El presidente del Concejo de Rafael Rangel, Marcos Palomares dijo ayer que el cuerpo que representa no tiene nada que ver con la enajenación de bienes del municipio, cuya negociación fue hecha a espaldas de la corporación que le toca presidir. Negociación donde hay presuntos hechos irregulares, con el cual nada tienen que ver los integrantes del Concejo, precisó
Marcos Palomares, presidente del Concejo de Rafael Rangel, fijó ayer posición en relación a la desincorporación de 9 vehículos y 6,5 toneladas de material ferroso (Chatarra), propiedad de la Alcaldía de Rafael Rangel, adquirida por la Comercializadora Internacional HG C.A. con domicilio en la carretera vía Quíbor kilómetros 11 y 12, zona oeste de Barquisimeto representada por el ciudadano Carlos Luis Hernández, todo de acuerdo a resolución de la Alcaldía de Rafael Rangel, cuyo titular es José Leonardo Chirinos, quien razonó el señalado instrumento, para lo cual lo primero que hizo la Alcaldía fue crear la comisión de enajenación de bienes, publicada en la Gaceta Municipal Extraordinaria número 31 del 10 de abril del presente año, todo de acuerdo a un informe que presentó al despacho de la Alcaldía el director de Transporte, Leonardo Vásquez, quien planteaba el destino de los bienes en obsolescencia, informe referido a los artículos 84 y 86 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de ley de Bienes públicos.
La resolución sobre la desincorporación fue publicada como instrumento legal por la Gaceta Municipal AR-2018-057, publicación que está a disposición de la Alcaldía, del Concejo, Contraloría y Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas, avalada por nuestro cuerpo, dijo Palomares, no queriendo decir con esto que estamos de acuerdo con todo lo que publican los despachos ajenos al Concejo, esponsabilidad de sus representantes.
En la resolución publicada en la referida Gaceta, añadió Marcos Palomares, se consuma la enajenación de 9 vehículos y 6.5 toneladas de material ferroso, considerado como chatarra por el ejecutivo municipal, publicación número 39 del 17 de mayo del presente año.
Posición del Concejo
El Concejo Municipal, expresó Marcos Palomares, mediante oficio CM DP-36-2018, hizo del conocimiento al ciudadano Alcalde los trámites legales que se deben cumplir para ejecutar la señalada resolución, estando entre estos trámites, la presentación de un informe a la Cámara con la descripción detallada de los bienes sujetos al procedimiento, la valuación de los mismos por expertos, así como la participación a la dirección de bienes nacionales para la respectiva autorización de enajenación.
Sin embargo, expresa el concejal, Presidente del Concejo de Rafael Rangel, nos dio la sorpresa que a la par de la posición del Concejo, se estaba ejecutando públicamente el transporte del material que señala la resolución de la Alcaldía hacia el estado Lara, siendo obviados los trámites legales que le toca cumplir con el cuerpo legislativo que represento, precisó Palomares.
Denuncia
Todo esto se lo dimos a conocer a la Contraloría Municipal el 18 de mayo del presente año, donde les ponemos al tanto del asunto que nos lleva a realizarle este planteamiento, la desincorporación de 9 vehículos y 6.5 toneladas de material ferroso propiedad del municipio y algunos propiedad de la Gobernación del estado, usados por el municipio para cumplimiento de los servicios públicos. Es más, añade el presidente del Concejo de Rafael Rangel, en la correspondencia señalamos que dentro del lote existe un vehículo que es objeto de una investigación penal por parte del Ministerio Público, puesto que el mismo fue adquirido de manera irregular.
Dan a conocer los concejales en la correspondencia que suscriben los declarantes Marcos Palomares, Robert López, Morella de Jáuregui y Dexcy Olivares, que los bienes en cuestión fueron adquiridos por la Comercializadora Internacional HG-C.A, en representación del ciudadano Carlos Luis Hernández, portador de la cédula de identidad N° 7.388.124, por un valor de un mil 500 millones de bolívares.
Añade la correspondencia que hasta los momentos el Alcalde no ha hecho ninguna solicitud y por ende ninguna aprobación por parte del Concejo Municipal para desafectación, así mismo no consta la consulta ni al Síndico ni a los consejos locales de planificación como consta en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y ordenanzas que rigen la materia.
Agradecen los concejales la investigación que puede hacer la Contraloría sobe lo expuesto y de ser necesario elevar una denuncia ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público a fin de establecer las responsabilidades que el caso merece.
Lo legal
Marcos Palomares señala que los integrantes del Concejo basan su posición, aún no debatida en plenaria, en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que señala “los bienes del dominio público del municipio son inalienables e imprescriptibles, salvo que el Concejo proceda a su desafectación con el voto favorable de las tres cuartas partes (3/4) de sus integrantes, previa consulta con los Consejos Locales de Planificación Pública. En el expediente administrativo de desafectación debe constar la opinión del síndico procurador o síndica procuradora y del contralor o contralora del municipio”.
