La reciente designación de Maryuri Martínez como directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda, ha suscitado gran controversia entre los familiares que temen por la integridad física y mental de las mujeres privadas de libertad.
Martínez era conocida como “Lucifer” durante su mandato en el anexo femenino del Complejo Penitenciario de Carabobo, mejor conocido como cárcel de Tocuyito, donde enfrentó múltiples acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Lea también
“A ella ni siquiera la conocen por su nombre, todos le dicen ‘Angie’ y siempre ha sido corrupta. Ella era funcionaria del CICPC y siempre ha sido muy cruel, cuando las presas se alborotaban las colgaba como un pavo real, con las manos hacía atrás, peor aún cuando venían de un traslado por mala conducta. Es muy mala y déspota, así como trata a las presas también lo hace con sus familiares”, sentenció un familiar, cuya identidad será reservada por temor a represalias.
Tal como denunciaron familiares de las presas de Tocuyito a medios de comunicación en 2021, Martínez insultaba a los familiares que intentaban hacer valer sus derechos, e incluso decidía a su antojo qué cantidad de comida podía ingresar al penal, a sabiendas de que las presas estaban muriendo de hambre porque el gobierno no sustentaba su alimentación.
“La directora sin ningún miramiento echa para atrás el artículo argumentando que es mucha cantidad. Ella no piensa que tal vez ese familiar no vuelva a regresar a una visita hasta que pueda comprar los útiles necesarios para la privada de libertad que visita. Sí cometimos errores y los estamos pagando al estar en este lugar, pero nuestros familiares no deben ser humillados. ¿Dónde quedan las leyes y los derechos humanos?”, declaró una interna a un medio de comunicación.
Es importante recordar que Martínez fue designada como directora del INOF, luego de que el Tribunal Tercero de Control de Los Teques decretara medida privativa de libertad contra la ex directora Ahiza Maestre, quien resultó detenida dentro del mismo penal durante una requisa en horas de la madrugada del viernes 18 de octubre.
Maestre fue señalada de permitir el ingreso de al menos 50 celulares para el uso de las mujeres privadas de libertad, por lo que fue imputada por los delitos de retraso u omisión agravada de funciones e introducción ilícita de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios. Trascendió que en el interior de su chaqueta encontraron al menos tres equipos, que pertenecían a internas de su confianza y que pretendía ocultarlos durante la requisa.
Varios familiares de internas entrevistados por un medio de comunicación enfatizaron que Maestre les daba malos tratos e impedía el acceso de alimentos y otros artículos, que, en ocasiones, eran entregados en la recepción pero no llegaban a sus destinos.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) le estamos haciendo seguimiento a esta grave situación, considerando que la designación de una persona con denuncias por abusos en un cargo de tanta responsabilidad pone en riesgo la integridad y el bienestar de quienes están bajo custodia del Estado, y contradice el mandato de respeto y protección que debería prevalecer en el sistema penitenciario.
