En los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, de la frontera del estado Táchira con el Departamento Norte de Santander, Colombia, estarían incrementando las extorsiones y la violencia, según denuncia realizada este martes 4 de julio por el diputado del Consejo Legislativo en la entidad, Heriberto Labrador, quien destacó que los comerciantes son los más afectados.
Precisó el parlamentario por Acción Democrática, que comerciantes les han indicado que grupos al margen de la ley continúan cobrando vacuna para dejarlos trabajar, lo que no sólo los atemoriza, sino que los lleva a la quiebra, por cuanto los servicios públicos se cancelan a precios internacionales y los impuestos son altos.
Se preguntó Labrador qué pasó con el despliegue militar que se llevó a cabo hace más de un mes en la frontera, después de que explotaran granadas en el municipio Pedro María Ureña, pues los funcionarios militares y policiales no son vistos actualmente.
“Cuando vimos que hubo esa movilización nos alegramos, porque pensamos que eso iba a frenar esos hechos de violencia, pero resulta que fue una política intermitente, una política que no es constante, que no hace presencia permanente en la frontera, y cuando los grupos irregulares se percatan de que esa fuerza pública se retira, pues vuelven a hacer presencia, con lo cual le genera un grado de inseguridad muy grande a estos comerciantes”, expresó.
Hizo un llamado al gobierno nacional y regional para que comprendan que la política de seguridad del estado tiene que ser permanente, pues después de haber estado cerrada la frontera durante siete años, los grupos irregulares habrían aumentado en fuerza, en su poder de fuego, lo que estaría siendo evidente de lado colombiano.
“Nosotros que deberíamos proteger al productor nacional, al comerciante venezolano, pues ahora los estamos dejando al margen de estos grupos, los estamos prácticamente dejando solos para enfrentar a estos grupos al mes de la ley, entonces luego les cae el tema de los aumentos de los servicios públicos. No es el problema de los aumentos, sino la mala calidad de los servicios. En San Antonio del Táchira llega el agua una vez al mes y pretenden cobrar la tarifa más alta para un servicio que es de muy mala calidad”, agregó.
El diputado Heriberto Labrador destacó que, entre el problema de la inseguridad, la escasez de los servicios públicos como agua, gasolina y electricidad, los comerciantes de San Antonio y Ureña están en una situación de desventaja y en estado de indefensión.