Por: Ismar Linares
Una emboscada en una vía agrícola desolada, golpes contusos, un intento de asfixia, traslados irregulares y una imputación judicial sin sustento; es el balance del procedimiento ejecutado el pasado viernes 16 de octubre por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) contra Eberto Enrique Balza Briceño, un comerciante de 34 años dedicado a la avicultura en el municipio Urdaneta, quien tras ser golpeado y retenido arbitrariamente fue presentado ante los tribunales bajo la figura de victimario. El afectado contó la cronología de lo vivido a Diario de Los Andes.
El hecho ocurrió el pasado viernes pasadas las 6:30 de la tarde. Balza culminaba su jornada de trabajo en un galpón de gallinas ponedoras en el sector Miquinoco, en La Quebrada. Tras amarrar cinco cartones de huevos a la parrilla de su motocicleta recién adquirida, emprendió retorno hacia su residencia en Quebrada de Cuevas. Apenas dos curvas más abajo, en una vía rural estrecha y carente de alumbrado público, fue interceptado por seis hombres vestidos de negro abordo de tres motocicletas rojas no rotuladas. Pudo percatarse estando más cerca que eran funcionarios de la PNB.
Desacato a la eliminación de alcabalas y uso desmedido de la fuerza
Según los relatos, todo parece indicar que los uniformados desplegaron un punto de control improvisado en la oscuridad, una práctica contraria a las últimas resoluciones y anuncios oficiales emitidos por la Ejecutiva Nacional Encargada que ordenan la prohibición y desmantelamiento de alcabalas móviles no autorizadas para erradicar el cobro de matracas y amedrentamiento ciudadano.
“Entregué mi cédula y les expliqué que venía de trabajar con la carga de huevos. Les dije que fui Guardia Nacional y salí por la puerta grande. Sin embargo, comenzaron a murmurar, a gritarme todos al mismo tiempo y a amenazarme diciéndome ‘te va a pasar lo mismo que a los de Pueblo Llano’. Me exigían bajarme y quitar la placa a una moto nueva que tenía todos sus papeles en regla”, denunció Balza, quien añade que no entendió la referencia de «Pueblo Llano».
Ante la aproximación de un vehículo rústico, de esos que son comunes en zonas rurales, que intentaba cruzar el angosto paso, el productor intentó replegarse hacia el paso de la luz por temor a quedar aislado en un espacio sin cobertura. En ese instante, la comisión policial arremetió de forma violenta contra él.
Maniobras de asfixia, agresión física y auxilio por redes sociales
De acuerdo con el testimonio de la víctima, los seis funcionarios lo derribaron sobre la carretera de tierra, propinándole golpes contusos en el cuerpo, pisotones e intentando obstruir las vías respiratorias en la zona del cuello y los oídos. La agresión se detuvo momentáneamente tras el paso de dos motorizados locales, a quienes Balza logró interceptar con los brazos para mostrarles las lesiones en su ojo y rostro y solicitar resguardo.
Ante la presencia de los testigos que transitaron por la zona, la comisión acordó trasladar al ciudadano hacia el comando policial de La Quebrada bajo el argumento de una verificación de antecedentes; mientras lo trasladaban de copiloto, en su propio vehículo, Balza había logrado recuperar su teléfono móvil en un acto de astucia y supervivencia, que le permitió publicar mensajes de auxilio en sus estados de WhatsApp denunciando que estaba siendo agredido y detenido injustamente por funcionarios de la PNB, al aproximarse al poblado de La Quebrada, las publicaciones salieron y alertaron de inmediato a sus familiares quienes se apersonaron a la comandancia de la policía del municipio y denunciaron a través de las redes sociales la situación a la que se enfrentaban.
Simulación en la celda y vigilia comunitaria
A su llegada a la comandancia, la víctima fue empujada hacia el área de retención, despojada de prendas de vestir e impactado con agua fría. No obstante, la actitud de los efectivos dio un giro repentino al percatarse de la concentración de vecinos y familiares en las afueras del recinto que exigían la libertad del comerciante.
“Los mismos funcionarios que me golpearon en el suelo se acercaban a la celda a ofrecerme agua, café y hasta chimó, querían hablar conmigo como si fuesen mis amigos. Yo no les hablaba, los miraba con la ropa llena de polvo por la revolcada que me dieron”, relató el comerciante.
