Un lamentable hecho se registró este sábado en el Centro de Coordinación Policial (CCP) No. 1, donde funciona en el Grupo de Reacción Inmediata Motorizada (Grim) de la Policía de Mérida, cuando un recluso intentó suicidarse al ingerir una sustancia hasta el momento desconocida.
El joven, natural de la ciudad de Caracas, fue identificado como Ramsés Eduardo Palacios Rodríguez, de 23 años, quien llegó a Mérida en enero de este año junto a dos amigos, quienes igualmente forman parte de la comunidad de Lesbinas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (Lgbti).
El hecho se registró a la 1:20 de la madrugada y 20 minutos más tarde, fue ingresado a la sala de urgencias del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula), donde ha sido sometido a severos lavados estomacales, con la finalidad de salvarle la vida. Hasta el momento, su condición es estable aunque delicada.
Se conoció, a través de otras personas de la misma comunidad, que la decisión del joven se produjo luego de ser presentado en audiencia efectuada en el Circuito Judicial Penal de Mérida y presuntamente condenado a cumplir una pena de ocho años de prisión, por el supuesto delito de robo.
Movimiento Somos Venezuela se pronuncia
El representante del Movimiento Somos Venezuela, en Mérida, Jau Ramírez, fijó posición mediante un comunicado que textualmente expresa:
“El pasado 18 de enero fueron detenidas por Polimérida tres jóvenes transgéneros mientras ejercían su trabajo en la avenida 5 de la ciudad de Mérida, acusadas del presunto robo de un celular, en medio de constatadas irregularidades y abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”.
“La detención se produjo tras la acusación de un individuo que afirmó haber sido agredido y robado por las chicas pero que, según las detenidas, se trata de un cliente frecuente. Ocurrió en horas de la noche, en el marco de una escandalosa requisa en la que participaron cerca de 30 funcionarios de Polimérida, quienes habrían revisado con inquina sin encontrar pruebas y golpeando a una de las involucradas, según testimonio de la afectada recogido por SOMOS”.
“Fueron detenidas y llevadas al GRIM, donde se encuentran. El 21 de enero asistieron a audiencia ante el Tribunal Primero de Control en Mérida donde, pese a la cantidad de inconsistencias presentes en el caso, fueron privadas de libertad”.
“Desde entonces han vivido un calvario que las ha sometido a las debilidades del sistema judicial y penitenciario venezolano. Hemos corroborado que en el expediente no aparecen reflejadas declaraciones de testigos, ni se han incluido pruebas forenses y tampoco existen elementos que justifiquen la detención, más allá de la acusación que presenta contradicciones”.
“El Movimiento SOMOS ha confirmado que están recluidas junto a reclusos hombres y no en una celda correspondiente con su género auto percibido. Igualmente se han verificado las condiciones de hacinamiento en que se encuentra la celda. Algunos funcionarios policiales se refieren a ellas en términos masculinos, irrespetando su identidad y expresión de género”.
Adicionalmente manifiesta Jau Ramírez que “Este caso refleja la transfobia institucionalizada en Polimérida y es apenas una muestra de los abusos a los que está sometida la comunidad trans en la entidad. Desde hace meses hemos documentado denuncias sobre presunta vulneración de derechos por parte de algunos funcionarios de Polimérida que incluyen violencia física, acoso, amedrentamiento, robos y extorsión. Estamos ante un grupo vulnerable que, frente a la marginación social y la negación de derechos por parte del Estado venezolano en ocasiones, ejercen trabajo sexual como medio económico. Y lo hacen en condiciones cada vez más difíciles que representan un riesgo para su seguridad y su vida”.
“En Venezuela la comunidad trans no cuenta con derecho de identidad, ni con un marco jurídico que resguarde sus derechos. Esto implica negación de otros derechos como trabajo, educación, seguridad económica y alimentaria y derecho a la salud. Exigimos a las instituciones públicas de Mérida protocolos de actuación y garantías a los derechos de personas transgéneros, transexuales y travestis, víctimas de sostenidos abusos y crímenes”, refirió Ramírez, quien agregó que “desde el Movimiento SOMOS exigimos la liberación inmediata y justicia para ellas”.
Casos en el olvido
El pasado 2 de diciembre de 2016 fueron asesinadas a balazos en plena madrugada Paula y Brayan, una joven trans y otra travesti, en el municipio Campo Elías, víctimas de transfobia. Hasta ahora no ha habido justicia en ninguno de los casos. Igualmente, en la primera quincena de enero fue herida con un cuchillo una chica trans trabajadora sexual en la avenida 5 de la ciudad de Mérida, por un hombre que iba a bordo de una camioneta. La agresión también ha quedado impune.