El presidente del Concejo de Rafael Rangel, Marcos Palomares dijo ayer que el cuerpo que representa no tiene nada que ver con la enajenación de bienes del municipio, cuya negociación fue hecha a espaldas de la corporación que le toca presidir. Negociación donde hay presuntos hechos irregulares, con el cual nada tienen que ver los integrantes del Concejo, precisó
Marcos Palomares, presidente del Concejo de Rafael Rangel, fijó ayer posición en relación a la desincorporación de 9 vehículos y 6,5 toneladas de material ferroso (Chatarra), propiedad de la Alcaldía de Rafael Rangel, adquirida por la Comercializadora Internacional HG C.A. con domicilio en la carretera vía Quíbor kilómetros 11 y 12, zona oeste de Barquisimeto representada por el ciudadano Carlos Luis Hernández, todo de acuerdo a resolución de la Alcaldía de Rafael Rangel, cuyo titular es José Leonardo Chirinos, quien razonó el señalado instrumento, para lo cual lo primero que hizo la Alcaldía fue crear la comisión de enajenación de bienes, publicada en la Gaceta Municipal Extraordinaria número 31 del 10 de abril del presente año, todo de acuerdo a un informe que presentó al despacho de la Alcaldía el director de Transporte, Leonardo Vásquez, quien planteaba el destino de los bienes en obsolescencia, informe referido a los artículos 84 y 86 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de ley de Bienes públicos.
La resolución sobre la desincorporación fue publicada como instrumento legal por la Gaceta Municipal AR-2018-057, publicación que está a disposición de la Alcaldía, del Concejo, Contraloría y Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas, avalada por nuestro cuerpo, dijo Palomares, no queriendo decir con esto que estamos de acuerdo con todo lo que publican los despachos ajenos al Concejo, esponsabilidad de sus representantes.
En la resolución publicada en la referida Gaceta, añadió Marcos Palomares, se consuma la enajenación de 9 vehículos y 6.5 toneladas de material ferroso, considerado como chatarra por el ejecutivo municipal, publicación número 39 del 17 de mayo del presente año.
Posición del Concejo
El Concejo Municipal, expresó Marcos Palomares, mediante oficio CM DP-36-2018, hizo del conocimiento al ciudadano Alcalde los trámites legales que se deben cumplir para ejecutar la señalada resolución, estando entre estos trámites, la presentación de un informe a la Cámara con la descripción detallada de los bienes sujetos al procedimiento, la valuación de los mismos por expertos, así como la participación a la dirección de bienes nacionales para la respectiva autorización de enajenación.
Sin embargo, expresa el concejal, Presidente del Concejo de Rafael Rangel, nos dio la sorpresa que a la par de la posición del Concejo, se estaba ejecutando públicamente el transporte del material que señala la resolución de la Alcaldía hacia el estado Lara, siendo obviados los trámites legales que le toca cumplir con el cuerpo legislativo que represento, precisó Palomares.
Denuncia
Todo esto se lo dimos a conocer a la Contraloría Municipal el 18 de mayo del presente año, donde les ponemos al tanto del asunto que nos lleva a realizarle este planteamiento, la desincorporación de 9 vehículos y 6.5 toneladas de material ferroso propiedad del municipio y algunos propiedad de la Gobernación del estado, usados por el municipio para cumplimiento de los servicios públicos. Es más, añade el presidente del Concejo de Rafael Rangel, en la correspondencia señalamos que dentro del lote existe un vehículo que es objeto de una investigación penal por parte del Ministerio Público, puesto que el mismo fue adquirido de manera irregular.
Dan a conocer los concejales en la correspondencia que suscriben los declarantes Marcos Palomares, Robert López, Morella de Jáuregui y Dexcy Olivares, que los bienes en cuestión fueron adquiridos por la Comercializadora Internacional HG-C.A, en representación del ciudadano Carlos Luis Hernández, portador de la cédula de identidad N° 7.388.124, por un valor de un mil 500 millones de bolívares.
Añade la correspondencia que hasta los momentos el Alcalde no ha hecho ninguna solicitud y por ende ninguna aprobación por parte del Concejo Municipal para desafectación, así mismo no consta la consulta ni al Síndico ni a los consejos locales de planificación como consta en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y ordenanzas que rigen la materia.
Agradecen los concejales la investigación que puede hacer la Contraloría sobe lo expuesto y de ser necesario elevar una denuncia ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público a fin de establecer las responsabilidades que el caso merece.
Lo legal
Marcos Palomares señala que los integrantes del Concejo basan su posición, aún no debatida en plenaria, en el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que señala “los bienes del dominio público del municipio son inalienables e imprescriptibles, salvo que el Concejo proceda a su desafectación con el voto favorable de las tres cuartas partes (3/4) de sus integrantes, previa consulta con los Consejos Locales de Planificación Pública. En el expediente administrativo de desafectación debe constar la opinión del síndico procurador o síndica procuradora y del contralor o contralora del municipio”.
