Gabriel Montenegro.
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El terrible saqueo, cometido contra los recursos del país por parte de un grupo de seudodirigentes gobierneros, quienes ocupaban cargos de importancia, en la estructura del estado debe ser aclarado totalmente y los culpables recibir un castigo ejemplar.
Así lo expresan los dirigentes del PCV y la Central de Trabajadores de Venezuela Guillermo Milano y José Salas, quienes indican que lo ocurrido no es algo que se remita específicamente al año pasado, tal como lo ha mencionado el presidente Nicolás Maduro; en verdad es un hecho que ha venido sucediendo desde hace bastante tiempo, y que ha impactado terriblemente al pueblo Venezolano, por su efecto negativo acentuando en alto modo actual crisis económica y social. Esta acción de despojo de bienes nacionales, cifra mil millonaria, se refleja con mayor dureza a la clase trabajadora».
Destacan los dirigentes comunistas, que el asalto perpetrado en las empresas estratégicas del país, como Pdvsa y otras industrias saqueadas hasta la saciedad, reviste una gravedad extrema, la cual con el correr de los días, se extiende aún más a otras instituciones del Estado, ya que van surgiendo otros involucrados presuntamente vinculados a este entramado delincuencial de cuello blanco
Cemento Andino manchado también
Mencionan Milano y Salas, el caso del coronel Antonio Pérez Suárez (hoy detenido), quien cumplió funciones como presidente de la Corporación Socialista de Cemento, con resultados por demás desastrosos y como ejemplo, es el caso de la empresa regional Cemento Andino, la cual se encuentra con un nivel de deterioro terrible, con una producción casi nula, una alarmante deserción de personal y un terrorismo laboral indignante.
Perseguidos por defender la dignidad
Agregan Milano y Salas, que el movimiento sindical ha sido objeto de la más terrible política de persecución y hostigamiento laboral, desatada por quien dirige la empresa Cemento Andino, otro militar, el actual coronel Josman Méndez Castillo, por cierto integrante, de la misma promoción del ciudadano ya citado como co-autor del robo a la nación.
«Por esta razón, es imperioso que ante el estado crítico que hoy presenta la más importante industria del país, así como otras desmantelada y destruidas como el caso de Venvidrio, Pdval, el moribundo Central Azucarero Trujillo en Motatán, Café Venezuela, entre otros emporios regionales convertidos en ruinas por estos supuestos funcionarios del pueblo, resulta urgente que las acciones de investigación continúen y se extiendan severas también en el estado Trujillo.
Subrayan los declarantes, que la clase trabajadora, expresa su indignación, ante este hecho tan bochornoso, ya que se trata de los recursos que no llegan al pueblo humilde.
Reutilizar recursos robados
La magnitud de lo robado- recuerdan- hubiera permitido honrar una serie de compromisos en materia laboral, como las firmas de convenciones colectivas, la fijación de un aumento de salario decente, además de cumplir con cláusulas en materia de salud y seguridad social.
«Ante este esta actitud cuestionable desde todo punto de vista, no entendemos que el Estado mantenga el argumento de «no poder cumplir los compromisos socio económicos a la clase trabajadora por falta de recursos», además de las medidas de presunto bloqueo de parte del imperialismo ( una realidad en parte) que también repudiamos.
Los más de 20 mil millones de dólares que se estima sea el monto real de este asalto, han estado allí y se los han robado. Esta es sin dudas una asociación mafiosa de funcionarios del Estado y hampa común que actúa a sus anchas escondiéndose como decentes funcionarios.
Cuestionan los dirigentes sindicales comunistas, que: «en el caso del diputado Hugbel Roa, el presidente Maduro dijo que sus tropelías son de unos pocos años. Aquí no se puede olvidar que este sujeto, desarrolló todo un entramado mafioso, apoderándose de manera ilegal de haciendas, maquinaria y pretendiendo expropiar medios de comunicación.
«La población de la zona baja, en especial, conoció y padeció los rigores de todo su accionar ilegall»-recalcaron molestos José Salas y Guillermo Milano.
«Exigimos, de parte del poder judicial, que de una buena vez actúe con determinación. Estos saqueadores de la patria, hoy detenidos, y muchos otros que aún faltan por caer, deben recibir el máximo castigo.
Debemos solicitar firmemente-recalcan- que la cantidad de bienes, mal habidos sean expropiados, y los recursos que de su venta se obtengan, se inviertan en recuperar los sistemas de salud, educación y especialmente el tema de los servicios públicos, como la electricidad, el agua, y las telecomunicaciones, para mejorar, en alguna forma, la calidad de vida de la población humilde que hoy prácticamente vive en condiciones de mengua.
Recuerdan que sus compañeros, Aryenis y Alfredo, quienes denunciaron años atrás la trama corrupta que se estaba cometiendo en Pdvsa, por esta denuncia, el Estado los sometió al escarnio público y hasta fueron ilegalmente detenidos.
«El tiempo les dio la razón sobre lo que estaba ocurriendo, pero el gobierno lo negaba y antes de liberarlos los humilló hasta más no poder»- finalizaron los declarantes.