Una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la Alcaldía de San Cristóbal por el cierre arbitrario y la pretensión de demolición de dos locales comerciales ubicados en las adyacencias del Hospital Central de San Cristóbal, interpondrá el diputado jubilado de la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, junto al abogado José Olivo Rodríguez, defensor de los comerciantes Oscar Escalante y Pablo Novoa.
Márquez explicó que los locales fueron construidos hace 18 años producto de una consulta ordenada por el director del Hospital Central en mayo de 2004, publicada en un medio regional en consulta abierta. “Hay una resolución del director del hospital otorgándole la buena pro a quienes ganaron esa consulta. Luego los interesados, el señor Oscar Escalante y Pablo Novoa, procedieron a tramitar los permisos en la alcaldía, quien alegó que como era jurisdicción del Hospital Central no era necesaria esa autorización, y les otorgaron la patente de industria y comercio, y les han cobrado desde hace 18 años todos los impuestos municipales”, agregó.
Precisó Márquez que en noviembre de 2004 ambos comerciantes certificaron ante la notaría tercera de San Cristóbal, una construcción de obra nueva, y en 2011 obtuvieron un título supletorio en el tribunal tercero del municipio San Cristóbal, documentos que demuestran una posesión pacífica ininterrumpida.
Indicó que ahora la Alcaldía con el argumento de que son terrenos municipales, cuando en realidad son terrenos adquiridos por el Estado venezolano en 1949, alega que el director del primer centro asistencial no tenía facultades para otorgar esas autorizaciones, e instruyeron un expediente para la nulidad de esa resolución.
“En el supuesto de que fueran terrenos de la municipalidad, hay una ordenanza que permite la compra de los mismos, entonces el alcalde inicialmente ordenó un expediente para anular la decisión del director del Hospital. Eso está prescrito porque han transcurrido más de 18 años, un alcalde no tiene facultades para anular una decisión del Director del Hospital Central de San Cristóbal. Son poderes separados”, precisó.
Walter Márquez indicó que se reserva informar cuál es el trasfondo real de lo que está pasando, pero acotó que si no hay una respuesta basada en los procedimientos legales correspondientes lo anunciará. “Si es necesario públicamente diré el trasfondo que ha llevado a esta persecución”, dijo.
Fueron desalojados
José Olivo Rodríguez, abogado defensor de los agraviados, informó que en el caso del local comercial de Oscar Escalante le extrajeron todos los mobiliarios, sillas, mesas, congeladores, neveras, cemento y materiales de construcción que allí tenían. Presume que están en la Alcaldía de San Cristóbal.
“Los desalojos están prohibidos tanto por vía administrativa como judicial. En vía judicial se hacen excepcionalmente, mediante sentencia definitivamente firme, cuestión que en caso de ellos no ocurrió. Se han hecho todas las defensas y alegatos pertinentes para restablecer la situación jurídica infringida y lesionada”.
En el caso de Pablo Novoa, el abogado defensor explicó que primero se le clausuró por cinco días, posteriormente Contraloría Sanitaria realizó una inspección con algunas direcciones de la alcaldía, determinando que lo único que no estaba bien era que no portaban uniforme bata. “Dejaron la salvedad los de Contraloría Sanitaria que se cierra por cuenta de la Alcaldía, Ingeniería, Rentas Municipales”.