Bogotá, 28 sep (EFE).- Con pistola en el cinto, un radioteléfono y acompañando operaciones policiales y militares, el presidente colombiano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, impulsa una política de mano dura frente a guerrillas, paramilitares y narcotraficantes que hasta el momento recurre a golpes de efecto, anuncios mediáticos y ostentación de resultados.
El mandatario, cuya promesa en este ámbito fue clave en su victoria electoral, ha dado un giro de 180 grados a la política de seguridad de Colombia, que en el mandato de su predecesor, el izquierdista Gustavo Petro (2022-2026), buscó sin éxito cerrar el conflicto armado con una negociación a múltiples bandas denominada la ‘Paz total’.
De la Espriella ha hablado de ejercer «mano de hierro» con estos grupos armados y les ha advertido de que el Estado empleará «las armas y las leyes» para perseguirlos.
Luego están las formas. El presidente no ha tenido reparo en difundir un video en el que aparece caminando entre bolsas con cadáveres de presuntos miembros de las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) muertos en un bombardeo.
En otro video, De la Espriella aparecía con chaleco antibalas y gorra de policía; Y en un tercero, el presidente le espetó a un líder de una disidencia de las FARC momentos antes de ser deportado a Estados Unidos: «¡Bienvenido a la Patria Milagro!».
De la Espriella publica en X todos los días un balance de lo hecho por la Fuerza Pública en la víspera, mensajes muy centrados en cifras y nombres, recogiendo detenciones, incautaciones de drogas y decomiso de maquinaria para la minería ilegal, entre otros.
Esta estrategia del Gobierno colombiano está generando controversia, tanto por la forma en la que se presenta De la Espriella como por el potencial irrespeto a los derechos humanos.
Principales retos
La ofensiva gubernamental llega en un momento de fortaleza para los grupos armados. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el número de sus integrantes creció un 23,5 % en 2025, hasta los 27.121 miembros, y sus ataques a la Fuerza Pública aumentaron un 62 % en el período 2024-2025 con respecto a los dos años previos.
Así, la muerte en una operación militar de un cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) provocó que este grupo paramilitar forzase un paro armado de 72 horas en Santa Marta (norte de Colombia) y sus alrededores, restringiendo los movimientos y obligando a cerrar comercios.
«Dependiendo de la estrategia del Gobierno, vamos a tener efectos sostenibles o vamos a tener solamente efectos narrativos o simbólicos. Es clarísimo que este país necesita primero proteger a la población civil. La gente en muchos territorios del país la está pasando mal», expresó a EFE el director área Conflicto y Seguridad de la FIP, Javier Flórez.
El experto reconoce que «Colombia necesitaba pasar a la ofensiva» tras el fracaso de la ‘Paz total’ de Petro, pero advierte de la necesidad de golpear los «nodos críticos», como las economías criminales, para contener el fenómeno de violencia.
«Podemos seguir capturando, neutralizando, sometiendo a estructuras de la violencia organizada, pero si no golpeamos sus nodos críticos, no estamos realmente desestructurando las capacidades para que sigan expandiendo su poder criminal», agrega.
Defensa de los derechos humanos
Una de las principales preocupaciones de organizaciones sociales es que las autoridades, en su afán de mostrar resultados, cometan violaciones de derechos humanos, como la ejecución de civiles que no hacen parte de grupos armados.
Situaciones como esta, que recuerdan a los casos de los falsos positivos (civiles contabilizados como criminales por la Fuerza Pública ante la presión por presentar resultados), ya se han denunciado en las últimas semanas.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, alertó en este sentido en una entrevista con EFE. Indicó que su ONG es consciente de que «se está produciendo un recrudecimiento de la violencia y el control por parte de los grupos armados, mientras que, al mismo tiempo, este nuevo Gobierno está optando por una guerra total, muy militarizada y centrada en la seguridad, contra los grupos armados».
«Esto significa que la protección de los derechos humanos es extremadamente difícil, que la gente se ve básicamente acorralada y atrapada entre los grupos armados y el aparato de seguridad del Estado», subrayó.
Por eso, Callamard sugirió al nuevo Gobierno que piense en que la seguridad que provee el Estado no es sólo presencia militar, sino que también consiste en que haya «políticas públicas, educación, servicios sociales, transporte público e inversión económica».
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