Fuentes confirmaron que la audiencia de juicio público de la activista Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, y de su exesposo Alejandro González, fue diferida para el 11 de febrero de 2025.
El motivo de la decisión de los Juzgados 29 y 30 sería que «no es posible asegurar la comunicación telemática hoy y no se autorizó el traslado de los acusados». La audiencia estaba pautada para este miércoles 18 de diciembre a las 10:00 am.
Otras personas juzgadas en el caso son Anyelo Julio Heredia G, Guillermo Enrique César Fiero, Tomás Martínez Masías, Carlos Jesús Vásquez, Guillermo Henry Cesar Fiero, Tomás Martinez Chico y Diana Desirée Victoria Justo, según la abogada Tamara Sujú.
En principio, la audiencia estaba prevista para el 11 de noviembre, pero fue suspendida presuntamente por falta de traslado, de acuerdo con declaraciones ofrecidas a El Nacional por el abogado Juan González Taguaruco la semana pasada.
El proceso en contra de la activista, detenida el 9 de febrero cuando se disponía a abordar un vuelo en el Aeropuerto Simón Bolívar, acusada por la Fiscalía de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra Nicolás Maduro, ha estado plagado de irregularidades y retardo procesal.
Las autoridades no han permitido la designación de defensores privados y hay una gran incertidumbre por el oscurantismo con el que se ha manejado el expediente, indicó González Taguaruco.
Condiciones de salud de la activista Rocío San Miguel
Rocío San Miguel se encuentra detenida en El Helicoide, una de las dos sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas y la única persona autorizada para visitarla es su hija.
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Su abogado desde hace meses ha denunciado que la activista ha presentado algunas afecciones de salud, pero las autoridades han permitido que se atendieran debidamente.
No fue sino hasta el 10 de diciembre que el gobierno de Nicolás Maduro divulgó fotos de San Miguel siendo presuntamente atendida por personal médico por una fractura en el hombro derecho que fue detectada con cuatro meses de retraso.
El abogado de San Miguel dijo a EFE que la activista sufrió la fractura al caerse como consecuencia de un mareo producido por una laberintitis, que no fue debidamente atendida y, desde entonces —aseguró—, se quejaba del dolor y era tratada con analgésicos.
«Si la fractura fue diagnosticada cuatro meses después, ¿qué garantías tenemos de una atención médica de calidad y que recibirá los tratamientos posoperatorios y la rehabilitación?», expresó.
Diversas ONG han pedido una medida humanitaria urgente para que Rocío San Miguel pueda practicarse la cirugía con sus médicos de confianza y con la debida atención.
Provea destacó que la defensora de los derechos humanos «no puede ser sometida a una intervención por quienes demoraron su diagnóstico (porque) en reclusión no hay condiciones para el postoperatorio ni una rehabilitación digna».
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