobre la realización del proceso.
La convocatoria
El 2 de febrero de 1999, luego de tomar juramento como presidente de la República, Hugo Chávez convocó de inmediato a un referendo consultivo para decidir si se quería modificar la Constitución mediante una ANC. Para ello se publicó el decreto número 3 (Gaceta Oficial 36.634 de 02 de febrero de 1999), en el que se establecía:
“Artículo 1º: La realización de un referendo para que el pueblo se pronuncie sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
Artículo 2º: El Consejo Nacional Electoral ejecutará los actos necesarios para divulgar el contenido de la propuesta de convocatoria, invitar a los ciudadanos a participar en el referendo y realizar el escrutinio del acto de votación.
Artículo 3°: El instrumento electoral contendrá las siguientes preguntas que serán contestadas con un “si” o un “no”:
Primera: ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyentecon el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa?
Segunda: ¿Autoriza usted al Presidente de la República para que mediante un Acto de Gobierno fije, oída la opinión de los sectores políticos, sociales y económicos, las bases del proceso comicial en el cual se elegirán los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente?”.
Tras la publicación del Decreto, varios abogados interpusieron recursos de nulidad ante la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia contra el instrumento, pero la institución sentenció que no podía anular el mismo, pero sí las acciones que el Consejo Supremo Electoral realizara a partir del mismo.
Es por ello que el CSE decidió mediante Resolución Nº 990217-32 del 17 de febrero de 1999 la realización del referendo el 25 de abril de ese año 1999, en el que las preguntas serían las mismas que fueron establecidas en el Decreto Presidencial Nº3.
Referendo Consultivo
Tras superar varias trabas legales, el 25 de abril se realizó el referendo consultivo en el cual se aprobó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, con una participación de 4.137.509 electores, y una abstención del 62.2%, los votos a favor del “sí” fueron de 92,4%, mientras que los votos a favor del “no” fueron de 7,6%.
Tras esta consulta, el Consejo Supremo Electoral procedió a convocar para el 25 de julio de 1999, estableciendo para ello que la institución estaría conformada por 131 constituyentes, de los cuales 24 corresponderían a la circunscripción nacional, 104 se elegirían de 24 circunscripciones regionales y 3 serían electos como representantes de las comunidades indígenas.
Asamblea Constituyente
En las elecciones de julio, 125 candidatos por el denominado Polo Patriótico (bloque de partidos seguidores del fallecido presidente Chávez) ganaron sus escaños a la Asamblea Nacional Constituyente,mientras que solo 6 de otras agrupaciones fueron electos.
La ANC se instaló el 3 de agosto de 1999 y alrededor de cuatro meses, en los que se superaron 4 etapas: 1) la reorganización de los Poderes Públicos; 2) el trabajo de las Comisiones Permanentes y de la Comisión Constitucional; 3) la discusión del proyecto de Constitución surgido de las distintas comisiones y 4) la difusión en el país del texto constitucional.
En el texto Constitucional se estableció una nueva organización político territorial, la reestructuración de las Fuerzas Armadas para pasar a ser la Fuerza Armada Nacional, así como se crearon dos poderes más para expandirlos a 5 (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Moral), así como la modificación de los principios de la máxima ley y las potestades de los cargos públicos.
Referendo aprobatorio
En plena tragedia de Vargas, los venezolanos acudieron a las urnas para aprobar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concurriendo para ello 4.819.786 electores, que representó una abstención del 54,74%. De los votantes, el 71,37% estuvo a favor del nuevo texto, mientras que 28,63%.
La nueva Constitución fue publicada por primera vez en la Gaceta Oficial Nº 36.860 de 30 de diciembre de 1999, pero no se ordenó una nueva publicación ya que no tenía la exposición de motivos, por lo que el 24 de marzo de 2000, en la Gaceta Oficial 5.423 extraordinaria, entró en vigencia el texto.