Por Héctor Antolínez
Caracas. La cesura, desinformación y persecución de activistas son solo algunos de los patrones de violación de derechos humanos que han estado presentes en Venezuela en los últimos años, así se señaló este lunes en un foro virtual que contó con la presencia de representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.
En el evento, promovido por la ONG Espacio Público, estuvieron presentes Ángela Rodríguez de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia; Andrés Azpúrua, director ejecutivo de Venezuela Inteligente; y Marysabel Rodríguez, coordinadora del observatorio de libertad de expresión de Espacio Público.
Durante su intervención, cada uno de los expertos abordó un área en específico sobre la realidad actual de los derechos humanos en Venezuela, con énfasis en el aspecto comunicacional del mundo, en donde denunciaron la presencia de patrones y políticas del Estado venezolano que atentan contra estos derechos.
Medio bajo ataque y censura campante
Ángela Rodríguez, de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, destacó durante su presentación que en la región se han ido evidenciando cada vez más la aparición sistemática de normativas y leyes que se alejan de la promoción de los derechos ciudadanos, algo que ha estado presente en países como Nicaragua y Venezuela.
Comentó que en el caso venezolano se ha visto en aumento la persecución contra activistas de este tipo de derechos, en especial cuando se trata de la libertad de expresión y acceso a la información.
“Podemos hablar del recrudecimiento de ataques a la libertad de expresión, el incremento de cierres de medios desde la llegada de Nicolás Maduro al poder. Desde que esto ocurrió, se han cerrado 115 medios desde 2013 a 2018, si bien estos puntos no son diferenciadores, si han destacado en la situación de Venezuela”, comentó Ángela Rodríguez.
Esta visión fue validada en la intervención de Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público, que en relación conlos cierres de medios de comunicación dijo que solo en el 2017 se cerraron 50 de ellos, una política que se ha aplicado inclusive antes de que Maduro tomara la presidencia de Venezuela.
La situación deriva en una restricción masiva de medios de comunicación en Venezuela. Desde 2004, más de 200 medios han sido cerrados, la mayoría de estos son tradicionales; radio y televisión. Acá el rol de la Comisión Nacional de Telecomunicación ha sido impulsar una lógica en la que no existe el debido proceso y no hay garantías ni justificaciones dentro de la ley para este tipo de medidas”, comentó.
Información de interés público como un lujo
Marysabel Rodríguez también destacó que durante el seguimiento que se ha realizado al caso de Venezuela se ha detectado una enorme carencia de información de interés público que debería estar suministrada por entres oficiales, algo que ejemplificó citando los primeros días de la pandemia de COVID-19 en Venezuela, donde primero no se publicaban cifras creíbles del impacto de la enfermedad en el país y luego, se editó una política similar con las cifras de vacunación.
Ahora bien, no solo se detectó que el Estado falló en la difusión de este tipo de información, sino que además actuó directamente a través de la persecución contra trabajadores que daban a conocer este tipo de cifras.
“Además hemos visto la criminalización de la difusión de información. Ante limitantes que se registraban, algunos trabajadores daban información sobre el contagio de COVID-19 en Venezuela, estos eran perseguidos y criminalizados, en muchos casos usando la Ley contra el Odio para castigar su opinión”, dijo.
Marysabel Rodríguez dijo a propósito del Examen Periódico Universal de la ONU que estas políticas podrían cambiar en cualquier momento con el gobierno de Nicolás Maduro tomando una postura que favoreciera la defensa del derecho a la información.
Una de las cosas que se pudiera hacer es simplemente difundir la información de interés público, una de las cosas que la investigación que hemos hecho es que la recolección de la data se está haciendo pero no se da a conocer a la población”, comentó.
Además, recomendó que fuese derogada la Ley contra el Odio la cual además de ser usada como instrumento para la persecución de promotores de derechos, tiene “problemas de legitimidad de forma y de fondo”.
Espacios digitales bajo asedio
En su presentación, el director ejecutivo de Venezuela Inteligente resaltó que se ha encontrado que en el Internet también se han ejecutado políticas que apuntan al debilitamiento de los derechos humanos.
Azpúrua destacó que existe una política de censura contra los medios digitales y que al menos 35 de estos sitios de noticias han sido bloqueados por los diversos proveedores de Internet en Venezuela, tanto públicos como privados. Todo esto sin que se genere una explicación sobre el motivo lo cual lleva a los ciudadanos a pensar que se trata de un “problema de conexión con la página” cuando en realidad hay un bloqueo impuesto.
Algo similar se ha registrado en las redes sociales, y dijo que se han contabilizado “60 momentos en los que se bloquearon redes sociales y plataformas de streaming dentro del período de tiempo que entra para el Examen Periódico Universal.
“Además de todo esto hemos detectado no solo bloqueos de sitios y portales, sino también de herramientas que se usan precisamente para evitar estos bloqueos. La censura no solo se limita a medios digitales y redes sociales, también hemos encontrado otro tipo de bloqueos a páginas de otra naturaleza como las pornográficas”, dijo.
Azpúrua destacó que se han detectado instancias en el que se llevan ataques que en algunos casos buscan dejar sin funcionamiento algunos portales y, en otros, robar información de usuarios.
Hemos registrado cómo se han usado ataques masivos contra algunos sitios y phishing que terminaron en páginas falsas para que la gente apoye alguna iniciativa política coloque sus datos, lo que termina pasando es que en realidad le dan su información al Estado y luego se aprecia como los nombres de estas personas aparecen en listas en el Internet”, comentó.
Para Azpúrua algunas de las medidas que el Estado podría implementar si en verdad quisiera mejorar el acceso de la población a la información en línea serían: la inversión en una infraestructura tecnológica para mejorar el acceso a internet, y la suspensión inmediata de la censura, algo que dijo está “100% bajo su control”.
Fuente: Crónica Uno
