Washington, 9 abr (EFE).- El Gobierno de Ecuador se defendió este martes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y justificó el inédito asalto policial de la Embajada mexicana en Quito acusando a México de promover la impunidad por haber refugiado al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
El viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Alejandro Dávalos, argumentó ante el Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington, que México obstaculizó el «funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano» al conceder asilo político a Glas, aliado del expresidente Rafael Correa y procesado por corrupción.
El pasado viernes en la noche, la Policía ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana en Quito para arrestar a Glas, sobre quien pesaba una orden de prisión preventiva por un caso de presunta corrupción.
Dávalos expuso que el Gobierno ecuatoriano, presidido por Daniel Noboa, intentó en múltiples ocasiones comunicarle a México que Glas era requerido por la Justicia ecuatoriana.
«Esperábamos que México dispusiera la salida de Glas, quien no reunía los requisitos para el asilo y quien de ninguna manera se puede considerar un perseguido político», subrayó el funcionario ecuatoriano.
La decisión del Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador de ofrecer protección a Glas, agregó el viceministro, fue una acción «política».
La irrupción de policías ecuatorianos en la Embajada mexicana ha sido criticada por varios Gobiernos latinoamericanos, europeos y por el de Estados Unidos, al considerar que vulneró la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece que las misiones diplomáticas extranjeras son inviolables.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró este martes ante el Consejo Permanente el rechazo por parte de la organización panamericana a las acciones de Ecuador y señaló que lo sucedido en Quito «no puede quedar como precedente».
La representante de México ante el organismo, Luz Elena Baños, no participó en la reunión de emergencia de la OEA de este martes, dado que fue convocada por Ecuador.
El miércoles está prevista otra sesión, esta vez a petición de Colombia y Bolivia, gobiernos cercanos al de López Obrador, para abordar el asalto a la embajada mexicana.
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