Denuncian venta de chatarra ante fiscalía del MP

Marcos Palomares, presidente del Concejo de Rafael Rangel.

El daño que le causa al municipio Rafael Rangel la venta de un lote de chatarra compuesta de nueve vehículos así como 6.5 toneladas de material ferroso, ha llevado a los concejales del Rafael Rangel a denunciar ante la Fiscalía Séptima del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Trujillo, el presunto hecho irregular al despacho en mención, que deberá abocarse a investigar lo planteado por los concejales en documento que fue entregado el pasado 5 de junio al representante del Ministerio Publico en la ciudad de Trujillo por los concejales Marcos Palomares y Robert López, Presidente y segundo vicepresidente del Concejo de Rafael Rangel, cuerpo edilicio que está dispuesto a llegar hasta donde les sea posible, para que se investigue los hechos que denuncian y si existen irregularidades,  éstas sean castigadas de acuerdo al estado de derecho existente en el país.

Tal como lo señala el artículo 131  de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, expresa el documento, “El Alcalde o Alcaldesa, los concejales o concejalas al igual que el Contralor o la Contralora el Sindico o la Sindica y demás funcionarios o funcionarias y trabajadores o trabajadoras municipales, serán responsables patrimonialmente ante el Municipio por los daños que le causaren por incumplimiento de sus deberes o por los negligencia o impericia en el desempeño de sus funciones”, fundamento en que se basa la solicitud, tomando en cuenta también el artículo 134 de la mencionada Ley, que señala que “Los bienes del dominio público del Municipio son inalienables e imprescriptibles, salvo que el Concejo Municipal proceda a su desafectación con el voto favorable de las tres cuartas (3/4) partes de sus integrantes, previa consulta con los Consejos Locales de Planificación Publica. En el expediente administrativo de desafectación debe constar la  opinión del Sindico Procurador o Sindica Procuradora y del Contralor o Contralora Municipal”,  artículo que fue obviado  por la negociación que hizo la Alcaldía de Rafael con los bienes del Municipio, al no tocar estas instancias tal como lo señala el numeral de la Ley  en mención.

Robert López, segundo vicepresidente del Concejo de Betijoque.

Los hechos

Hay una narración de los hechos, que según los integrantes del Concejo de Rafael Rangel, dieron pie a la negociación de la Alcaldía de Rafael Rangel para desprenderse de nueve vehículos y de 6.5 toneladas de material ferroso, negociación que se cumplió los días 17 y 18 de mayo del año 2018 al ser retirados los vehículos  de la sede de servicios generales de la Alcaldía a una cuadra de la Plaza Bolívar y de la sede de Obras Publicas del Estado,  al lado del Cementerio Municipal, material propiedad del municipio y algunos propiedad de la Gobernación del Estado, vehículos usados por el Municipio para el cumplimiento de los servicios públicos, existiendo en el lote un vehículo objeto de una  investigación penal por parte del Ministerio Publico  pues el mismo fue adquirido de manera irregular.

Lote de vehículos y material ferroso que fue dado en venta por el ejecutivo municipal o el Alcalde del Municipio José Leonardo Chirinos a la empresa Comercializadora Internacional HG C.A. Rif J305664633, representada por el ciudadano Carlos Luis Hernández, venezolano, mayor de edad titular de identidad 7388124 por un valor de  mil 500 millones de bolívares, tal y como consta en resolución numero ARR-2018.057, emitida por el ciudadano Alcalde de la cual le anexaron copia fotostática.

Señalan los concejales en el escrito dirigido a la Fiscalía del Ministerio Publico,  que la venta en cuestión la realizo el Alcalde Chirinos,   basándose en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Bienes Públicos y una resolución dictada por su despacho, donde señala que recibió comunicación del ciudadano José Leonardo Vázquez, quien se desempeña como Jefe de Taller de la Alcaldía del municipio Rafael Rangel del estado Trujillo, no tomando en cuenta el señalado decreto invocado por el gobierno local, el cual señala que el citado decreto debe contener un informe avalado por peritos debidamente inscritos en la Superintendencia de Bienes Nacionales, no habiéndose cumplido tampoco  la formalidad de publicar en dos diarios de circulación nacional invitando para el acto de remates y adjudicaciones, añadiendo la no autorización del Concejo Municipal para enajenar bienes..

Denuncian también los concejales la actitud asumida por la Contraloría Municipal, la cual a simples luces se puede determinar que no hubo ningún tipo de control o investigación o tan siquiera la voluntad de querer verificar la denuncia que realizamos, dejando un vacio  y en situación de indefensión  al patrimonio del Municipio.

Solicitan los concejales de Rafael Rangel, a la Fiscalía verificar los hechos que denuncian, para lo cual se deben realizar las investigaciones que el caso merece y determinar las responsabilices de los presuntos hechos irregulares,  cometidos por el ejecutivo del gobierno municipal de Rafael Rangel.

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