El triunfo electoral, hace sólo 12 días, de los candidatos de Mauricio Macri al Congreso ha precipitado el calvario judicial del kirchnerismo. Tres días después de las elecciones, un juez ordenó la prisión sin fianza del exministro Julio De Vido, el hombre que durante 12 años manejó el presupuesto de la obra pública desde el ministerio de Planificación. Al día siguiente, otro juez citó a declarar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en otra causa. Hoy ha sido el turno de Amado Boudou, vicepresidente durante el segundo mandato presidencial de Kirchner. La policía detuvo a Boudou en su casa de Puerto Madero, un barrio de clase alta en Buenos Aires, por orden del juez Ariel Lijo, quien lo investiga en presunto enriquecimiento ilícito. Con él también terminó preso José Nuñez Carmona, un hombre acusado de oficiar de testaferro del exvicepresidente en la compra de la imprenta Ciccone, dedicada a la impresión de papel moneda.
El juez Lijo detuvo sin fianza a Boudou porque sospecha que puede usar sus contactos políticos para entorpecer la investigación. El mismo magistrado ya lo había procesado en 2014, cuando Boudou era vicepresidente en ejercicio, en el llamado caso Ciccone. Pero su cargo le otorgaba fueros y la causa no prosperó los suficiente. Todo cambió con la llegada de Macri a la presidenta. La investigación se aceleró y Boudou terminó preso.
Boudou está acusado de enriquecerse con la compra de Ciccone Calcográfica a través de una operación que presuntamente hizo figurar como responsabilidad de terceros. En el momento de la operación, Boudou era ministro de Economía de Cristina Kirchner y Ciccone tenía contratos millonarios para la impresión de billetes. En ese entonces, la Casa de la Moneda no daba abasto y el Gobierno apeló a servicios de impresión privados, incluso fuera del país. “La asociación [entre Boudou y sus presuntos testaferros] desarrolló sus designios criminales, por lo menos, desde principios de agosto de 2009, momento en que Amado Boudou asumió como ministro de Economía de la Nación, hasta el mes de diciembre de 2015, cuando finalizó su mandato como vicepresidente”, dice la resolución del juez.
El abogado del exvicepresidente, Eduardo Durañona, dijo que estaba «soprendido» por la detención. «Siempre estuvimos a disposición», dijo al canal de noticias C5N.
Las sospechas de la justicia comenzaron cuando Boudou no pudo justificar un préstamo de 80.000 dólares que hizo a su pareja de entonces, la periodista Agustina Kämpfer, para la compra de un piso. El fiscal Jorge Di Lello, a cargo de la querella, dijo que el vicepresidente no pudo justificar el origen de ese dinero. “Existen elementos de cargo suficientes que permiten presumir en principio que Amado Boudou se ha enriquecido patrimonialmente en forma injustificada durante el ejercicio de la función pública», escribió al juez Lijo. Para justificar la figura de la asociación ilítica, que es la que ha permitido la detención de Boudou, Di Lello dijo que “se advierten indicios de una ingeniería orientada a oscurecer el origen de los fondos con los que se realizaban consumos, se adquirían bienes y acciones, procurando mostrar una capacidad económica previa que justifique las operaciones realizadas con posterioridad».