Ante la negativa institucional de permitir el acceso a los padres o esposa, la intervención de una abogada local que se ofreció, permitió constatar las pruebas de violencia física que presentaba el detenido, mientras la familia mantuvo una vigilia en el sitio hasta la madrugada.
Incomunicación en Valera: La ruta de la búsqueda a ciegas
El calvario familiar se agravó durante las primeras horas del sábado. A las 5:30 de la mañana, la víctima fue sacada de La Quebrada sin notificación previa a sus allegados. Umberly Jiménez, pareja de Balza desde hace casi ocho años, relató que junto a su suegra recorrieron durante más de seis horas diversos organismos policiales en el municipio Valera, incluyendo las sedes de San Luis, Senamecf y el sector 6 de Febrero, y en ninguno les brindaron información oficial sobre su paradero.
“Nos respondían con evasivas y nos enviaban de un sitio a otro. Fue hasta las 12:00 del mediodía cuando supimos que lo tenían en la sede de La Montañita. Pude verlo a las 7:00 de la noche; estaba en un cuarto pequeño, sin silla, sin colchón y sin haber probado alimento desde la tarde del viernes. Ahí hicimos una transmisión en vivo en redes sociales para visibilizar la detención arbitraria”, precisó Jiménez.
Al día siguiente, según el relato de las víctimas durante el traslado a los tribunales, los familiares debieron encarar un nuevo intento de ocultamiento por parte de los funcionarios, quienes intentaron trasladarlo en un horario contrario al informado y con sus cuerpos ocultar al detenido, pero no lo lograron.
De víctima a victimario: la paradoja judicial
Durante la audiencia de presentación celebrada el domingo en los tribunales de Valera, el expediente policial transformó al ciudadano agredido en imputado: la fiscalía ratificó cargos por supuesta “resistencia a la autoridad y lesiones” contra los mismos funcionarios que practicaron un abordaje desproporcionado.
A pesar de comprobarse que el comerciante carece de antecedentes penales y se encontraba en el ejercicio de sus labores, el tribunal de la causa dictó una medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación periódica cada 30 días.
En vista de la gravedad institucional de los hechos, Jiménez enfatizó que este procedimiento representa un patrón de actuación sistemático en la zona: “Es el cuarto ciudadano sometido a este tipo de procedimientos nocturnos en el municipio Urdaneta. Hacemos un llamado directo al alcalde para que le ponga un parado a estos abusos contra la comunidad trabajadora”.
Patrón de vulneración de Derechos Humanos
La detención y el procesamiento de Eberto Balza expone una serie de violaciones sistemáticas a las garantías de los derechos humanos fundamentales contempladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y tratados internacionales como el Derecho a la integridad física y psicológica, el derecho a la libertad y seguridad personal, la violación del debido proceso sin garantias y la vulneración del principio de presunción de inocencia.
La familia confirmó que formalizó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía de Derechos Humanos, e hicieron un llamado de responsabilizar de forma directa a la comisión de la PNB involucrada por la integridad física y la seguridad de su entorno familiar ante eventuales represalias.
Piden justicia
El caso de Eberto Enrique Balza Briceño no solo deja al descubierto la vulnerabilidad del ciudadano común en las vías rurales del país, sino que expone la alarmante paradoja de un sistema donde quienes deben garantizar el orden terminan señalados como presuntos agresores. La imputación por «resistencia a la autoridad» a un trabajador agrícola agredido reabre el debate sobre la vigencia del debido proceso y la urgencia de erradicar los abusos de poder en los procedimientos policiales. Mientras las denuncias reposan en la Fiscalía de Derechos Humanos y la comunidad mantiene el reclamo de justicia, la familia Balza exige respuestas claras y garantías reales de seguridad frente al temor a represalias.
«Y creo que no nos merecemos esto como ciudadanos. No nos merecemos esto. Le hago un llamado al alcalde, que fue el que llevó a ese cuerpo policial, que nos dé la cara. Que nos dé la cara y que le dé un parado a todo esto porque no es justo. Creo que no nos merecemos esto», afirmó la esposa de Eberto Balza.
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