Miami (EE.UU.), 10 mar (EFE).- A tres semanas del vencimiento del TPS para venezolanos, un beneficio migratorio que protege a 348.000 de estos nacionales, Doral, la ciudad con mayor concentración de migrantes de ese país en Estados Unidos, ha comenzado a sufrir sus consecuencias, según dijeron a EFE políticos, empresarios y residentes.
Conocida como «Doralzuela», la ciudad situada al noroeste de Miami alberga a más de 84.000 residentes, de los cuales más del 40 % tienen raíces en Venezuela.
«Gran parte de nuestra comunidad venezolana tiene TPS. Muchos son dueños de negocios. Otros son trabajadores que han desempeñado un papel crucial en mantener nuestra economía en auge», expresó el concejal Rafael Pineyro, nacido en Caracas.
Según la Alcaldía, Doral alberga ciudadanos de 18 países; sin embargo, «en cada empresa, en cada negocio, se encuentran empleados venezolanos, muchos trabajando legalmente gracias a las dos medidas del TPS«, indicó Pineyro.
Fundada en 2003, Doral pasó de ser un área principalmente rural a una de las zonas más pujantes del área metropolitana de Miami, que pertenece al condado Miami-Dade. Allí tienen sus sedes las principales cadenas de televisión en español, Telemundo y Univision, el gigante de los cruceros Carnival, las aerolíneas Avianca y El Al, así como el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
La vicealcaldesa Maureen Porras ha advertido que Doral podría sufrir un «colapso económico devastador» si disminuye la comunidad venezolana en la ciudad.
El TPS, otorgado a dos grupos de venezolanos desde 2021 (hay un segundo que se vence en septiembre), «permitió a muchos en la comunidad contraer vínculos financieros como la compra de vehículos y hasta hipotecas», agregó el concejal.
Inmigrantes se esconden
El temor a lo que sucederá a partir del 7 de abril, cuando se vence el primer TPS, por órdenes del Gobierno de Donald Trump, se siente en cada rincón de Doral.
«La gente ya se ha empezado a esconder y a ahorrar. Tengo muchos amigos con TPS que se están preparando para funcionar como indocumentados», contó un vendedor de un concesionario de autos, quien, al igual que otros entrevistados, pidió que no se revelara su nombre.
Además, reveló que su empresa ha registrado la devolución de 162 vehículos en las últimas semanas. «Los habían sacado para trabajar en negocios de repartición de comida o de productos de supermercados, o hasta chóferes de Uber y Lyft, pero tienen miedo que eso los haga más vulnerables si hay redadas de deportación», señaló.
La encargada de un servicio de lavado de vehículos indicó que el tráfico de clientes cayó en 50 % desde que se anunció la decisión de no renovar el TPS. Aseguró que las ventas han bajado aún más. «Ya nadie pide el servicio ‘premium’ (el más costoso)», indicó. Varios locales de la ciudad exhiben nuevos anuncios buscando empleados. «Nadie con TPS quiere estar en servicio al público», indicó una vendedora de una tienda de alimentos.
El icónico restaurante El Arepazo, considerado el epicentro de los venezolanos en la zona, ha visto reducida su clientela. «Nunca lo he visto así. Acá había que hacer cola (fila) todo el tiempo, más a la hora del almuerzo», contó un solitario comensal.
Manny Sarmiento, presidente de la Cámara de Comercio de Doral, señaló que la situación actual es por «la incertidumbre», pero alertó que los verdaderos efectos se verán a largo plazo.
«El verdadero daño lo veremos a lo largo del año, cuando se vea quiénes se autodeportaron, quiénes decidieron quedarse y arriesgar cárcel o deportación, y si habrá redadas en la ciudad para capturar a los criminales indocumentados», alertó.
En un intento por revertir la decisión, organizaciones de derechos de los inmigrantes han presentado una demanda en un tribunal federal en Boston argumentando que la aceleración del fin del TPS podría estar motivada por prejuicios raciales, violando la Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU.
En 2023 residían aproximadamente 900.000 personas de origen venezolano en el país, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.
El concejal Pineyro indicó que aun cuando la iniciativa postergue el fin del TPS, sería una solución temporal.
«Nuestra meta como comunidad es crear una solución permanente para los venezolanos, y los inmigrantes de bien, sean donde sean, que sigan beneficiando a sus comunidades y a todo el país», subrayó.
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