Dos nuevas muertes bajo custodia del régimen vuelven a encender las alarmas sobre la situación sanitaria en las cárceles venezolanas. Los fallecimientos, ocurridos en los internados judiciales Rodeo II y Rodeo IV, llevan al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a advertir sobre la necesidad de evaluar los mecanismos de prevención, vigilancia y control epidemiológico en dos establecimientos que, en conjunto, concentran a casi 2.000 personas privadas de libertad.
En el Internado Judicial Rodeo II falleció Jhonney Alexis Martínez Cordero, quien, de acuerdo con la información conocida por el OVP, padecía meningitis bacteriana. Actualmente, este penal alberga a más de 1.000 personas privadas de libertad, pese a haber sido diseñado originalmente para una población aproximada de 500 reclusos.
Esto significa que Rodeo II funciona actualmente, como mínimo, al 200 % de su capacidad original y presenta al menos 100 % de hacinamiento. En estas condiciones, la aparición de una enfermedad transmisible como la meningitis bacteriana no puede analizarse únicamente desde la situación individual de quien la padecía, sino también desde el riesgo que puede representar para una población obligada a convivir en condiciones de sobrepoblación.
Por su parte, en el Internado Judicial Rodeo IV murió Anthony Alejandro Quintero Galindo, quien padecía VIH, sífilis y síndrome diarreico crónico. En este mismo penal, donde permanecen recluidas más de 950 personas, Deivi Enrique García también falleció por motivos de salud el pasado 20 de abril.
Ambos casos ocurren en un establecimiento sobre el cual prevalece una opacidad casi absoluta, pues se desconoce incluso cuál es su capacidad instalada y tampoco existen datos públicos, periódicos y verificables sobre alimentación, higiene, acceso al agua potable, atención médica, enfermedades, tratamientos disponibles o el número de personas que han fallecido bajo custodia.
¿Qué realidad penitenciaria conocerá el CICR?
Estas muertes ocurren, además, en momentos en que Delcy Rodríguez anunció que el Gobierno venezolano trabaja en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para revisar las condiciones de los centros de reclusión y consolidar mejoras en el sistema penitenciario.
Desde el OVP valoramos que un organismo internacional con experiencia en contextos de privación de libertad pueda tener acceso a las cárceles venezolanas y conocemos el carácter confidencial que rige la actuación del CICR. Precisamente por ello, esperamos que esta cooperación permita conocer la realidad penitenciaria sin filtros y no termine siendo utilizada por el Gobierno para lavar la cara de un sistema que durante años ha acumulado denuncias de hacinamiento, muertes, enfermedades, torturas, alimentación deficiente y falta de atención médica.
La experiencia obliga a mantener una mirada crítica, no basta con limpiar los espacios por donde pasará una delegación, seleccionar previamente qué establecimientos serán mostrados o realizar recorridos acompañados por las mismas autoridades responsables de administrar el sistema. Una visita preparada puede mostrar instalaciones, pero no necesariamente las condiciones cotidianas en las que sobreviven las personas privadas de libertad cuando no hay organismos internacionales recorriendo los penales.
Por ello, la pregunta no es únicamente cuáles cárceles visitará el CICR, sino qué realidad le permitirán conocer. ¿Tendrá acceso efectivo a los establecimientos sobre los cuales pesan las denuncias más graves? ¿Podrá conocer información sobre muertes bajo custodia, enfermedades, desnutrición, falta de medicamentos, hacinamiento y atención médica? ¿Podrá escuchar directamente y de manera confidencial a las personas privadas de libertad y contrastar esos testimonios con la versión de las autoridades?
En este contexto, desde el OVP esperamos que el CICR pueda ingresar a Rodeo I, donde permanece un importante número de presos políticos y existen denuncias de familiares sobre personas con diversas patologías y dificultades para acceder a una atención médica adecuada. Si el propósito es conocer las condiciones reales del sistema penitenciario venezolano, también deben poder observarse aquellos establecimientos sobre los cuales existen las denuncias más sensibles.
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Asimismo, la presencia del CICR tampoco puede ser presentada como prueba de que las condiciones penitenciarias han mejorado. La cooperación internacional puede contribuir a identificar deficiencias y promover cambios, pero no sustituye las obligaciones del Estado ni exonera al Gobierno de su responsabilidad sobre la vida, integridad, alimentación, salud y trato digno de cada persona bajo su custodia.
Por último, desde el OVP exigimos al Ministerio para el Servicio Penitenciario informar qué protocolos sanitarios fueron aplicados en los casos de Jhonney Martínez y Anthony Quintero y determinar si existieron fallas u omisiones en su atención. Asimismo, las autoridades sanitarias deben evaluar las condiciones epidemiológicas de los centros penitenciarios del país y adoptar medidas capaces de detectar enfermedades, garantizar tratamientos y proteger a quienes permanecen bajo custodia.
Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde una enfermedad sea detectada cuando ya es demasiado tarde, puesto que la obligación del Estado no comienza cuando un preso llega a una emergencia, sino con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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