Quito, 28 jun (EFE).- La reducción de los subsidios a las gasolinas de mayor consumo en Ecuador, decretada por el presidente Daniel Noboa, comenzó a regir desde este viernes, una medida que en años anteriores supuso grandes olas de protestas lideradas por el movimiento indígena cuando quisieron aplicarla sus predecesores Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes finalmente desistieron de ella.
Las estaciones de servicio de Ecuador amanecieron este viernes con una subida de 25 centavos de dólar por galón (3,78 litros) en las gasolinas Extra y Eco País, ambas de 85 octanos, que hasta ahora mantenían su precio congelado en 2,46 dólares y ahora cuestan 2,72 dólares.
Sin embargo, el precio de estas dos gasolinas, las más consumidas por la población ecuatoriana, no quedará completamente liberalizado, pues el Gobierno dispuso un mecanismo de estabilización de precios, de modo que no puedan subir más de un 5 % por mes ni tampoco bajar más del 10 %.
También se ha comenzado a desarrollar un mecanismo de compensación de precios para los transportistas, un conjunto de alrededor de 84.000 vehículos que recibirán del Estado una partida económica para cubrir este incremento y los precios, de modo que no suponga un sobreprecio para sus pasajeros.
Con esta medida, la Administración de Noboa busca ahorrar alrededor de 644 millones de dólares, el gasto de un subsidio que el Gobierno ha calificado como el más inequitativo de todos, ya que más de la mitad de este dinero sirve para subvencionar el combustible al quintil de la población ecuatoriana con más ingresos, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Siguen subsidios a diésel y gas
Noboa ha mantenido de momento los subsidios al diésel y el gas, que suponen alrededor de la mitad de los más de 3.000 millones de dólares que el Gobierno ecuatoriano gastó en 2023 en subvencionar los combustibles a la población.
Al igual que en las dos ocasiones anteriores donde se intentó eliminar los subsidios a los combustibles, Noboa emprendió esta medida como parte de las condiciones demandadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recientemente aprobó para el país andino un programa crediticio de 4.000 millones de dólares, a desembolsar en un plazo de 48 meses.
También se enmarca dentro de las reformas económicas para equilibrar las cuentas públicas, que en 2023 registraron un déficit de cerca de 4.800 millones de dólares, equivalente al 5 % del producto interior bruto (PIB).
Hasta el momento se desarrolló una primera protesta contra esta medida cuando aún no había entrado en vigor, mientras que un grupo de sindicatos y organizaciones sociales ha convocado otra para el jueves 4 de julio.
Indígenas advierten clima de ebullición social
Mientras, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, no ha convocado ninguna protesta, si bien señaló este viernes en un comunicado que se mantendrá en asambleas territoriales para ejercer su «derecho a la resistencia contra el neoliberalismo impulsado por el Gobierno».
La Conaie advirtió que la eliminación de subsidios afectará a «los usuarios de más del 90 % de los vehículos matriculados en el país que utilizan gasolina como combustible».
La confederación indígena, que agrupa a catorce pueblos originarios de Ecuador, insistió en la propuesta de focalizar los subsidios que planteó durante las mesas de diálogo que se desarrollaron con el Gobierno tras las protestas que llevaron a Lasso a dar marcha atrás en la eliminación de las subvenciones.
También criticó el mecanismo de compensación al transportista, al que calificó como «una herramienta clientelar que no resuelve los problemas económicos del conjunto de la sociedad».
«Hoy Noboa insiste en la misma receta, generando un clima de ebullición social», advirtió la Conaie, si bien el Gobierno de Noboa descartó la opción de esa focalización por la complejidad de tener distintos precios en las estaciones de servicio para la misma gasolina.
Gobierno ve «postural electoral» en indígenas
Lea también
A la Conaie le respondió el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, quien dijo que su postura «no es coherente respecto a lo que han dicho antes y, especialmente, a lo que dijeron en su momento en las mesas del 2022».
«La posición de Conaie es, por el contrario, una postura electoral de cara a las nuevas elecciones (de 2025)», apuntó el portavoz del Ejecutivo.
