Según el Fiscal General de la República: “En inspección in situ realizada por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, se detectaron múltiples omisiones en el área de prevención y monitoreo contra la legitimación de capitales”
Continúa el proceso de intervención contra la entidad bancaria Banesco por parte de las autoridades del Ministerio Público en la denominada operación Manos de Papel, contra la legitimación de capitales en la cual se detuvo a 11 directivos.
A través del portal informativo del MP, el fiscal general de la república declaró que: “En la cuarta fase de la Operación Manos de Papel, fueron detenidos el presidente ejecutivo, varios vicepresidentes y gerentes de la entidad financiera Banesco, por presuntamente facilitar o encubrir ataques contra la moneda nacional”, expuso la autoridad nacional.
Reveló que los miembros de la directiva de la entidad bancaria detenidos son: Oscar Doval García (presidente ejecutivo); Jesús Guillermo Irausquín Herrera, Carlos Martín Lorenzo López, Pedro Pablo Pernía Madrid y Belinda Beatriz Omaña Payares (vicepresidentes); David Antonio Romero Romero y Cosme Eduardo Betancourt Quarto (gerentes); Marco Tulio Ortega Vargas (consultor jurídico); Liz Carolina Sánchez de Rojas (directora); junto a Teresa María de Prisco Pascale y Carmen Teresa Lorenzo Lander (oficiales de cumplimiento).
Las investigaciones determinaron que 90 por ciento de las cuentas asociadas a actividades ilícitas pertenecen a Banesco, se presentaron reportes de actividades sospechosas inconsistentes y pudieron evidenciar que gran cantidad de clientes realizaron sus operaciones con direcciones IP ubicadas en Colombia y Panamá, agregó el Fiscal General. Añadió que de más de 900 cuentas asociadas a actividades ilícitas, la referida institución financiera sólo reportó 30, es decir, “dejó sin denunciar o reportar 870 cuentas ilícitas”.
Entre tanto Saab hizo el llamado a los clientes a mantener la calma y esperar que culmine el proceso que se va a solventar.
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Omisión
Las irregularidades están expresas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y la entidad bancaria está obligada a reportarlas; de igual manera alega el documento del MP que la resolución 119-10 de la Superintendencia de Bancos obliga a la entidad financiera a practicar las debidas diligencias y establecer mecanismos que permitan detectar cualquier transacción inusual o sospechosa, por lo que se presume que el banco omitió de manera dolosa esa información.
