Luis Arturo Gómez Ávila e Hildemaro Alexander Gedler Cerrada, primeros tenientes del Ejército venezolano, están privados de libertad desde hace más de tres años en Mérida. Dos fiscales del Ministerio Público los acusan, sin pruebas, de cooperar en el tráfico de 210 panelas de cocaína incautadas a otras personas el 13 de junio de 2020.
El equipo legal del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) asumió la defensa de los detenidos, coadyuvando en la apelación de la sentencia condenatoria a 24 años de cárcel por el delito de cooperadores del tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de transporte, que fue dictada en enero de 2022 por la jueza del juicio. Ese delito está establecido en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas.
La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida ordenó reponer el caso a otro Tribunal de Juicio, para que iniciara un nuevo juicio y subsanara los vicios presentados en la primera decisión condenatoria. Asimismo, sugirió que se concediera una medida cautelar a los detenidos, para juzgarlos en libertad. Sin embargo, los acusados permanecen presos y el nuevo juicio se inició 10 meses después, el 16 de noviembre de 2022, siendo desde entonces dilatado sin justificaciones.
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Implicados declaran inocencia de los dos tenientes
El caso por el que acusan sin pruebas a los tenientes Gómez y Gedler comenzó con la detención de dos hombres —uno de ellos también primer teniente del Ejército— el 13 de junio de 2020 en el Puesto de Mucurubá, estado Mérida, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Los detenidos se trasladaban en una camioneta con 210 envoltorios de cocaína.
Según declaraciones de los aprehendidos, en horas de la madrugada del día siguiente se presentó el Mayor Ochoa de la GNB en el lugar de la detención, identificándose como integrante del Comando Nacional Antidrogas. Ochoa, junto con otros militares, habría torturado a los detenidos para que dijeran qué otras personas estaban involucradas en el tráfico de la droga incautada.
Las torturas para obligarlos a decir nombres de implicados se repitieron en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Mérida, en presencia de los fiscales Roberto Castillo y Luis Mora Sandrea, adscritos a la Fiscalía 16 del Ministerio Público de Mérida y designados para este caso.
“El fiscal Luis Mora Sandrea sacó de las evidencias incautadas el teléfono de uno de los detenidos y lo desbloqueó, utilizando a la fuerza el identificador facial del propietario. Comenzó a buscar la lista de contactos e inmediatamente preguntó quiénes eran Luis Arturo Gómez Ávila e Hildemaro Alexander Gedler Cerrada, a lo que el detenido respondió que el primero era su primo y el segundo era compañero de promoción del Ejército. El fiscal tomó nota de ambos nombres, que luego aparecerían en una supuesta acta de declaración de los detenidos, acusándolos de cómplices”, dijo Iván Toro, abogado defensor de los tenientes Gómez y Gedler.
Al leer en el acta los nombres de Luis Arturo Gómez Ávila e Hildemaro Alexander Gedler Cerrada como implicados en el delito, los detenidos se negaron a firmarla, pero según sus propias declaraciones en el juicio, ambos recibieron golpes por parte de funcionarios hasta obligarlos a firmar. Sin embargo, en todas sus declaraciones durante el juicio los acusados han declarado la inocencia de los dos tenientes en el delito, asegurando que ninguno de ellos tuvo que ver con el tráfico de la droga incautada.
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Detenciones sin pruebas y torturas
El 17 de junio de 2020 los detenidos en flagrancia firmaron por obligación el acta de delación, con la cual los fiscales Castillo y Mora solicitaron a la Jueza de Control Nº 3 de Mérida la orden de aprehensión de los tenientes Luis Arturo Gómez Ávila e Hildemaro Alexander Gedler Cerrada.
Al teniente Gedler lo detuvieron el mismo 17 de junio de 2020, cuando se encontraba de servicio como parquero del 423 Batallón de Infantería Paracaidista, ubicado en Palo Negro, estado Aragua. Su aprehensión la ejecutó una comisión del Comando Nacional Antidrogas de la GNB, encargada de trasladarlo de inmediato a Mérida. Aquí fue recluido en el Puesto de Las González de la GNB, donde también fue torturado por funcionarios del Comando Nacional Antidrogas.
Días después, el primero de julio de 2020, funcionarios de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) y del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la GNB detuvieron a la fuerza al teniente Gómez en la sede de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (Unefa) de Barinas. Desde allí lo trasladaron a la sede estadal de la DGCIM, lugar en el que recibió torturas por parte del Capitán Castillo y el Mayor Salazar. Posteriormente también lo llevaron a Mérida, para recluirlo en el mismo lugar donde estaba el teniente Gedler.
Luis Arturo Gómez Ávila e Hildemaro Alexander Gedler Cerrada no se conocían. Lo hicieron en el centro de detención donde han estado desde entonces, siendo víctimas de torturas, tratos crueles, falsas acusaciones y múltiples violaciones de derechos humanos. Muestra de esto fue la decisión del Ministerio Público de apartar del caso a los fiscales Castillo y Mora, por ser partícipes de esos graves hechos de violaciones de derechos humanos. En su lugar fueron designados el Fiscal Nacional 77, José Gregorio Rondón Muñoz, y la Fiscal 6 de Mérida, Flor Amanda Rico Peña.
Proceso judicial viciado
La audiencia preliminar del caso se realizó el 3 de noviembre de 2020, más de cuatro meses después de las detenciones de los tenientes. En esta audiencia, el Tribunal de Control Nº 6 de Mérida ordenó pasar el caso a juicio, pese a la irregularidad de todo el procedimiento y la inexistencia de pruebas incriminatorias.
El 15 de octubre de 2021, once meses después de la audiencia preliminar, se da inicio al juicio, violando el plazo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). El comienzo del juicio ocurrió luego de que la defensa de los acusados presentara una acción de amparo en contra de la Fiscalía Superior y la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de Mérida, debido a las reiteradas ausencias de los fiscales en el Tribunal de Juicio para poder iniciar las audiencias.
“En enero de 2022 se realizó la audiencia de conclusiones del juicio. Ese día el Fiscal Nacional 77 y la Fiscal 6 de Mérida del Ministerio Público coaccionaron a la jueza de juicio en su decisión, intimidándola con el ingreso a la sala de audiencias de funcionarios de la inteligencia militar y estacionando en el interior de la sede del Circuito Judicial Penal vehículos de ese mismo organismo. Ante esta amenaza, la jueza condenó a 24 años de prisión a los tenientes Gómez y Gedler, pese a la inexistencia de pruebas”, detallaron familiares de los militares detenidos.
Luego de lograr la apelación de la sentencia, el nuevo juicio se inició el 16 de noviembre de 2022. En este proceso se repiten las dilaciones injustificadas por parte de los fiscales y el juez. No obstante, las personas que fueron detenidas el 13 de junio de 2020 continúan afirmando la inocencia de ambos tenientes en el tráfico de drogas y denunciando las torturas a las que fueron sometidos en presencia de fiscales del Ministerio Público.
El ODH-ULA denuncia este caso como una muestra más de la falta de justicia que existe en Venezuela, donde los propios funcionarios policiales, militares y judiciales cometen violaciones de derechos humanos y transgreden el debido proceso. Las evidencias demuestran que en Venezuela no existe Estado de derecho, ni verdadera voluntad de restablecerlo por parte de quienes tienen el poder de la nación.
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