Desaparecidos: sus casos reposan en los escritorios del Cicpc

Ante la falta de respuestas concretas por parte de los detectives, los familiares inician las averiguaciones con recursos propios

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No regresó a casa, su teléfono celular está apagado y no se sabe por quién fue visto la última vez. Esas son algunas de las razones que dan los familiares de una persona que tiene 72 horas desaparecida al acudir a una oficina administrativa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para poner la denuncia. Los datos son registrados en una hoja y el funcionario a cargo solo indica: “Espere que le llamemos”.Pueden pasar días, meses y años antes de obtener una respuesta. Mientras tanto, los expedientes se van acumulando en la unidad de casos especiales del Cicpc. Para los detectives, esas personas son un número más en las estadísticas de personas desaparecidas que no pueden ser reveladas, como el caso de María Gracia Reyes, estudiante de Artes Plásticas en la Universidad del Zulia, que desapareció el pasado 1° de marzo.

Ese día, la joven almorzó con un compañero de clases y le dijo que se reuniría luego con un hombre de origen árabe que conoció en septiembre de 2017. El motivo de la cita, pautar un recorrido turístico con parientes del hombre que habían llegado de Arabia Saudita. Nadie supo más de Reyes, que para el momento vestía jeans, franela azul y portaba una mochila morada.

Medios locales reseñaron el caso de la joven de 18 años de edad luego de que se denunció su desaparición a la policía y por la presión de los compañeros de clases.

A falta de respuestas del órgano judicial, sus familiares dieron con la identidad del hombre, cuyo nombre es Salino Diab, dueño de un vehículo marca Chevrolet, modelo Century, placas XNE408, vencidas desde 2008.

Conocidos y parientes de la universitaria temen que haya sido captada por organizaciones de tratas de blanca y mientras, el cuerpo detectivesco sigue sin ofrecer avances de la investigación.

Cruel realidad. Los casos quedan archivados porque no hay personal. Para reforzar el área de investigación criminal se requieren al menos 35.000 funcionarios, destacó Miguel Dao, comisario jubilado y ex director del Cicpc.

Los bajos sueldos y el desmejoramiento de los servicios internos de la institución ha traído como consecuencia la migración de los detectives a servicios privados y los que quedan no son suficientes para cubrir la demanda en el área criminalística. “Las personas desaparecidas deben ser prioridad en la cadena de investigación, no hay que esperar por una orden superior, tal como quedó demostrado en 1999, luego de la tragedia de Vargas. Los funcionarios entregamos el pecho día y noche y obtuvimos buenos resultados. Esa vocación se perdió con los años”, manifestó.

Igual opinión tiene Armando Marcano, inspector jefe jubilado de la unidad de homicidios y robo del Cicpc: “Cuando se trataba de niños y adolescentes desaparecidos, actuábamos en menos de 24 horas. La espera de 72 horas se instituyó después y se decidió que se aplicara solo a los adultos. La respuesta era inmediata”.

Pero ahora las soluciones no son tan expeditas. Un segundo caso sin resolver es el de Victoria del Carmen Bello Pinto, de 12 años de edad, desaparecida desde el 2 de junio del año pasado en Sisipa, comunidad rural del municipio Baruta. Ese día, a las 6:40 pm, la niña salió de su casa para ir a la de su abuela materna, pero no la volvieron a ver. Han transcurrido 8 meses y sus parientes claman por una respuesta.

En febrero, Yulimar Pinto, madre de la niña, recurrió nuevamente a los medios de comunicación y señaló: “Los funcionarios del Cicpc en la avenida Urdaneta me regañaron por haberles contado mi desesperación como madre. Más nunca recibí una llamada de ellos”.

Pinto, desde la sede de la medicatura forense en Bello Monte, dijo: “Pido a las autoridades mayor atención en este caso. Quiero a mi hija de vuelta y no tenemos dinero para pagar una investigación privada”.

Victoria Bello estudiaba sexto grado en el Colegio Avilio Reyes Ochoa. Es la penúltima de cinco hermanos.

“Las personas agotan hasta el último recurso para dar con el paradero de su familiar. El dolor es desgarrador y aún así tienen confianza en la actuación policial, pero desconocen que la organización en sí, actualmente, no está interesada en buscar a los desaparecidos”, agregó Marcano.

A tres años y siete meses de la desaparición del taxista Alejandro León Cedeño, su madre, Inés María Cedeño, aún pide que le den respuestas de la investigación, que inició en 2014 y permanece en la Fiscalía 72 del Ministerio Público, signado bajo el número 403497-2014, a cargo de la fiscal Briseida Morales y de Nuribit Manzanillo, como fiscal auxiliar.

Ineficiencia y desinterés fueron los motivos que llevaron a Cedeño a iniciar su investigación con recursos propios y cada avance que conseguía lo remitía al Cicpc, donde era atendida por el inspector Adrián Ferrer, oficial asignado para llevar el caso de  la desaparición del taxista. A la fecha no hay datos nuevos que agregar a la investigación policial.